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Registros Encontrados:473

 

Cas, Nº 2767-2001-CALLAO (Texto completo)

Cuando el funcionario que expide la resolución administrativa impugnada no es un organo colegiado ni una autoridad unipersonal de carácter local o regional no es competente la Corte Superior para conocer en primera instancia sino el juez civil del lugar donde se produjo el acto o donde se dicto la resolución.

00335-2011-PA/TC (Texto completo)

INEFICACIA DE CONTRATOS DE TRABAJO POR INCREMENTO DE ACTIVIDADES

No se advierte que la justificación de la contratación temporal se explique en el incremento de las actividades ordinarias y permanentes de la Sociedad emplazada, pues la razón que utiliza para contratar es el cambio de la jornada de trabajo atípica de sus trabajadores. En efecto, la modificación referida en la jornada laboral atípica, a decir del propio contrato, originó que el proceso productivo de la Sociedad emplazada se vea reducido, mas no aumentado o incrementado. Este hecho también pone en evidencia la desnaturalización de los contratos de trabajo por incremento de actividades, pues esta modalidad contractual para su celebración no requiere de la misma causa objetiva que el contrato de trabajo por necesidades del mercado para que puedan ser confundidos. Por esta razón, el Tribunal considera que los contratos de trabajo por incremento de actividades son ineficaces, pues han sido suscritos con fraude a la ley, toda vez que pretenden encubrir una relación a plazo indeterminado como si se tratara de un trabajo a plazo determinado.

CAS 817-2003 HUAURA (Texto completo)

DERECHO A UN DEBIDO PROCESO EN SEDE ADMINISTRATIVO

CODIGO PROCESAL CIVIL ART.386 iNC. 3 Y 122º INC.4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ ART. 122º INC. 4

1897-2000 "A (Texto completo)

ABUSO DE AUTORIDAD

ABUSO DE AUTORIDAD: PRECISIONES DE TIPICIDAD - NO RELEVANCIA EN LA EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN ATRIBUIIDA A LA ALCALDESA Respecto al delito de abuso de autoridad previsto en el artículo trescientos sesenta y seis del Código Penal, es menester efectuar las siguientes precisiones: a) Tiene como objeto de tutela penal el interés público, en el sentido de que las funciones de las que están revestidos los funcionarios públicos no sean utilizadas por éstos para la comisión de hechos ilegítimos en perjuicio de los derechos reconocidos por las leyes a los particulares; b) La conducta abusiva, presupone la facultad o el poder de ejercer la función pública, de la cual hace un uso excesivo el funcionario público, siempre dentro del marco de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico; y, c) Que, el precepto debe ser integrado por las normas de otros ramos del derecho público que son las que fijas las funciones de los órganos de la administración, y, consiguientemente, determinan la forma y los límites dentro de los cuales puede el funcionario ejercitarlas lícitamente.

1468-00 (Texto completo)

ABUSO DE AUTORIDAD

Finalmente, en relación a la acusada Margarita Pérez Contreras de Palacios, profesora del plantel, debe precisarse además, que no teniendo la calidad de funciónaria pública, la conducta que se le atribuye carece de contenido penal

2006-00 (Texto completo)

ABUSO DE AUTORIDAD

Que se imputa al procesado José Santiago del Río Silva, la comisión del delito de Abuso de Autoridad previsto en el artículo trescientos setentiocho del Código Penal, al haber omitido dar cumplimiento al requerimiento que le hacían miembros del Ministerio Público con respecto a la remisión del resultado de unas investigaciones

0027-2005-PJ-TC (Texto completo)

COLEGIACIÓN

Declaran infundada demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley N° 26937, que establece la no obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio profesional del periodismo

0023-2005-PI/TC (Texto completo)

MEDIDA CAUTELAR

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Walter Albán Peralta, defensor del Pueblo en funciones, contra el tercer y cuarto párrafo del artículo 15° de la Ley N° 28237, Código Procesal Constitucional, que establece la procedencia de la medida cautelar en los procesos de amparo en los que se cuestionen actos administrativos expedidos por los gobiernos locales y regionales.

4635-2004-AA/TC (Texto completo)

JORNADAS

TC DECLARA QUE LAS JORNADAS ATÍPICAS EN EL SECTOR MINERO SON INCONSTITUCIONALES -Restituye jornada laboral de ocho horas diarias como máximo. El Tribunal Constitucional (TC) declaró que las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº003-94-EM que permiten instaurar la modalidad de trabajo acumulativo y fijan obligatoriamente como mínimo 4 días para este tipo de jornada laboral en el sector minero son incompatibles con la Constitución. De este modo el TC restituye en la práctica, la jornada laboral de ocho horas para los trabajadores mineros, señalando que conforme a la Constitución esta jornada diaria y la de cuarenta y ocho horas semanales son horarios máximos y deben limitarse razonablemente cuando se trata de trabajos peligrosos, insalubres y nocturnos, como es el caso de la labor que realizan los trabajadores del sector minero. Así lo precisó el supremo intérprete de la Constitución al declarar fundada la demanda de amparo recaída en el Exp. Nº 4635-2004-AA/TC, interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de Toquepala y Anexos contra la Empresa Southern Perú Copper Corporation, en la que se solicitaba poner fin a las denominadas jornadas atípicas que les obligaban a trabajar durante cuatro días seguidos por 12 horas y tres días de descanso, y, que en algunos casos llegaban a 5 días seguidos de trabajo por 12 horas diarias y dos días de descanso. Asimismo, el TC precisa que la jornada razonable de trabajo debe ser compatible con el derecho al disfrute del tiempo libre y al descanso, situación que se veía seriamente restringida cuando se trata de jornadas laborales de 12 horas por día. El TC remarca con base en un estudio del Equipo Técnico Multidisciplinario para los Países Andinos de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) sobre las condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional a que están expuestos los trabajadores mineros, que por la labor en altura, horario de trabajo diario de 12 horas, más trabajo físico, insuficiente descanso diario adecuado, dieta alimenticia deficiente, exposición permanente a sustancias tóxicas (acumulación de polvos minerales en los pulmones), se determina una mayor predisposición a contraer alguna de las 30 enfermedades profesionales, afectando el derecho a la salud, así como una vulneración a la dignidad de las personas, principio-derecho que reconoce el artículo 1º de la Constitución. De no ponerse fin a este tipo de jornadas para los trabajadores mineros, en el mediano plazo, se acentuaría una acelerada disminución de la esperanza de vida y una amenaza del derecho a la vida de este grupo de trabajadores. Tornándose esta situación especialmente incompatible con la obligación constitucional de todos –Estado, Empresas y personas- de defender y promover el derecho fundamental a la vida, reconocido en el artículo 2º inciso 1º de la Constitución. Lima, 29 de abril del 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

01875-2006-PA/TC (Texto completo)

IGUALDAD EN MATERIA LABORAL

TC RATIFICA EL DERECHO A LA IGUALDAD EN MATERIA LABORAL Y LA PROSCRIPCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD EN EL EMPLEO El Tribunal Constitucional (TC) ratificó que la igualdad además de ser un derecho fundamental, es también un principio del Estado Peruano y que la discriminación en materia de empleo u ocupación, tal como lo disponen la Constitución Política del Estado, los Tratados de Derechos Humanos y en particular el Convenio Nº 111 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre discriminación en el empleo, todos ellos ratificados por el Perú, constituyen parámetro de interpretación constitucional y por tanto se proscribe el trato discriminatorio en el empleo. Así lo señaló en la sentencia que declara fundada en parte la demanda de amparo Nº 01875-2006-PA/TC formulada por un grupo de servidores del Servicio Diplomático del Perú contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto se les están aplicando normas que disponen que los diplomáticos en situación de actividad, al cumplir sesenta y cinco años de edad, pasan a formar parte del denominado Cuadro Especial, con las limitaciones de no poder ocupar cargos de línea y permanentes en el exterior. El TC aplicando el test de la igualdad, desarrollado a través de su jurisprudencia, determinó que tal medida es contraria al derecho de igualdad y constituye una discriminación en relación con otros funcionarios de la misma categoría pero de menor edad, pues impone una limitación general fundada exclusivamente en la edad, -pese a que el artículo 18º de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático, dispone que la edad para pasar al retiro es de 70 años-, sin considerar criterios objetivos como necesidades del servicio, calificaciones profesionales, hoja de servicio y méritos, entre otros. La sentencia señala que si lo que las normas cuestionadas perseguían era una mayor rotación en los cargos diplomáticos y así dar oportunidad a los más jóvenes, ello puede conseguirse con otras normas de la propia ley del servicio que permiten fijar plazos menores para ocupar cargos en el exterior y en los órganos de línea, fundados en los criterios objetivos señalados y teniendo en cuenta que aquellos funcionarios que han ocupado importantes cargos en el exterior por largos años, o en los órganos de línea, progresivamente disminuyan su tiempo de permanencia en tales cargos para dar oportunidad a aquellos que también reúnen las calificaciones y méritos para ello, a fin de que todos los funcionarios puedan desarrollar su potencial profesional. De otro lado, el TC consideró que el estatuto de los diplomáticos se rige por la actual Ley Nº 28091, y que su régimen de pensiones debe ser conforme a las leyes de la materia como lo dispone la misma ley. Lima, 01 de julio del 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

6712-2005-HC/TC (Texto completo)

VIOLACION A LA INTIMIDAD

TC SANCIONA A MAGALY MEDINA Y A SU PRODUCTOR Por su acción temeraria al pretender nulidad de juicio seguido por la bailarina Mónica Adaro El pleno del Tribunal Constitucional (TC) sentó un precedente jurídico en el medio periodístico al respaldar el derecho individual que tiene toda persona humana a la protección de su vida privada, al libre ejercicio de la personalidad moral sin invasión de ninguna clase, a impedir intrusiones y a la soledad o el aislamiento, para permitir el libre ejercicio de la personalidad moral que tiene el hombre al margen y antes de lo social. Así consta en la sentencia recaída en el expediente Nº 6712-2005-HC/TC, mediante la cual declaró improcedente la demanda sobre violación de derecho de prueba, la solicitud de inhibición del juez de la causa e infundada la demanda de amparo sobre violación del derecho a la defensa, presentados por la conductora de TV Magaly Jesús Medina Vela y su productor Ney Edgardo Guerrero Orellana. Paralelamente, el TC dispuso que se sancione a los recurrentes, es decir Magaly Medina y Ney Guerrero, con una multa de 20 Unidades de Referencia Procesal (URP) y se imponga el pago de costas y costos del proceso como consecuencia de su acción temeraria al presentar su demanda, vía recurso de agravio constitucional, pretendiendo la nulidad del proceso, obviando los mecanismos previstos en el procedimiento ordinario. Igualmente, el TC requirió a los magistrados del Poder Judicial, un mayor compromiso en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, sobre todo en lo relativo a dar respuesta a los pedidos de los justiciables, por más infundados o improcedentes que ellos sean. Tanto Magaly Medina como Ney Guerrero, pidieron a través de una acción de garantía, se declare nulas las sentencias a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, emitidas por el Poder Judicial, que los declaró culpables del delito de violación de la intimidad en agravio de la bailarina Mónica Adaro Rueda, alegando que se había violentado su derecho a la probanza. Para ello argumentaron que a nivel judicial no se tomó en cuenta dos informes de parte (jurídico interno y externo) que sostenían que la emisión del video del 31 de enero del 2000, en el que presentaban a Mónica Adaro en relaciones íntimas en un hotel con una persona contratada por ellos (Eduardo Marín Arancibia Guevara), no afectaba derecho alguno, y que, las imágenes difundidas vía Frecuencia Latina, demostraban el ejercicio de la prostitución clandestina. Pero el TC observó que durante el proceso penal no se presentó a los dos abogados que supuestamente emitieron el informe, sino simplemente a uno de ellos. Es más, el letrado externo al que se le consultó si era factible la emisión del reportaje sobre “Las Prostivedettes”, es socio del estudio que patrocinó a la periodista Magaly Medina. Además de establecer que las sentencias judiciales cumplen con un test de razonabilidad, el TC señaló que se debe convenir en que existen suficientes elementos de juicio para que el juzgador haya declarado la culpabilidad de los querellados. “Para insistir en el carácter doloso de la actuación de los ahora demandantes, el juzgador de primera instancia señaló que, aparte de no contar con consentimiento de la querellada, las imágenes no sólo fueron transmitidas un solo día (31 de enero del 2000), sino también fue reproducida los días 2, 3, 4 y 7 de febrero del mismo año”, dice la sentencia del TC. Reconocimiento de la vida privada En el fallo, el TC pone énfasis señalando que, “la vida privada es un derecho fundamental del ser humano y que a través del reconocimiento de la misma, la persona podrá crear una identidad propia, a fin de volcarse a la sociedad, toda vez que aquel dato y espacio espiritual del cual goza podrá permitírselo”. Por lo tanto, la vida privada de las personas es un límite válido del derecho a la información. El TC sustentó su resolución en base a la jurisprudencia sentada en otros expedientes como el N.° 1797-2002-HD/TC, sobre el poder jurídico de rechazar intromisiones ilegítimas en la vida íntima o familiar de las personas, así como en la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Lawrence c. Texas, del 2003, que señala que, “el derecho de la libertad se extiende más allá de los límites espaciales. La libertad supone una autonomía de la persona que incluye libertad de pensamiento, credo, expresión y cierta conducta íntima”. Por ello, en el caso de Mónica Adaro queda claro que su derecho a la vida privada sí protegía la posibilidad que tenía de evitar que otros se inmiscuyan y menos aún que puedan ser reproducidos en un canal de televisión los actos sexuales que realizó. Además, en su análisis comprobó que, el reportaje emitido en el programa Magaly TV, no tenía respeto alguno por la persona sobre la cual versaba el mismo ni la más mínima consideración por la querellante ni por su vida privada y más aún la utilización del argumento de la prostitución clandestina no ayudaba ni ahondaba en nada en el tema de la adecuación de la medida realizada por los demandantes. Finalmente, precisa que, lo que también debe tenerse en consideración es que un periodista no es fiscal o juez para investigar calificando figuras delictivas, y sobre la base de esa pretensión afectar derechos fundamentales ilícitamente, sino más bien le corresponde dar cuenta al Ministerio Público o al Poder Judicial. Lima, 20 de enero de 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

8125-2005-PHC/TC (Texto completo)

MOTIVACION DE RESOLUCIONES JUDICIALES

TC SUSPENDE ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA EJECUTIVOS DE GENERAL ELECTRIC El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la resolución judicial mediante la cual se abrió instrucción con mandato de detención a 21 ejecutivos de la empresa General Electric Company y dispuso la suspensión de las órdenes de captura dictados en su contra, al considerar que el juez de la causa, Dr. Cesar Herrera Cassina vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso. Al mismo tiempo dispuso se dicte un nuevo auto de apertura de instrucción, si fuera el caso. La resolución fue dictada en el Expediente Nº 8125-2005-PHC/TC, al declararse fundada la demanda de habeas corpus planteada por Luis Fernando Garrido Pinto a favor de Jeffrey Immelt y otros, contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Lima, que declaró improcedente la demanda de garantía formulada contra el juez del 25 Juzgado penal de Lima, Dr. Cesar Herrera Cassina. La demanda fue estimada al haberse acreditado que el auto de apertura de instrucción, de fecha 2 de agosto de 2005, dictado por el juez ha vulnerado los derechos constitucionales de los ejecutivos de General Electric, referidos a la motivación de las resoluciones judiciales y de defensa. Tras recordar que el TC no es instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento tendiente a determinar si existe, o no, responsabilidad penal del inculpado, ni tampoco la calificación del tipo penal en que este hubiera incurrido, dado que tales facultades son exclusivas de la jurisdicción penal ordinaria. No obstante, precisa que interviene en este caso, en defensa de los derechos fundamentales y para fiscalizar si uno o algunos de los derechos procesales con valor constitucional están siendo vulnerados. En efecto, el Tribunal Constitucional sostiene que, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una decisión razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en cualquier clase de procesos. Igualmente, el TC refiere que, examinando el auto de apertura de instrucción es posible advertir que tal resolución no se adecua en rigor a lo que disponen tanto los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, como la Constitución y la ley procesal penal peruana. El artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, ofrece el máximo resguardo para asegurar que el imputado tome conocimiento pleno de la imputación que contra él recae. En otras palabras, la obligación de motivación del juez penal al abrir instrucción no se circunscribe únicamente con la puesta en conocimiento del procesado de aquellos cargos que se le imputan, sino que comporta la ineludible exigencia que la imputación ha de ser verosímil, no implícita; es decir, precisa, clara y expresa. Asimismo, cuando el órgano judicial superior jerárquico ordena abrir instrucción al juez de grado inferior, ello no exonera a éste último de fundamentar lo ordenado, de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 77º del Código de Procedimientos Penales. En consecuencia, al haber omitido el Juez penal la formalización de cargos concretos, debidamente especificados, contra todos y cada uno de los beneficiarios, se ha infringido el deber constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, y se acredita la irrazonabilidad en la decisión de aperturar instrucción y ordenar la detención de 21 ejecutivos de la empresa General Electric, lesionando el derecho de defensa de los justiciables, al no tener estos la posibilidad de rebatir los elementos fácticos que configurarían la supuesta actuación delictiva que se les atribuye. Lima, 25 de enero de 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

8987-2005-PHC/TC (Texto completo)

EXTRADICION, LIBERTAD INDIVIDUAL, TUTELA PROCESAL EFECTIVA

TC RECHAZA PEDIDO DE ENRIQUE CROUSILLAT PARA SUSPENDER ORDENES DE CAPTURA Y EXTRADICIÓN Alegando la prescripción y otros argumentos pretendía la nulidad de todo el proceso El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundado el recurso de hábeas corpus presentado por el empresario Enrique Crousillat López Torres contra las órdenes de captura y el proceso de extradición desde Argentina que tramita en su contra la justicia peruana debido a que la acción similar que sigue en el Poder Judicial aún no tiene una resolución firme que vulnere en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Según la sentencia recaída en el Expediente Nº 8987-2005-PHC/TC, el TC considera que si bien se encuentra acreditada la existencia de un proceso de extradición, no se evidencia que a través del proceso de hábeas corpus se pretenda cuestionar resolución alguna, sino la totalidad del proceso, a través de argumentos que deberán ser merituados por el juez competente. El TC señala que en el expediente se aprecia que el demandante ha solicitado al juez ordinario declare la prescripción de la acción que se le sigue, lo que a la fecha aún no ha sido resuelto, por lo que la demanda de hábeas corpus debe ser desestimada. Enrique Crousillat López Torres, a quien se le sigue en Perú un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado, alega que se encuentra amenazado con ser extraditado desde Argentina, no obstante que a la fecha de los hechos incriminados tenía 65 años 10 meses y 5 días y contando a la fecha de interposición de la demanda con 72 años, 6 meses y 5 días, la acción penal ha prescrito. Igualmente, el TC señala que si bien es cierto que se aprecia en el proceso la existencia de una resolución jurisdiccional que resuelve un pedido similar, puesto que ésta no ha sido impugnada expresamente, no corresponde al Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el particular; en ese sentido, tampoco procede que se considere la existencia de la precitada resolución como circunstancia habilitante del presente proceso, tanto más si de los escritos presentados se desprende que el recurrente conocía de la anotada resolución. Finalmente, considera que la sola existencia de un proceso judicial no comporta, per se, la afectación del derecho a la libertad individual o conexos de ningún ciudadano, puesto que quien se considere injustamente procesado puede en su persecución, ejercer su derecho de defensa y hacer valer los recursos, medios de defensa y las garantías procesales que la legislación establece para tal efecto. Lima, 28 de febrero de 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

2005-2006-PHC/TC (Texto completo)

TITULAR DE LA ACCION PENAL

TC RATIFICA AL MINISTERIO PÚBLICO COMO TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL - Al poner fin al proceso penal seguido contra el ciudadano Manuel Umber Sandoval El Tribunal Constitucional (TC) puso fin al proceso seguido contra el ciudadano Manuel Enrique Umbert Sandoval, ratificando al mismo tiempo, la autoridad del Ministerio Público como único titular de la acción penal, y en tal sentido el auto de sobreseimiento emitido de conformidad con el dictamen fiscal de no haber mérito para emitir acusación puso fin al proceso, el cual no puede ser impugnado. Así lo precisa la sentencia recaída en el expediente Nº 02005-2006-PHC/TC, que declara fundada la demanda de hábeas corpus. Asimismo, el TC ordena poner en conocimiento de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura y del Consejo Nacional de la Magistratura, la conducta de los vocales integrantes de la Primera Sala para Reos Libres de la Corte Superior de Lima para que procedan conforme a sus atribuciones. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional deja sin efecto el auto mediante el cual, se concede el recurso de apelación interpuesto contra el auto de sobreseimiento emitido de conformidad con el dictamen fiscal de no haber mérito para emitir acusación en el proceso penal seguido contra Manuel Enrique Umbert Sandoval y otros en presunto agravio del Interbank. En el proceso que se inició hace cuatro años, pese que el Fiscal Provincial emitió dictamen en el sentido de que no había lugar para emitir acusación y que fue elevado en consulta al Fiscal Superior, quien confirmó el dictamen; sin embargo la Sala anuló dicho sobreseimiento y dispuso la ampliación de la instrucción, desestimando incluso el dictamen de un tercer fiscal que se había pronunciado también por el sobreseimiento. El TC con este pronunciamiento ratifica la vigencia del principio acusatorio en el proceso penal, el cual informa el enjuiciamiento. Si bien se trata de un proceso sumario en el que no hay una etapa de juzgamiento, tal principio le es aplicable en tanto regula la relación entre los órganos encargados de acusar y sentenciar. Este principio establece a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles, formulan acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; y c) Que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad. Finalmente, el TC señala que, en tanto el sobreseimiento dictado por el juez de conformidad con dictamen fiscal que se pronuncia en el sentido de no haber mérito para acusar constituye una resolución irrecurrible, la concesión del recurso de apelación contra dicho auto y su posterior anulación por la Primera Sala de la Corte Superior de Lima constituye una violación a la prohibición de revivir procesos fenecidos. Lima, 17 de marzo del 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

2262-2004-HC/TC (Texto completo)

LEBERTAD DE EXPRESION DE PROCESADOS

EL TC DELIMITA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE PROCESADOS - Exige motivación y razonabilidad en el secreto sumarial de los procesos penales Cuando en un proceso judicial en el ámbito penal, el juez considera necesario reservar la investigación en la instrucción al conocimiento público (secreto sumarial), está en la obligación no sólo de emitir una resolución señalando la medida, sino de justificarlo y hacer un juicio de ponderación según los cánones constitucionales. El TC precisa que esto debe ser así, en virtud a que la medida que se dicte podría entrar en colisión con la proscripción de la censura previa de la libertad de expresión de quienes se encuentran procesados, toda vez que cuando se impide emitir un discurso a alguien investigado judicialmente, en el fondo lo que se está coactando es su derecho a expresarse y a informar. Así lo señala en Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia recaída en el Expediente Nº 2262-2004-HC/TC, que declara fundada en parte la demanda formulada por Carlos Ramírez Lama, en el extremo que el juez no sustentó correctamente la regla de conducta del demandante. A juicio del Tribunal Constitucional, el juez debe tener presente la concurrencia de tres elementos (el valor de pérdida social de la supresión del discurso, el valor del error judicial y los beneficios de tal supresión), y lo único que puede es determinar la existencia o no de proporcionalidad en la medida impuesta. De modo que, si se está investigando un secuestro, y se capturan a los responsables del hecho criminal, pero no se recupera al secuestrado, y en dicho momento, alguno de los investigados está dando información valiosa para su rescate, lo más conveniente es que el juez declare el secreto de las investigaciones. Dejar que estos declaren supondría una grave amenaza a un resultado oportuno y justo tras las investigaciones. Es decir, sólo estará justificado el secreto sumarial si la supresión de su posibilidad de emitir declaraciones es más beneficiosa para la sociedad (por ser necesario para llegar a la solución correcta de un caso judicial) que el hecho de que éste pueda ser emitido. Entonces, al existir bienes en juego, lo que corresponde a quien declara el secreto sumarial es afirmar que las razones para limitar la libertad de expresión de los procesos son más fuertes que dejar al libre albedrío de estos últimos el ejercicio de su derecho. Lima, 27 de abril del 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

8123-2005-PHC/TC (Texto completo)

NE BIS IN IDEM

TC ESTABLECE QUE NADIE PUEDE SER PROCESADO PENALMENTE DOS VECES POR LOS MISMOS HECHOS El Tribunal Constitucional (TC) estableció un nuevo precedente en el sentido de que nadie puede ser procesado más de una vez por los mismos hechos, señalando que, tal como lo precisó en la sentencia 2050-2002-AA/TC, el contenido esencial constitucionalmente protegido del ne bis in ídem, debe identificarse en función de sus dos dimensiones: material y procesal, según la primera, nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, lo que significa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción. En su vertiente procesal, tal principio significa que "nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos", es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos o dos procesos penales con el mismo objeto, por ejemplo). Así lo estableció el TC en la sentencia recaída en el Expediente Nº 08123-2005-PHC/TC al declarar fundada la demanda de habeas corpus formulada por el ejecutivo de la empresa General Electric Company, Nelson Jacob Gurman, por consiguiente declaró nula la resolución del 2 de agosto del 2005, mediante la cual se abre instrucción al beneficiario de esta demanda y se dictó mandato de detención contra él, en consecuencia, se dispone la suspensión de la orden de captura librada contra el afectado. El TC señala que desde esta vertiente, dicho principio presupone la interdicción de un doble proceso penal por la misma conducta. Lo que se pretende es proteger a cualquier imputado del riesgo de una nueva persecución penal, con abstracción del grado alcanzado por el procedimiento, simultánea o sucesiva por la misma realidad histórica atribuida. Lo inadmisible es, pues, tanto la repetición del proceso como una doble condena o el riesgo de afrontarla, lo cual se yergue como límite material frente a los mayores poderes de persecución que tiene el Estado, que al ejercer su ius puniendi debe tener una sola oportunidad de persecución. En el presente caso, el TC afirma que se ha lesionado el principio del ne bis in ídem procesal. En cuanto al elemento de la identidad de la persona perseguida penalmente en varios procesos, como en este caso, donde se aprecia en el expediente judicial, que se trata del mismo imputado: Nelson Jacob Gurman. Esto es, que el beneficiario, en su calidad de alto ejecutivo de la empresa General Electric Company, aparece comprendido en diversas denuncias promovidas por el denunciante, las mismas que fueron materia de distintas resoluciones fiscales y judiciales de clausura de la persecución penal. No obstante, resulta finalmente instruido por delito de estafa por el Quinto Juzgado Penal de Lima, sobre la base de los mismos hechos cuya delictuosidad fue oportunamente desvirtuada por diversas instancias de persecución penal nacional. Esto es, en todos los casos existió una identidad fáctica (si bien distintas calificaciones jurídicas), un mismo comportamiento atribuido al beneficiario, que indica que la imputación ha sido idéntica tanto en las persecuciones anteriormente archivadas por el Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima y la Sala Corporativa de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, lo que demuestra que ha existido una indebida doble valoración de los presupuestos que configurarían la conducta ilícita atribuida. Lima, 16 de mayo del 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

053-2004-PI/TC (Texto completo)

PLAZO DE REVISION CONSTITUCIONAL DE LAS NORMAS

TC MULTA A MUNICIPALIDAD POR DESACATO AL ORDEN CONSTITUCIONAL Y RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES El Tribunal Constitucional (TC) al declarar fundada la Acción de Amparo formulada por un contribuyente, en el expediente Nº 0592-2005-PA/TC, resolvió sancionar a la Municipalidad de San Isidro con una multa de 10 Unidades de Referencia Procesal (URP) por desacatar la sentencia recaída en el expediente Nº 0053-2004-AI/TC, disponiendo además que contabilice como pagos a cuenta de obligaciones futuras, los pagos efectuados en exceso por el usuario desde el periodo de l997. El TC señala que luego de la publicación de la sentencia Nº 0053-2004-AI-/TC, diversas autoridades municipales iniciaron acciones positivas para ajustar su normativa a los criterios establecidos por este Tribunal. De manera que, en los casos de ordenanzas con vicios de inconstitucionalidad y al no contar con norma válida alguna que les sirviera de base de un nuevo cálculo, las autoridades ediles emitieron nuevas ordenanzas. Así, la municipalidad de San Isidro con fecha 16 de febrero del 2005 emitió la Ordenanza Nº 130-MSI, disponiendo el cumplimiento de las reglas establecidas por el TC, sin embargo, en los considerandos de dicha Ordenanza, no sólo dan cuenta de la falta de diligencia de dicho Gobierno Local en su fundamentación legal, sino que constituyen un abierto desconocimiento a los efectos vinculantes de la sentencia Nº 0053-2004-PI/TC, a la cual, están sujetas todas las autoridades municipales, bajo responsabilidad, como reiteradamente se ha advertido. En efecto, el referido Municipio, desconoce su obligación legal de cumplir los alcances de la sentencia, según el artículo 82º del Código Procesal Constitucional, al afirmar que “ no existiendo en la sentencia 0053-2004-PI/TC una declaración formal o expresa de la inconstitucionalidad de las ordenanzas del “resto de municipios”, debe determinarse, en un mismo nivel, qué ordenanzas sobre arbitrios presenten vicios de constitucionalidad, así como la instancia que debe realizar dicha tarea..” Al respecto el TC considera que aquí se advierte una actuación maliciosa del Municipio, al negar los efectos de la inconstitucionalidad por conexidad, específicamente establecida en el artículo 78º del Código Procesal Constitucional, y sustentado en el punto XI del fallo de la sentencia 0053-2004-AI/TC. Del mismo modo, el referido municipio, desconoce la interpretación que en más de una oportunidad ha realizado este Tribunal, respecto al plazo de revisión constitucional de las normas, para de este modo, eludir la revisión de sus Ordenanzas anteriores al 2003. Así, conforme se ha señalado en la sentencia 0044-2004-AI/TC: “a partir del 12 de julio del 2002, respecto de leyes, tratados internacionales y las demás normas comprendidas en el inciso 4, del artículo 200º de la Constitución, el plazo es de 06 años, y se cuenta sólo a partir de la instalación de este Tribunal (24 de junio del l996)”. El TC precisa que, mayor gravedad constituye el hecho que mediante Ordenanza 139-MSI, del 30 de noviembre del 2005, la Municipalidad de San Isidro continuando con el desacato a la sentencia 0053-2004-AI/TC, dispuso inconstitucionalmente, seguir con la cobranza de arbitrios en la vía ordinaria y coactiva, desconociendo lo dispuesto en el punto 3 de dicha sentencia en el sentido de “declarar que los términos de esta sentencia no habilitan en ningún caso la continuación de procedimientos de cobranza coactiva en trámite”.Tal situación, constituye una abierta amenaza a los derechos constitucionales de los contribuyentes, que este Tribunal no puede dejar de observar. Cabe señalar que, el desacato del referido Municipio, mereció igualmente, la observación por parte de la Defensoría del Pueblo, conforme se pone a conocimiento del TC mediante oficio Nº DP-2005-465(14.11.05), el cual fue reiterado por oficio Nº 064-2005-DP-PDA del 15 de diciembre del 2005 donde se indica que ciertamente la Municipalidad de San Isidro, desconoce de manera manifiesta la naturaleza vinculante y por ende los alcances normativos con fuerza de ley de los criterios establecidos al respecto por el Tribunal Constitucional, tanto en su sentencia recaída en el Exp. Nº 0041-2004-AI/TC, como en la emitida en el Exp. Nº 0053-2004-PI/TC, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 8 de este último fallo. Efectos vinculantes de la Sentencia 0053-2004-PI/TC El Tribunal Constitucional, en su calidad de intérprete supremo de la Constitución, conforme lo establece el artículo 1º de la Ley 28301, Orgánica del TC, estableció los criterios vinculantes que todos los municipios del Perú deben observar en el ejercicio de sus potestades tributarias en materia de arbitrios, tomando como parámetro de interpretación, las disposiciones aplicables al caso, contenidas en el Bloque de Constitucionalidad: Constitución, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Tributación Municipal. En efecto, mediante la sentencia 0053-2004-AI/TC publicada el 17 de setiembre del 2005, en el proceso de inconstitucionalidad contra la municipalidad de Miraflores, el TC pudo advertir una serie de vicios de inconstitucionalidad que trascendían al caso de Miraflores, motivo por el cual consideró que la ratio dicidendi (motivación) y el fallo (mandato) de esta sentencia, constituyan precedente vinculante para el resto de Municipios. En aras de cumplir con la función ordenadora del sistema, inherente a todo Tribunal Constitucional, trasladándose a los Municipios únicamente la tarea y responsabilidad de constatarlos en sus ordenanzas. De manera que, conforme se estableció en aquella oportunidad, todas las demás municipalidades del país se encontraban vinculadas a las reglas establecidas en tal sentencia. Lima, 04 de enero del 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

053-2004-PI/TC (Texto completo)

POTESTADES TRIBUTARIAS EN MATERIA DE ARBITRIOS

TC MULTA A MUNICIPALIDAD POR DESACATO AL ORDEN CONSTITUCIONAL Y RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES El Tribunal Constitucional (TC) al declarar fundada la Acción de Amparo formulada por un contribuyente, en el expediente Nº 0592-2005-PA/TC, resolvió sancionar a la Municipalidad de San Isidro con una multa de 10 Unidades de Referencia Procesal (URP) por desacatar la sentencia recaída en el expediente Nº 0053-2004-AI/TC, disponiendo además que contabilice como pagos a cuenta de obligaciones futuras, los pagos efectuados en exceso por el usuario desde el periodo de l997. El TC señala que luego de la publicación de la sentencia Nº 0053-2004-AI-/TC, diversas autoridades municipales iniciaron acciones positivas para ajustar su normativa a los criterios establecidos por este Tribunal. De manera que, en los casos de ordenanzas con vicios de inconstitucionalidad y al no contar con norma válida alguna que les sirviera de base de un nuevo cálculo, las autoridades ediles emitieron nuevas ordenanzas. Así, la municipalidad de San Isidro con fecha 16 de febrero del 2005 emitió la Ordenanza Nº 130-MSI, disponiendo el cumplimiento de las reglas establecidas por el TC, sin embargo, en los considerandos de dicha Ordenanza, no sólo dan cuenta de la falta de diligencia de dicho Gobierno Local en su fundamentación legal, sino que constituyen un abierto desconocimiento a los efectos vinculantes de la sentencia Nº 0053-2004-PI/TC, a la cual, están sujetas todas las autoridades municipales, bajo responsabilidad, como reiteradamente se ha advertido. En efecto, el referido Municipio, desconoce su obligación legal de cumplir los alcances de la sentencia, según el artículo 82º del Código Procesal Constitucional, al afirmar que “ no existiendo en la sentencia 0053-2004-PI/TC una declaración formal o expresa de la inconstitucionalidad de las ordenanzas del “resto de municipios”, debe determinarse, en un mismo nivel, qué ordenanzas sobre arbitrios presenten vicios de constitucionalidad, así como la instancia que debe realizar dicha tarea..” Al respecto el TC considera que aquí se advierte una actuación maliciosa del Municipio, al negar los efectos de la inconstitucionalidad por conexidad, específicamente establecida en el artículo 78º del Código Procesal Constitucional, y sustentado en el punto XI del fallo de la sentencia 0053-2004-AI/TC. Del mismo modo, el referido municipio, desconoce la interpretación que en más de una oportunidad ha realizado este Tribunal, respecto al plazo de revisión constitucional de las normas, para de este modo, eludir la revisión de sus Ordenanzas anteriores al 2003. Así, conforme se ha señalado en la sentencia 0044-2004-AI/TC: “a partir del 12 de julio del 2002, respecto de leyes, tratados internacionales y las demás normas comprendidas en el inciso 4, del artículo 200º de la Constitución, el plazo es de 06 años, y se cuenta sólo a partir de la instalación de este Tribunal (24 de junio del l996)”. El TC precisa que, mayor gravedad constituye el hecho que mediante Ordenanza 139-MSI, del 30 de noviembre del 2005, la Municipalidad de San Isidro continuando con el desacato a la sentencia 0053-2004-AI/TC, dispuso inconstitucionalmente, seguir con la cobranza de arbitrios en la vía ordinaria y coactiva, desconociendo lo dispuesto en el punto 3 de dicha sentencia en el sentido de “declarar que los términos de esta sentencia no habilitan en ningún caso la continuación de procedimientos de cobranza coactiva en trámite”.Tal situación, constituye una abierta amenaza a los derechos constitucionales de los contribuyentes, que este Tribunal no puede dejar de observar. Cabe señalar que, el desacato del referido Municipio, mereció igualmente, la observación por parte de la Defensoría del Pueblo, conforme se pone a conocimiento del TC mediante oficio Nº DP-2005-465(14.11.05), el cual fue reiterado por oficio Nº 064-2005-DP-PDA del 15 de diciembre del 2005 donde se indica que ciertamente la Municipalidad de San Isidro, desconoce de manera manifiesta la naturaleza vinculante y por ende los alcances normativos con fuerza de ley de los criterios establecidos al respecto por el Tribunal Constitucional, tanto en su sentencia recaída en el Exp. Nº 0041-2004-AI/TC, como en la emitida en el Exp. Nº 0053-2004-PI/TC, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 8 de este último fallo. Efectos vinculantes de la Sentencia 0053-2004-PI/TC El Tribunal Constitucional, en su calidad de intérprete supremo de la Constitución, conforme lo establece el artículo 1º de la Ley 28301, Orgánica del TC, estableció los criterios vinculantes que todos los municipios del Perú deben observar en el ejercicio de sus potestades tributarias en materia de arbitrios, tomando como parámetro de interpretación, las disposiciones aplicables al caso, contenidas en el Bloque de Constitucionalidad: Constitución, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Tributación Municipal. En efecto, mediante la sentencia 0053-2004-AI/TC publicada el 17 de setiembre del 2005, en el proceso de inconstitucionalidad contra la municipalidad de Miraflores, el TC pudo advertir una serie de vicios de inconstitucionalidad que trascendían al caso de Miraflores, motivo por el cual consideró que la ratio dicidendi (motivación) y el fallo (mandato) de esta sentencia, constituyan precedente vinculante para el resto de Municipios. En aras de cumplir con la función ordenadora del sistema, inherente a todo Tribunal Constitucional, trasladándose a los Municipios únicamente la tarea y responsabilidad de constatarlos en sus ordenanzas. De manera que, conforme se estableció en aquella oportunidad, todas las demás municipalidades del país se encontraban vinculadas a las reglas establecidas en tal sentencia. Lima, 04 de enero del 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

053-2004-PI/TC (Texto completo)

INCONSTITUCIONALIDAD POR CONEXIDAD

TC MULTA A MUNICIPALIDAD POR DESACATO AL ORDEN CONSTITUCIONAL Y RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES El Tribunal Constitucional (TC) al declarar fundada la Acción de Amparo formulada por un contribuyente, en el expediente Nº 0592-2005-PA/TC, resolvió sancionar a la Municipalidad de San Isidro con una multa de 10 Unidades de Referencia Procesal (URP) por desacatar la sentencia recaída en el expediente Nº 0053-2004-AI/TC, disponiendo además que contabilice como pagos a cuenta de obligaciones futuras, los pagos efectuados en exceso por el usuario desde el periodo de l997. El TC señala que luego de la publicación de la sentencia Nº 0053-2004-AI-/TC, diversas autoridades municipales iniciaron acciones positivas para ajustar su normativa a los criterios establecidos por este Tribunal. De manera que, en los casos de ordenanzas con vicios de inconstitucionalidad y al no contar con norma válida alguna que les sirviera de base de un nuevo cálculo, las autoridades ediles emitieron nuevas ordenanzas. Así, la municipalidad de San Isidro con fecha 16 de febrero del 2005 emitió la Ordenanza Nº 130-MSI, disponiendo el cumplimiento de las reglas establecidas por el TC, sin embargo, en los considerandos de dicha Ordenanza, no sólo dan cuenta de la falta de diligencia de dicho Gobierno Local en su fundamentación legal, sino que constituyen un abierto desconocimiento a los efectos vinculantes de la sentencia Nº 0053-2004-PI/TC, a la cual, están sujetas todas las autoridades municipales, bajo responsabilidad, como reiteradamente se ha advertido. En efecto, el referido Municipio, desconoce su obligación legal de cumplir los alcances de la sentencia, según el artículo 82º del Código Procesal Constitucional, al afirmar que “ no existiendo en la sentencia 0053-2004-PI/TC una declaración formal o expresa de la inconstitucionalidad de las ordenanzas del “resto de municipios”, debe determinarse, en un mismo nivel, qué ordenanzas sobre arbitrios presenten vicios de constitucionalidad, así como la instancia que debe realizar dicha tarea..” Al respecto el TC considera que aquí se advierte una actuación maliciosa del Municipio, al negar los efectos de la inconstitucionalidad por conexidad, específicamente establecida en el artículo 78º del Código Procesal Constitucional, y sustentado en el punto XI del fallo de la sentencia 0053-2004-AI/TC. Del mismo modo, el referido municipio, desconoce la interpretación que en más de una oportunidad ha realizado este Tribunal, respecto al plazo de revisión constitucional de las normas, para de este modo, eludir la revisión de sus Ordenanzas anteriores al 2003. Así, conforme se ha señalado en la sentencia 0044-2004-AI/TC: “a partir del 12 de julio del 2002, respecto de leyes, tratados internacionales y las demás normas comprendidas en el inciso 4, del artículo 200º de la Constitución, el plazo es de 06 años, y se cuenta sólo a partir de la instalación de este Tribunal (24 de junio del l996)”. El TC precisa que, mayor gravedad constituye el hecho que mediante Ordenanza 139-MSI, del 30 de noviembre del 2005, la Municipalidad de San Isidro continuando con el desacato a la sentencia 0053-2004-AI/TC, dispuso inconstitucionalmente, seguir con la cobranza de arbitrios en la vía ordinaria y coactiva, desconociendo lo dispuesto en el punto 3 de dicha sentencia en el sentido de “declarar que los términos de esta sentencia no habilitan en ningún caso la continuación de procedimientos de cobranza coactiva en trámite”.Tal situación, constituye una abierta amenaza a los derechos constitucionales de los contribuyentes, que este Tribunal no puede dejar de observar. Cabe señalar que, el desacato del referido Municipio, mereció igualmente, la observación por parte de la Defensoría del Pueblo, conforme se pone a conocimiento del TC mediante oficio Nº DP-2005-465(14.11.05), el cual fue reiterado por oficio Nº 064-2005-DP-PDA del 15 de diciembre del 2005 donde se indica que ciertamente la Municipalidad de San Isidro, desconoce de manera manifiesta la naturaleza vinculante y por ende los alcances normativos con fuerza de ley de los criterios establecidos al respecto por el Tribunal Constitucional, tanto en su sentencia recaída en el Exp. Nº 0041-2004-AI/TC, como en la emitida en el Exp. Nº 0053-2004-PI/TC, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 8 de este último fallo. Efectos vinculantes de la Sentencia 0053-2004-PI/TC El Tribunal Constitucional, en su calidad de intérprete supremo de la Constitución, conforme lo establece el artículo 1º de la Ley 28301, Orgánica del TC, estableció los criterios vinculantes que todos los municipios del Perú deben observar en el ejercicio de sus potestades tributarias en materia de arbitrios, tomando como parámetro de interpretación, las disposiciones aplicables al caso, contenidas en el Bloque de Constitucionalidad: Constitución, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Tributación Municipal. En efecto, mediante la sentencia 0053-2004-AI/TC publicada el 17 de setiembre del 2005, en el proceso de inconstitucionalidad contra la municipalidad de Miraflores, el TC pudo advertir una serie de vicios de inconstitucionalidad que trascendían al caso de Miraflores, motivo por el cual consideró que la ratio dicidendi (motivación) y el fallo (mandato) de esta sentencia, constituyan precedente vinculante para el resto de Municipios. En aras de cumplir con la función ordenadora del sistema, inherente a todo Tribunal Constitucional, trasladándose a los Municipios únicamente la tarea y responsabilidad de constatarlos en sus ordenanzas. De manera que, conforme se estableció en aquella oportunidad, todas las demás municipalidades del país se encontraban vinculadas a las reglas establecidas en tal sentencia. Lima, 04 de enero del 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

8605-2005-AA/TC (Texto completo)

DERECHO A DEFENSA

TC DESESTIMA RECLAMO DE EMPRESA EXPORTADORA PARA QUE LA SUNAT LE DEVUELVA 51 MILLONES DE SOLES El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la facultad que tiene la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para ejecutar las garantías de carta fianza y, por ende, declaró infundado el proceso de amparo seguido por una empresa exportadora de oro que reclama la devolución de S/.28’459,118.00 y S/. 33’091,342.00, más los intereses respectivos que le cobraron como consecuencia de la ejecución de las cartas de garantía. La sentencia recaída en el Expediente Nº 8605-2005-AA/TC precisa, al mismo tiempo, que "tratándose de una pretensión de índole patrimonial y estando directamente vinculada al petitorio principal, referido a la supuesta imputación de responsabilidad a la empresa demandante por hechos de terceros, carece de sustento su revisión en esta vía", la de Amparo. Mediante una Acción de Amparo ante el TC, la empresa Engelhard Perú SAC en liquidación solicitó se declaren inaplicables las Resoluciones del Tribunal Fiscal 590-2-2003 y 1217-2-2003, así como las resoluciones de Intendencia Nº 015-2—6213/SUNAT y 015-2-6214/SUNAT, correspondientes a la solicitud de devolución de crédito fiscal del IGV, por los periodos de noviembre y diciembre de 1998, porque considera que se le vulneraron sus derechos constitucionales. Ocurre que esta empresa para cobrar el millonario crédito fiscal, que supera los 51 millones de nuevos soles, alegó haber exportado una determinada cantidad de oro en 1998 sobre la base de cuotas entregadas por intermediarios. Pero un estudio elaborado por la Facultad de Energía Minera, Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como, por la firma CH Plengue & Cía S.A, determinó irreal la cantidad alegada. Estos informes fueron considerados inexistentes por la demandante y planteó se declare fundado su reclamo. Pero, el TC declaró infundado dicho proceso de amparo y la consiguiente afectación al debido proceso administrativo y derecho de defensa de la recurrente, porque de la revisión de los actuados y las pruebas aportadas en el proceso, llegó a la convicción sobre la existencia de pruebas fehacientes que demuestran no sólo la existencia de los informes que la recurrente cuestiona, sino, además que la empresa Engelhard Perú SAC tuvo conocimiento oportuno de los mismos. El TC precisó, a la vez, que el derecho a defensa, esgrimido por la empresa demandante, implica asegurar a las partes la posibilidad de formular alegatos, probarlos y contradecir aquellos que se les opongan. Al respecto, expuso que esto se produjo en el caso del accionante, quien tuvo todos los medios procesales para defender y a través de los cuales, cuestionó la existencia de los mismos. Además, sostuvo que tal como lo ha señalado en la sentencia del TC, en el Exp. N° 1291-2000-AA/TC, el debido proceso incluye dentro de su contenido, el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en cualquier clase de procesos. Finalmente, con esta sentencia, el TC ratifica el respeto de que el tratamiento de la inversión nacional y extranjera se sujeta a las mismas condiciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 63º de la Constitución Política del Perú. Lima, 23 de enero de 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

8605-2005-AA/TC (Texto completo)

DEBIDO PROCESO

TC DESESTIMA RECLAMO DE EMPRESA EXPORTADORA PARA QUE LA SUNAT LE DEVUELVA 51 MILLONES DE SOLES El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la facultad que tiene la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para ejecutar las garantías de carta fianza y, por ende, declaró infundado el proceso de amparo seguido por una empresa exportadora de oro que reclama la devolución de S/.28’459,118.00 y S/. 33’091,342.00, más los intereses respectivos que le cobraron como consecuencia de la ejecución de las cartas de garantía. La sentencia recaída en el Expediente Nº 8605-2005-AA/TC precisa, al mismo tiempo, que "tratándose de una pretensión de índole patrimonial y estando directamente vinculada al petitorio principal, referido a la supuesta imputación de responsabilidad a la empresa demandante por hechos de terceros, carece de sustento su revisión en esta vía", la de Amparo. Mediante una Acción de Amparo ante el TC, la empresa Engelhard Perú SAC en liquidación solicitó se declaren inaplicables las Resoluciones del Tribunal Fiscal 590-2-2003 y 1217-2-2003, así como las resoluciones de Intendencia Nº 015-2—6213/SUNAT y 015-2-6214/SUNAT, correspondientes a la solicitud de devolución de crédito fiscal del IGV, por los periodos de noviembre y diciembre de 1998, porque considera que se le vulneraron sus derechos constitucionales. Ocurre que esta empresa para cobrar el millonario crédito fiscal, que supera los 51 millones de nuevos soles, alegó haber exportado una determinada cantidad de oro en 1998 sobre la base de cuotas entregadas por intermediarios. Pero un estudio elaborado por la Facultad de Energía Minera, Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como, por la firma CH Plengue & Cía S.A, determinó irreal la cantidad alegada. Estos informes fueron considerados inexistentes por la demandante y planteó se declare fundado su reclamo. Pero, el TC declaró infundado dicho proceso de amparo y la consiguiente afectación al debido proceso administrativo y derecho de defensa de la recurrente, porque de la revisión de los actuados y las pruebas aportadas en el proceso, llegó a la convicción sobre la existencia de pruebas fehacientes que demuestran no sólo la existencia de los informes que la recurrente cuestiona, sino, además que la empresa Engelhard Perú SAC tuvo conocimiento oportuno de los mismos. El TC precisó, a la vez, que el derecho a defensa, esgrimido por la empresa demandante, implica asegurar a las partes la posibilidad de formular alegatos, probarlos y contradecir aquellos que se les opongan. Al respecto, expuso que esto se produjo en el caso del accionante, quien tuvo todos los medios procesales para defender y a través de los cuales, cuestionó la existencia de los mismos. Además, sostuvo que tal como lo ha señalado en la sentencia del TC, en el Exp. N° 1291-2000-AA/TC, el debido proceso incluye dentro de su contenido, el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en cualquier clase de procesos. Finalmente, con esta sentencia, el TC ratifica el respeto de que el tratamiento de la inversión nacional y extranjera se sujeta a las mismas condiciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 63º de la Constitución Política del Perú. Lima, 23 de enero de 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

8605-2005-AA/TC (Texto completo)

TRATAMIENTO DE LA INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA

TC DESESTIMA RECLAMO DE EMPRESA EXPORTADORA PARA QUE LA SUNAT LE DEVUELVA 51 MILLONES DE SOLES El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la facultad que tiene la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para ejecutar las garantías de carta fianza y, por ende, declaró infundado el proceso de amparo seguido por una empresa exportadora de oro que reclama la devolución de S/.28’459,118.00 y S/. 33’091,342.00, más los intereses respectivos que le cobraron como consecuencia de la ejecución de las cartas de garantía. La sentencia recaída en el Expediente Nº 8605-2005-AA/TC precisa, al mismo tiempo, que "tratándose de una pretensión de índole patrimonial y estando directamente vinculada al petitorio principal, referido a la supuesta imputación de responsabilidad a la empresa demandante por hechos de terceros, carece de sustento su revisión en esta vía", la de Amparo. Mediante una Acción de Amparo ante el TC, la empresa Engelhard Perú SAC en liquidación solicitó se declaren inaplicables las Resoluciones del Tribunal Fiscal 590-2-2003 y 1217-2-2003, así como las resoluciones de Intendencia Nº 015-2—6213/SUNAT y 015-2-6214/SUNAT, correspondientes a la solicitud de devolución de crédito fiscal del IGV, por los periodos de noviembre y diciembre de 1998, porque considera que se le vulneraron sus derechos constitucionales. Ocurre que esta empresa para cobrar el millonario crédito fiscal, que supera los 51 millones de nuevos soles, alegó haber exportado una determinada cantidad de oro en 1998 sobre la base de cuotas entregadas por intermediarios. Pero un estudio elaborado por la Facultad de Energía Minera, Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como, por la firma CH Plengue & Cía S.A, determinó irreal la cantidad alegada. Estos informes fueron considerados inexistentes por la demandante y planteó se declare fundado su reclamo. Pero, el TC declaró infundado dicho proceso de amparo y la consiguiente afectación al debido proceso administrativo y derecho de defensa de la recurrente, porque de la revisión de los actuados y las pruebas aportadas en el proceso, llegó a la convicción sobre la existencia de pruebas fehacientes que demuestran no sólo la existencia de los informes que la recurrente cuestiona, sino, además que la empresa Engelhard Perú SAC tuvo conocimiento oportuno de los mismos. El TC precisó, a la vez, que el derecho a defensa, esgrimido por la empresa demandante, implica asegurar a las partes la posibilidad de formular alegatos, probarlos y contradecir aquellos que se les opongan. Al respecto, expuso que esto se produjo en el caso del accionante, quien tuvo todos los medios procesales para defender y a través de los cuales, cuestionó la existencia de los mismos. Además, sostuvo que tal como lo ha señalado en la sentencia del TC, en el Exp. N° 1291-2000-AA/TC, el debido proceso incluye dentro de su contenido, el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en cualquier clase de procesos. Finalmente, con esta sentencia, el TC ratifica el respeto de que el tratamiento de la inversión nacional y extranjera se sujeta a las mismas condiciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 63º de la Constitución Política del Perú. Lima, 23 de enero de 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

2689-2004-AA/TC (Texto completo)

200 MILLAS SOBRE LA CUAL EL PERU EJERCE DOMINIO MARITIMO

TC ORDENA QUE EMPRESA EMERGIA S.A. PAGUE IMPUESTOS POR CABLE SUBMARINO TENDIDO DESDE CHILE A LIMA El artefacto se encuentra en la jurisdicción de las 200 millas del Mar de Grau sobre las cuales el Perú ejerce dominio El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la pretensión de la empresa EMERGIA S.A. de recuperar la suma de S/. 76,269,012.00 soles o 22 millones 159,012 dólares más intereses que le pagó al Estado, a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD) por la instalación de un cable submarino desde Chile a Lima, dentro de las 200 millas del Mar de Grau como parte de un anillo de comunicaciones internacionales. La referida compañía adujo para ello que solo le correspondía pagar derechos e impuestos a la importación por el cable tendido dentro de las 12 millas, más no entre este punto y las 200 millas sobre la cual el Perú ejerce dominio marítimo. Sin embargo, a través de la sentencia recaída en el Exp. Nº 2689-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional, considera que dicha exoneración no está prevista en nuestro ordenamiento constitucional, por lo que su otorgamiento por parte de la administración aduanera significaría una vulneración de los principios constitucionales tributarios de legalidad y reserva de ley que la propia Constitución expresamente prevé. Cabe señalar que, la SUNAD había ordenado a EMERGIA nacionalizar el cable con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores y ante los requerimientos tuvo que realizar el pago y otorgar la garantía correspondiente. Igualmente, el TC precisó que las libertades de comunicación internacional, antes que un derecho fundamental personal, constituye una institución y un principio de Derecho internacional público y en ese sentido, según las libertades de comunicación internacional comprenderían el paso inocente, la libertad de navegación y la libertad de los mares. Paralelamente, el TC dejó establecido que el Estado ribereño tiene el derecho de dictar las leyes y los reglamentos que regulen el paso inocente, los que deben ser respetados obligatoriamente por otros Estados. En definitiva, no puede considerarse inocente el paso de un buque que, además de navegar, realiza actividades contrarias a las leyes del Estado ribereño o que requieren de autorización. Conviene precisar, de otro lado, que estas libertades de comunicación internacional tampoco son libertades absolutas, ni siquiera en aquellos Estados que han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, pues ésta también establece restricciones a dichas libertades y la prevención de las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros fiscales, de inmigración y sanitarios. El Tribunal Constitucional, dejó en claro, que, de acuerdo con el artículo 74º de nuestra Constitución, la potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, modificar o derogar tributos, así como para otorgar beneficios tributarios. Asimismo, considera que en el caso reclamado por la citada empresa no se ha vulnerado el principio de legalidad, pues el Decreto Legislativo Nº 809 expresamente prevé el hecho imponible de la obligación tributaria aduanera. Además, tomando como antecedente el Expediente Nº 2762-2002-AA/TC, sostiene que, el principio de reserva de ley en materia tributaria es, prima facie, es decir, una limitación relativa, salvo en el caso previsto en el último párrafo del artículo 79º de la Constitución, que está sujeto a una reserva de ley absoluta, el cual hace referencia a un tratamiento tributario selectivo y especial para una determinada zona del país. Finalmente, el TC estima pertinente precisar, como ya lo hizo en la sentencia N° 042-2004-AI/TC, que el principio de legalidad y el principio de reserva de ley han de ser observados también cuando se trate de establecer exoneraciones tributarias, de conformidad con el artículo 74º de la Constitución Peruana. Lima, 26 de enero de 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

9165-2005-PA/TC (Texto completo)

PRINCIPIO DE NO RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS

TC CONFIRMA CONSTITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO A LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE AZAR Estado está facultado para controlar la transparencia del juego y fiscalizar adecuado pago de tributos El Tribunal Constitucional (TC) reiteró la constitucionalidad de las disposiciones que regulan el impuesto a la explotación de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, al declarar infundada la demanda interpuesta por un grupo empresarial contra la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) y el MINCETUR. En la sentencia, emitida a través del expediente Nº 9165-2005-PA/TC, deja en claro que dicho sistema se encuentra dentro de las condiciones razonables que debe exigirse a las personas jurídicas que se dedican a la explotación de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, a efectos de que las autoridades administrativas competentes puedan controlar la transparencia en el juego, así como fiscalizar un adecuado pago del impuesto. El Tribunal Constitucional entiende que la aplicación de la nueva tasa del 12% del referido impuesto no constituye vulneración del principio de no retroactividad de las normas, pues el recurrente no se encuentra exonerado del pago del tributo, sino que el mismo debía regularse en función de la nueva base imponible y alícuota del impuesto. "El TC estima que se trata de una regla de orden público tributario, acorde con el propósito o deber de contribuir con los gastos públicos, orientada a finalidades plenamente legítimas, como la de colaborar y ayudar a fiscalizar, a efectos de detectar aquellas personas que puedan rehuir la potestad tributaria del Estado", dice uno de las disposiciones que sustenta la sentencia. Igualmente, ratifica lo establecido por ley en el sentido que los casinos y tragamonedas sólo deben ubicarse dentro de hoteles de tres a cinco estrellas y/o restaurantes de cinco tenedores. La resolución precisa, además, que la alícuota del impuesto, actualmente regulada por la Ley N.º 27796, se encuentra acorde con la STC Nº 0009-2001-AI/TC, en tanto modificó la base imponible y redujo la alícuota del 20% al 12%, incorporándose la posibilidad de deducir gastos por mantenimiento, bocaditos y aperitivos. El TC dejó en claro que esta sentencia resulta acorde con el pronunciamiento recaído en la STC N.º 4227-2005-PA/TC (Caso Royal Gaming S.A.C.), en cuyo fundamento N.º 43 se estableció que, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y, habiendo adquirido la calidad de cosa juzgada, constituye precedente vinculante en materia del impuesto a la explotación de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas. Es de indicar que el 30 de diciembre del 2004, el Grupo Mustafá, interpuso la demanda de amparo contra la SUNAT y el MINCETUR para que declaren inaplicables diversos artículos de la Ley Nº 27796, que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas. Lima, 02 de marzo de 2006 FUENTE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

3741-2004-AA/TC (Texto completo)

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL Y SUS EFECTOS FRENTE A LOS PODERES PUBLICO Y PRIVADO

Establecer como PRECEDENTE VINCULANTE, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en los fundamentos 41 y 50, supra, de esta sentencia

EXP. N.° 02148-2010-PA/TC (Texto completo)

DESPIDO DISCRIMINATORIO POR GESTACION

Para declarar nulo el despido de las trabajadoras embarazadas, lesivo del derecho a la no discriminación por razón de sexo, es menester la acreditación del previo conocimiento del estado de gestación por parte del empleador que despide o el requisito de la previa notificación de dicho estado por la trabajadora al empleador.

006-2006-PC/TC (Texto completo)

CONTROL DIFUSO

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial al haberse acreditado la afectación de sus atribuciones constitucionales reconocidas en el artículo 118º-1 y 9° de la Constitución; en consecuencia, nulas todas aquellas resoluciones judiciales que han estimado demandas de amparo o de cumplimiento con desconocimiento de las sentencias 009-2001-AI/TC y 4227-2005-AA/TC, así como sin efecto las resoluciones elevadas en consulta hasta el pronunciamiento de la Corte Suprema de la República. Así lo señala el TC en la sentencia recaída en la demanda de conflicto competencial signada con el Expediente 006-2006-PC/TC presentada por el Poder Ejecutivo, por cuanto algunos jueces, recurriendo a una interpretación inconstitucional de su autonomía e independencia y de su facultad de ejercer el control difuso, inaplicaron disposiciones legales relacionadas con la actividad de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, cuya constitucionalidad había sido confirmada por el TC mediante las sentencias 009-2001-AI/TC y el precedente vinculante 4227-2005-PA/TC. En consecuencia, solicitaron que se declare la nulidad de las resoluciones judiciales dictadas contraviniendo dichas sentencias. El TC precisa que la potestad del Poder Judicial de administrar justicia proviene de la voluntad popular, pero se ejerce con las responsabilidades y limitaciones que la Constitución y las leyes establecen, de conformidad con su artículo 45º. En ese sentido, estima que algunos jueces, al recurrir a una inconstitucional interpretación de su facultad de ejercer el control difuso y de la autonomía e independencia que la Constitución les reconoce, han causado un menoscabo en las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las leyes –la legislación que regula la actividad de los juegos de casino y máquinas tragamonedas– y las sentencias y resoluciones jurisdiccionales –las sentencias 009-2001-AI/TC y el precedente vinculante 4227-2005-PA/TC–. Asimismo, precisa que los tribunales y jueces ordinarios no pueden contradecir ni desvincularse de las sentencias del TC, por cuanto que se subvierte el ordenamiento constitucional en su totalidad, al introducir elementos de anarquía en las relaciones entre el TC y el Poder Judicial. Por ello, las sentencias del TC deben ser cumplidas plenamente por los jueces ordinarios y no pueden recurrir a la autonomía y a la independencia que la Constitución les reconoce para desvincularse de ellas, porque la autonomía no significa autarquía. De otro lado, el TC señala que lo que la Constitución garantiza (artículo 139º-2) es la cosa juzgada constitucional, la misma que se configura con sentencias que se pronuncian sobre el fondo pero de conformidad con el orden objetivo de valores y principios constitucionales y con los derechos fundamentales, de acuerdo con la interpretación que haya realizado el TC de las leyes, o toda norma con rango de ley, de los reglamentos, y de sus precedentes vinculantes, (artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). Sólo de esa manera el ordenamiento constitucional puede otorgar seguridad jurídica a la ciudadanía. Finalmente, al declarar la nulidad de aquellas resoluciones judiciales que han sido emitidas contraviniendo las sentencias 009-2001-AI/TC y el precedente vinculante 4227-2005-PA/TC, así como dejar sin efecto, hasta que la Corte Suprema de la República se pronuncie considerando las sentencias del TC antes mencionadas, sobre aquellas resoluciones judiciales que no han sido elevadas en consulta tal como dispone el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ello en virtud al principio constitucional de colaboración y cooperación que debe existir entre los poderes del Estado y los órganos constitucionales. Del mismo modo el TC dispone poner en conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial para que proceda de conformidad con la Resolución de Jefatura N.º 021-2006-J-OCMA/PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de abril de 2006. FUENTE: OFICINA DE IMEGEN INSTITUCIONAL

006-2006-PC/TC (Texto completo)

COSA JUZGADA

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial al haberse acreditado la afectación de sus atribuciones constitucionales reconocidas en el artículo 118º-1 y 9° de la Constitución; en consecuencia, nulas todas aquellas resoluciones judiciales que han estimado demandas de amparo o de cumplimiento con desconocimiento de las sentencias 009-2001-AI/TC y 4227-2005-AA/TC, así como sin efecto las resoluciones elevadas en consulta hasta el pronunciamiento de la Corte Suprema de la República. Así lo señala el TC en la sentencia recaída en la demanda de conflicto competencial signada con el Expediente 006-2006-PC/TC presentada por el Poder Ejecutivo, por cuanto algunos jueces, recurriendo a una interpretación inconstitucional de su autonomía e independencia y de su facultad de ejercer el control difuso, inaplicaron disposiciones legales relacionadas con la actividad de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, cuya constitucionalidad había sido confirmada por el TC mediante las sentencias 009-2001-AI/TC y el precedente vinculante 4227-2005-PA/TC. En consecuencia, solicitaron que se declare la nulidad de las resoluciones judiciales dictadas contraviniendo dichas sentencias. El TC precisa que la potestad del Poder Judicial de administrar justicia proviene de la voluntad popular, pero se ejerce con las responsabilidades y limitaciones que la Constitución y las leyes establecen, de conformidad con su artículo 45º. En ese sentido, estima que algunos jueces, al recurrir a una inconstitucional interpretación de su facultad de ejercer el control difuso y de la autonomía e independencia que la Constitución les reconoce, han causado un menoscabo en las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las leyes –la legislación que regula la actividad de los juegos de casino y máquinas tragamonedas– y las sentencias y resoluciones jurisdiccionales –las sentencias 009-2001-AI/TC y el precedente vinculante 4227-2005-PA/TC–. Asimismo, precisa que los tribunales y jueces ordinarios no pueden contradecir ni desvincularse de las sentencias del TC, por cuanto que se subvierte el ordenamiento constitucional en su totalidad, al introducir elementos de anarquía en las relaciones entre el TC y el Poder Judicial. Por ello, las sentencias del TC deben ser cumplidas plenamente por los jueces ordinarios y no pueden recurrir a la autonomía y a la independencia que la Constitución les reconoce para desvincularse de ellas, porque la autonomía no significa autarquía. De otro lado, el TC señala que lo que la Constitución garantiza (artículo 139º-2) es la cosa juzgada constitucional, la misma que se configura con sentencias que se pronuncian sobre el fondo pero de conformidad con el orden objetivo de valores y principios constitucionales y con los derechos fundamentales, de acuerdo con la interpretación que haya realizado el TC de las leyes, o toda norma con rango de ley, de los reglamentos, y de sus precedentes vinculantes, (artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). Sólo de esa manera el ordenamiento constitucional puede otorgar seguridad jurídica a la ciudadanía. Finalmente, al declarar la nulidad de aquellas resoluciones judiciales que han sido emitidas contraviniendo las sentencias 009-2001-AI/TC y el precedente vinculante 4227-2005-PA/TC, así como dejar sin efecto, hasta que la Corte Suprema de la República se pronuncie considerando las sentencias del TC antes mencionadas, sobre aquellas resoluciones judiciales que no han sido elevadas en consulta tal como dispone el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ello en virtud al principio constitucional de colaboración y cooperación que debe existir entre los poderes del Estado y los órganos constitucionales. Del mismo modo el TC dispone poner en conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial para que proceda de conformidad con la Resolución de Jefatura N.º 021-2006-J-OCMA/PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de abril de 2006. FUENTE: OFICINA DE IMEGEN INSTITUCIONAL

006-2006-PC/TC (Texto completo)

CASINOS

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial al haberse acreditado la afectación de sus atribuciones constitucionales reconocidas en el artículo 118º-1 y 9° de la Constitución; en consecuencia, nulas todas aquellas resoluciones judiciales que han estimado demandas de amparo o de cumplimiento con desconocimiento de las sentencias 009-2001-AI/TC y 4227-2005-AA/TC, así como sin efecto las resoluciones elevadas en consulta hasta el pronunciamiento de la Corte Suprema de la República. Así lo señala el TC en la sentencia recaída en la demanda de conflicto competencial signada con el Expediente 006-2006-PC/TC presentada por el Poder Ejecutivo, por cuanto algunos jueces, recurriendo a una interpretación inconstitucional de su autonomía e independencia y de su facultad de ejercer el control difuso, inaplicaron disposiciones legales relacionadas con la actividad de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, cuya constitucionalidad había sido confirmada por el TC mediante las sentencias 009-2001-AI/TC y el precedente vinculante 4227-2005-PA/TC. En consecuencia, solicitaron que se declare la nulidad de las resoluciones judiciales dictadas contraviniendo dichas sentencias. El TC precisa que la potestad del Poder Judicial de administrar justicia proviene de la voluntad popular, pero se ejerce con las responsabilidades y limitaciones que la Constitución y las leyes establecen, de conformidad con su artículo 45º. En ese sentido, estima que algunos jueces, al recurrir a una inconstitucional interpretación de su facultad de ejercer el control difuso y de la autonomía e independencia que la Constitución les reconoce, han causado un menoscabo en las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las leyes –la legislación que regula la actividad de los juegos de casino y máquinas tragamonedas– y las sentencias y resoluciones jurisdiccionales –las sentencias 009-2001-AI/TC y el precedente vinculante 4227-2005-PA/TC–. Asimismo, precisa que los tribunales y jueces ordinarios no pueden contradecir ni desvincularse de las sentencias del TC, por cuanto que se subvierte el ordenamiento constitucional en su totalidad, al introducir elementos de anarquía en las relaciones entre el TC y el Poder Judicial. Por ello, las sentencias del TC deben ser cumplidas plenamente por los jueces ordinarios y no pueden recurrir a la autonomía y a la independencia que la Constitución les reconoce para desvincularse de ellas, porque la autonomía no significa autarquía. De otro lado, el TC señala que lo que la Constitución garantiza (artículo 139º-2) es la cosa juzgada constitucional, la misma que se configura con sentencias que se pronuncian sobre el fondo pero de conformidad con el orden objetivo de valores y principios constitucionales y con los derechos fundamentales, de acuerdo con la interpretación que haya realizado el TC de las leyes, o toda norma con rango de ley, de los reglamentos, y de sus precedentes vinculantes, (artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). Sólo de esa manera el ordenamiento constitucional puede otorgar seguridad jurídica a la ciudadanía. Finalmente, al declarar la nulidad de aquellas resoluciones judiciales que han sido emitidas contraviniendo las sentencias 009-2001-AI/TC y el precedente vinculante 4227-2005-PA/TC, así como dejar sin efecto, hasta que la Corte Suprema de la República se pronuncie considerando las sentencias del TC antes mencionadas, sobre aquellas resoluciones judiciales que no han sido elevadas en consulta tal como dispone el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ello en virtud al principio constitucional de colaboración y cooperación que debe existir entre los poderes del Estado y los órganos constitucionales. Del mismo modo el TC dispone poner en conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial para que proceda de conformidad con la Resolución de Jefatura N.º 021-2006-J-OCMA/PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de abril de 2006. FUENTE: OFICINA DE IMEGEN INSTITUCIONAL

0031-2005-PI/TC (Texto completo)

LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DE LAS ORDENANZAS REGIONALES

Competencia del Tribunal Constitucional para enjuiciar la legitimidad constitucional de las ordenanzas regionales 6. La facultad de realizar el control abstracto de constitucionalidad, en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido reconocida al Tribunal Constitucional de manera exclusiva. Tal como lo dispone el artículo 202. 1 de la Constitución, le corresponde al Tribunal Constitucional [c]onocer en instancia única, la acción de , inconstitucionalidad. Ello a consecuencia de que el artículo 201 establece que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes. 7. Tal facultad se concretiza a través del proceso de inconstitucionalidad pues, de acuerdo con el artículo 200.4 de la Constitución, mediante dicho proceso los sujetos legitimados (artículo 203° de la Constitución) pueden demandar, ante el Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad de las normas con rango de ley, entre ellas, las normas regionales de carácter general que contravengan la Constitución por la forma o por el fondo. 8. Si bien el proceso de inconstitucionalidad es un proceso fundamentalmente objetivo, esto es, un proceso en el cual se realiza un juicio de compatibilidad abstracta entre la Constitución y las normas con rango de ley, no se puede desconocer que dicho proceso también tiene una dimensión subjetiva. Ésta dimensión subjetiva se relaciona con la finalidad de los procesos constitucionales, cual es velar por la observancia del principio de supremacía jurídica de la Constitución y por la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, de conformidad con el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 9. Por ende, no puede soslayarse que aun cuando el control abstracto de las normas tiene una finalidad inmediata, como es el de salvaguardar el principio de supremacía jurídica de la Constitución -expulsando del ordenamiento aquellas disposiciones que la contravengan material o formalmente-, como fin mediato impide su aplicación y con ello evita que se puedan generar afectaciones concretas (subjetivas) a los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, el juez constitucional debería considerar que el proceso orientado por antonomasia a defender la supremacía de la Constitución (proceso de inconstitucionalidad) siempre tendrá también, en última instancia, la vocación subjetiva de preservar los derechos fundamentales de las personas.

02129-2006-PA/TC (Texto completo)

NULIDAD DE DESPIDO

El Tribunal Constitucional declaró fundada dicha demanda de amparo en tanto consideró que el despido del trabajador mientras este se encontraba de vacaciones constituye una violación a sus derechos a la dignidad y al trabajo. De la misma manera, con la sentencia ordeno que el trabajador fuera repuesto a su trabajo o a uno de igual jerarquía en tanto el despido quedó anulado. El razonamiento del Tribunal es que el empleador no tuvo en cuenta el hecho de que el trabajador se encontraba en licencia por vacaciones para recuperarse por una operación y que, por lo tanto, se encontraba incapacitado temporalmente para prestar sus servicios al empleador. Asimismo, se encontraba suspendida la relación laboral existente entre las partes. En este sentido, con fecha 20 de julio de 2006, la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia emitió la Casación N° 476-2005 estableció el ámbito de aplicación y los requisitos del principio de irrenunciabilidad de derechos laborales que están reconocidos en el inciso 2 del artículo 26° de la Constitución. Dicho “principio de irrenunciabilidad” prohíbe que cualquier tipo de actos del trabajador como titular de un derecho recaigan sobre normas taxativas o sentencias vinculantes. Se refiere que la naturaleza de orden público de las normas taxativas es suficiente para que la voluntad de las partes no tenga influencia sobre las mencionadas normas. Se requiere la existencia de una relación de trabajo y la existencia de una norma constitucional o legal que en forma taxativa establezca ciertos beneficios o derechos sociales cuya fuente sea dicha relación laboral para identificar el ámbito de aplicación de la mencionada disposición.

4883-2006-PA/TC (Texto completo)

PROCEDENCIA DEL AMPARO FRENTE A RESOLUCIONES DE FISCALIA

“Que el hecho de que el artículo 4.° del Código Procesal Constitucional y el artículo 200.2 de la Constitución no hagan referencia expresa a las resoluciones del Ministerio Público, no implica que estas no puedan ser cuestionadas vía los procesos constitucionales. Resulta evidente que las resoluciones del Ministerio Público, en vista de que se trata del ejercicio del poder público del Estado, requieren de mecanismos adecuados de control, dado que pueden, eventualmente, afectar derechos fundamentales de las personas sometidas a investigación, tras la imputación de algún ilícito penal”

4853-2004-PA/TC (Texto completo)

PROCEDENCIA DE “AMPARO CONTRA AMPARO”

“(…) la procedencia del “amparo contra amparo” (…) sólo es admisible de manera excepcional. Se debe tratar de una transgresión manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, por acciones u omisiones de los órganos judiciales que permitan al Tribunal Constitucional constatar fácilmente que dichos actos u omisiones trascienden el ámbito de la legalidad y alcanzan relevancia constitucional, de modo que su uso no puede habilitarse para cuestionar deficiencias procesales de naturaleza legal o, eventualmente, para suplir negligencias u omisiones en la defensa de alguna de las partes. Se debe tratar, en consecuencia, de violaciones acreditadas fehacientemente a consecuencia de la actuación de los órganos judiciales durante el trámite de un proceso constitucional y que tengan directa vinculación con la decisión final de las instancias judiciales.”

665-2007-AA/TC (Texto completo)

CORRECTA APLICACION DE INTERESES LABORALES

“En el caso del derecho de propiedad, su ejercicio, uso y goce sólo puede ser limitado por ley. En el presente caso, la resolución cuestionada no aplicó la legislación vigente para la liquidación de intereses de deudas laborales, Ley N.º 25920. En efecto, en la resolución mencionada se señaló que cuando se trate de pagos de sumas actualizadas (en el caso de autos se actualizaron a diciembre de 2001) no rige de manera estricta dicha norma, sino que debe recurrirse a un “cierto equilibrio”, y que lo “justo y equitativo” es calcular el interés legal a partir de la fecha en que las remuneraciones adquirieron estabilidad a fin de no afectar al trabajador. (…) Precisamente a fin de garantizar una justa y razonable indemnización por la mora en el pago de la deuda, el cálculo de los intereses no puede quedar librado al arbitrio del acreedor o de quien conforme a ley deba fijarlos.”

665-2007-AA/TC (Texto completo)

CORRECTA APLICACION DE INTERESES LABORALES

“En el caso del derecho de propiedad, su ejercicio, uso y goce sólo puede ser limitado por ley. En el presente caso, la resolución cuestionada no aplicó la legislación vigente para la liquidación de intereses de deudas laborales, Ley N.º 25920. En efecto, en la resolución mencionada se señaló que cuando se trate de pagos de sumas actualizadas (en el caso de autos se actualizaron a diciembre de 2001) no rige de manera estricta dicha norma, sino que debe recurrirse a un “cierto equilibrio”, y que lo “justo y equitativo” es calcular el interés legal a partir de la fecha en que las remuneraciones adquirieron estabilidad a fin de no afectar al trabajador. (…) Precisamente a fin de garantizar una justa y razonable indemnización por la mora en el pago de la deuda, el cálculo de los intereses no puede quedar librado al arbitrio del acreedor o de quien conforme a ley deba fijarlos.”

6626-2006-PA/TC (Texto completo)

RESERVA DE LEY EN MATERIA DE PERCEPCIONES TRIBUTARIAS

“Conforme lo ha señalado Sunat, la regulación del Régimen de Percepciones parte de una base legal habilitante, concretamente los artículos 1 y 2 de la Ley 28053, que modifica y sustituye el Ley del Impuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo. No obstante, según ha manifestado este Colegiado en la jurisprudencia precedente, la sola habilitación no resulta satisfactoria por sí misma a efectos de poder afirmar que el principio de Reserva de Ley en materia tributaria haya sido respetado (…) Conforme se advierte de la Ley 28053, se ha previsto su determinación abierta incluso vía Resolución de Superintendencia, lo cual resulta contrario a los alcances del principio de Reserva de Ley, recogido en el artículo 74 de la Constitución”

6626-2006-PA/TC (Texto completo)

RESERVA DE LEY EN MATERIA DE PERCEPCIONES TRIBUTARIAS

“Conforme lo ha señalado Sunat, la regulación del Régimen de Percepciones parte de una base legal habilitante, concretamente los artículos 1 y 2 de la Ley 28053, que modifica y sustituye el Ley del Impuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo. No obstante, según ha manifestado este Colegiado en la jurisprudencia precedente, la sola habilitación no resulta satisfactoria por sí misma a efectos de poder afirmar que el principio de Reserva de Ley en materia tributaria haya sido respetado (…) Conforme se advierte de la Ley 28053, se ha previsto su determinación abierta incluso vía Resolución de Superintendencia, lo cual resulta contrario a los alcances del principio de Reserva de Ley, recogido en el artículo 74 de la Constitución”

6128-2005-PA/TC (Texto completo)

CALIFICACION DEL TRABAJADOR

“(…) no resulta razonable, bajo ningún punto de vista, que la emplazada, después de haberle asignado al recurrente diversos cargos de responsabilidad y dirección durante varios años, atendiendo a sus calificaciones profesionales, decida inmotivadamente encargarle una labor –la de jardinero– que no requiere formación profesional o técnica, desperdiciando de ese modo las capacidades y experiencia que había adquirido el recurrente, reflejadas en su hoja de servicios. Se vulnera, pues, el principio de razonabilidad, lo que se manifiesta en el hecho de que la autoridad municipal no haga uso adecuado y racional de los recursos humanos que tiene a su servicio.”

6128-2005-PA/TC (Texto completo)

CALIFICACION DEL TRABAJADOR

“(…) no resulta razonable, bajo ningún punto de vista, que la emplazada, después de haberle asignado al recurrente diversos cargos de responsabilidad y dirección durante varios años, atendiendo a sus calificaciones profesionales, decida inmotivadamente encargarle una labor –la de jardinero– que no requiere formación profesional o técnica, desperdiciando de ese modo las capacidades y experiencia que había adquirido el recurrente, reflejadas en su hoja de servicios. Se vulnera, pues, el principio de razonabilidad, lo que se manifiesta en el hecho de que la autoridad municipal no haga uso adecuado y racional de los recursos humanos que tiene a su servicio.”

06089-2006-PA/TC (Texto completo)

REGIMEN DE PERCEPCIONES

“(...) la ejercitación de la facultad de instituir pagos a cuenta de los tributos –anticipos, retenciones y percepciones– por parte de la Administración no puede ser objeto de decisiones discrecionales, por lo que la Ley debe reglar con la mayor precisión los márgenes dentro de los cuales pueden instrumentarse las medidas (porcentajes máximos, topes, etc), para evitar que, a través de estas prestaciones independientes del gravamen que en definitiva deba ser oblado, se recree un sistema perverso que genere a los contribuyentes sistemática y crónicamente saldos a favor, con la consiguiente pérdida o disminución del capital de trabajo”.

06089-2006-PA/TC (Texto completo)

REGIMEN DE PERCEPCIONES

“(...) la ejercitación de la facultad de instituir pagos a cuenta de los tributos –anticipos, retenciones y percepciones– por parte de la Administración no puede ser objeto de decisiones discrecionales, por lo que la Ley debe reglar con la mayor precisión los márgenes dentro de los cuales pueden instrumentarse las medidas (porcentajes máximos, topes, etc), para evitar que, a través de estas prestaciones independientes del gravamen que en definitiva deba ser oblado, se recree un sistema perverso que genere a los contribuyentes sistemática y crónicamente saldos a favor, con la consiguiente pérdida o disminución del capital de trabajo”.

1417-2005-AA/TC (Texto completo)

MATERIA DE PENSIONES EN LA VIA DEL AMPARO

“Por tal motivo, serán objeto de protección por vía del amparo los supuestos en los que habiendo el demandante cumplido dichos requisitos legales se le niegue el acceso al sistema de seguridad social. (…) son susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en los que se deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia (…) La vía idónea para dilucidar los asuntos pensionarios que no versen sobre el contenido directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, es el proceso contencioso administrativo.”

2877-2005-PHC/TC (Texto completo)

PROCEDENCIA DE RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL

“(…) el Recurso de Agravio Constitucional, en tanto recurso impugnativo dentro de un peculiar proceso, como es el constitucional, debe ser utilizado como un mecanismo procesal especializado que permita que el TC intervenga convenientemente. Aparte de los requisitos formales para su interposición, se requerirá que el RAC planteado esté directamente relacionado con el ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; que no sea manifiestamente infundado; y que no esté inmerso en una causal de negativa de tutela claramente establecida por el TC.”

07467-2006-PA/TC (Texto completo)

SIMULACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTERMITENTES

“(…) durante todo el récord laboral del demandante no se presentó ninguna interrupción o suspensión de sus labores y aquel desempeñó la misma actividad (…). La simulación se corrobora con la omisión que se observa en el contrato, esto es el no haberse consignado “con la mayor precisión” las circunstancias o condiciones que tenían que observarse para que se reanude, en cada oportunidad, la labor intermitente del contrato como lo manda el artículo 65º del mismo cuerpo normativo. Por consiguiente el contrato se convirtió en uno de duración indeterminada, razón por la cual el demandante no podía ser despedido sino por causa justa, situación que no se ha presentado.”

07467-2006-PA/TC (Texto completo)

SIMULACIÓN CONTRACTUAL

“(…) durante todo el récord laboral del demandante no se presentó ninguna interrupción o suspensión de sus labores y aquel desempeñó la misma actividad (…). La simulación se corrobora con la omisión que se observa en el contrato, esto es el no haberse consignado “con la mayor precisión” las circunstancias o condiciones que tenían que observarse para que se reanude, en cada oportunidad, la labor intermitente del contrato como lo manda el artículo 65º del mismo cuerpo normativo. Por consiguiente el contrato se convirtió en uno de duración indeterminada, razón por la cual el demandante no podía ser despedido sino por causa justa, situación que no se ha presentado.”

10575-2006-PA/TC (Texto completo)

COMPETENCIA DE ARBITROS

“Los árbitros están facultados para conocer y resolver las controversias que han sido sometidas a su conocimiento (…) con independencia y sin la intervención de ninguna autoridad, administrativa o judicial. (…) [El objetivo es] evitar que una de las partes que no desea someterse al pacto de arbitraje, mediante un cuestionamiento de las decisiones arbitrales y/o de la competencia de los árbitros sobre una determinada controversia, pretenda convocar la participación de jueces ordinarios, mediante la interposición de cualquier acción de naturaleza civil y/o penal, y desplazar la disputa al terreno judicial.”

9254-2006-PA/TC (Texto completo)

IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE AMPARO CONTRA DESPIDO FRAUDULENTO”

“(…) IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE AMPARO CONTRA DESPIDO FRAUDULENTO”

9254-2006-PA/TC (Texto completo)

IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE AMPARO CONTRA DESPIDO FRAUDULENTO”

“(…) IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE AMPARO CONTRA DESPIDO FRAUDULENTO”

08495 (Texto completo)

DERECHO A UN DEBIDO PROCESO EN SEDE ADMINISTRATIVO

El Derecho a un Debido Proceso en sede Administrativo

05430 2006 (Texto completo)

REGLAS PROCESALES APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS DE AMPARO

Reglas procesales aplicables a todos los procesos de amparo

01614 2007 PC/TC (Texto completo)

Requisitos mínimos para que una norma legal o acto administrativo sea exigible vía Proceso de Cumplimiento

Este Tribunal Constitucional, en la STC N° 0168-2005/ PC, expedida el 29 de septiembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del Proceso de Cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado. Este mismo precedente ha establecido que los requisitos mínimos exigidos se justifican porque el proceso de cumplimiento, diseñado por la norma constitucional y por el Código Procesal Constitucional, dado su carácter sumario y breve, no es el adecuado para discutir los contenidos de normas generales cuyos mandatos no tienen las características mínimas requeridas, o de normas legales superpuestas que remiten a otras, y estas a su vez a otras, lo cual implica una actividad interpretativa compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo a través de las vías procedimentales específicas.

01614 2007 PC/TC (Texto completo)

Requisitos mínimos para que una norma legal o acto administrativo sea exigible vía Proceso de Cumplimiento

Este Tribunal Constitucional, en la STC N° 0168-2005/ PC, expedida el 29 de septiembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del Proceso de Cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado. Este mismo precedente ha establecido que los requisitos mínimos exigidos se justifican porque el proceso de cumplimiento, diseñado por la norma constitucional y por el Código Procesal Constitucional, dado su carácter sumario y breve, no es el adecuado para discutir los contenidos de normas generales cuyos mandatos no tienen las características mínimas requeridas, o de normas legales superpuestas que remiten a otras, y estas a su vez a otras, lo cual implica una actividad interpretativa compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo a través de las vías procedimentales específicas.

02723 2007 PD/TC (Texto completo)

ACREDITACION DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

Acreditación de Enfermedad Profesional

01924 2008 PHC/TC (Texto completo)

EL DERECHO A LA MOTIVACIóN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Y EL DERECHO A LA DEFENSA

El Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la defensa La determinación específica a la imputación en el auto apertorio de instrucción La naturaleza jurídica de los documentos en el ordenamiento jurídico peruano

01924 2008 PHC/TC (Texto completo)

LA DETERMINACIóN ESPECíFICA DE LA IMPUTACIóN EN EL AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIóN

El Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la defensa La determinación específica a la imputación en el auto apertorio de instrucción La naturaleza jurídica de los documentos en el ordenamiento jurídico peruano

01924 2008 PHC/TC (Texto completo)

LA NATURALEZA JURíDICA DE LOS DOCUMENTOS EN EL ORDENAMIENTO JURíDICO PERUANO

El derecho a la motivacion de las resoluciones judiciales y el derecho a la defensa. La determinación específica de la imputación en el auto apertorio de instrucción. La naturaleza jurídica de los documentos en el ordenamiento jurídico peruano.

02022 2008 PHC/TC (Texto completo)

IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL RESPECTO AL DELITO INFORMÁTICO

Irretroactividad de la Ley Penal respecto al delito informático

10681 2006 PA/TC (Texto completo)

PRESCRIPCIóN DE LA PENSIóN VITALICIA

Prescripción de la pensión vitalicia.

3151 2006 AA/TC (Texto completo)

PODERES PúBLICOS, INTERDICCIóN DE LA ARBITRARIEDAD Y LA CORTE SUPREMA

Poderes públicos, interdicción de la arbitrariedad y la Corte Suprema Deber de congruencia procesal, derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y otros derechos fundamentales procesales El deber de motivación, el deber de congruencia y su infracción como causa de arbitrariedad Las potestades y límites de la Corte Suprema en el Recurso de Casación Principio dispositivo y Recurso de Casación

3151 2006 AA/TC (Texto completo)

DEBER DE CONGRUENCIA PROCESAL, DERECHO A LA MOTIVACIóN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Y OTROS DERECH

Poderes públicos, interdicción de la arbitrariedad y la Corte Suprema Deber de congruencia procesal, derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y otros derechos fundamentales procesales El deber de motivación, el deber de congruencia y su infracción como causa de arbitrariedad Las potestades y límites de la Corte Suprema en el Recurso de Casación Principio dispositivo y Recurso de Casación

3151 2006 AA/TC (Texto completo)

EL DEBER DE MOTIVACIóN, EL DEBER DE CONGRUENCIA Y SU INFRACCIóN COMO CAUSAL DE ARBITRARIEDAD

Poderes públicos, interdicción de la arbitrariedad y la Corte Suprema Deber de congruencia procesal, derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y otros derechos fundamentales procesales El deber de motivación, el deber de congruencia y su infracción como causa de arbitrariedad Las potestades y límites de la Corte Suprema en el Recurso de Casación Principio dispositivo y Recurso de Casación

3151 2006 AA/TC (Texto completo)

LA POTESTAD Y LíMITES DE LA CORTE SUPREMA EN EL RECURSO DE CASACIóN

Poderes públicos, interdicción de la arbitrariedad y la Corte Suprema Deber de congruencia procesal, derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y otros derechos fundamentales procesales El deber de motivación, el deber de congruencia y su infracción como causa de arbitrariedad Las potestades y límites de la Corte Suprema en el Recurso de Casación Principio dispositivo y Recurso de Casación

3151 2006 AA/TC (Texto completo)

PRINCIPIO DISPOSITIVO Y RECURSO DE CASACIóN

Poderes públicos, interdicción de la arbitrariedad y la Corte Suprema Deber de congruencia procesal, derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y otros derechos fundamentales procesales El deber de motivación, el deber de congruencia y su infracción como causa de arbitrariedad Las potestades y límites de la Corte Suprema en el Recurso de Casación Principio dispositivo y Recurso de Casación

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

EL HáBEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRESUNCIóN DE INOCENCIA Y EL PRINCIPIO INDIBIO PRO REO

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

LA SENTENCIA ARBITRARIA POR INDEBIDA MOTIVACIóN Y EL PRINCIPIO DE LA INTERDICCIóN DE LA ARBITRARIEDA

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

EL DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIóN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

EL USO DE LA PRUEBA INDICIARIA Y LA NECESIDAD DE MOTIVACIóN

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

LA EXCARCELACIóN POR EXCESO DE DETENCIóN

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

LA PRUEBA PENAL INDIRECTA Y LA PRUEBA INDICIARIA

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

EL HáBEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

EL DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIóN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

LA SENTENCIA ARBITRARIA POR INDEBIDA MOTIVACIóN Y EL PRINCIPIO DE INTERDICCIóN DE LA ARBITRARIEDAD

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

LA PRUEBA PENAL INDIRECTA Y LA PRUEBA INDICIARIA

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

EL USO DE LA PRUEBA INDICIARIA Y LA NECESIDAD DE MOTIVACIóN

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRESUNCIóN DE INOCENCIA Y EL PRINCIPIO INDIBIO PRO REO

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

00728 2008 PHC/TC (Texto completo)

LA EXCARCELACIóN POR EXCESO DE DETENCIóN

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales El derecho a la debida motivación de las resoluciones Judiciales La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria El uso de la prueba indiciarla y la necesidad de inervación El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo La excarcelación por exceso de detención

03574 2007 PA/TC (Texto completo)

DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIóN Y PODER DISCIPLINARIO DE LAS ASOCIACIONES

Derecho a la libertad de asociación y poder disciplinario de las asociaciones Debido proceso ínter privatos o en sede corporativa particular

03574 2007 PA/TC (Texto completo)

DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIóN Y PODER DISCIPLINARIO DE LAS ASOCIACIONES

Derecho a la libertad de asociación y poder disciplinario de las asociaciones Debido proceso ínter privatos o en sede corporativa particular

03574 2007 PA/TC (Texto completo)

DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIóN Y PODER DISCIPLINARIO DE LAS ASOCIACIONES

Derecho a la libertad de asociación y poder disciplinario de las asociaciones Debido proceso ínter privatos o en sede corporativa particular

03574 2007 PA/TC (Texto completo)

DEBIDO PROCESO íNTER PRIVATOS O EN SEDE CORPORATIVA PARTICULAR

Derecho a la libertad de asociación y poder disciplinario de las asociaciones Debido proceso ínter privatos o en sede corporativa particular

05148 2007 PHC/TC (Texto completo)

ESPACIOS DE DOMINIO PúBLICO

ESPACIOS DE DOMINIO PÚBLICO

00835 2008 2 1308 SP CI 01 (Texto completo)

NATURALEZA JURíDICA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Naturaleza Jurídica de las Medidas Cautelares

08930 2006 PA/TC (Texto completo)

AGOTAMIENTO DE LA VíA PREVIA EN PROCESOS DE AMPARO EN MATERIA TRIBUTARIA, EN LOS CUALES EXISTA UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTICA INSTAURADO

Agotamiento de la vía previa en procesos de amparo en materia tributaria, en los cuales exista un procedimiento de ejecución coactiva instaurado. Límites a la potestad tributaria del Estado en materia de Impuestos- El inconstitucional Impuesto Mínimo a la Renta El inconstitucional Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta Impuesto Extraordinario a los Actos Netos Sobre el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) Naturaleza impositiva y constitucionalidad del ITAN

08930 2006 PA/TC (Texto completo)

LíMITES A LA POTESTAD TRIBUTARIA DEL ESTADO EN MATERIA DE IMPUESTOS CUYO INDICE GENERADOR DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA ERA LA RENTA

Agotamiento de la vía previa en procesos de amparo en materia tributaria, en los cuales exista un procedimiento de ejecución coactiva instaurado. Límites a la potestad tributaria del Estado en materia de Impuestos- El inconstitucional Impuesto Mínimo a la Renta El inconstitucional Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta Impuesto Extraordinario a los Actos Netos Sobre el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) Naturaleza impositiva y constitucionalidad del ITAN

08930 2006 PA/TC (Texto completo)

EL INCONSTITUCIONAL IMPUESTO MíNIMO A LA RENTA

Agotamiento de la vía previa en procesos de amparo en materia tributaria, en los cuales exista un procedimiento de ejecución coactiva instaurado. Límites a la potestad tributaria del Estado en materia de Impuestos- El inconstitucional Impuesto Mínimo a la Renta El inconstitucional Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta Impuesto Extraordinario a los Actos Netos Sobre el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) Naturaleza impositiva y constitucionalidad del ITAN

08930 2006 PA/TC (Texto completo)

EL INCONSTITUCIONAL ANTICIPO ADICIONAL AL IMPUESTO A LA RENTA

Agotamiento de la vía previa en procesos de amparo en materia tributaria, en los cuales exista un procedimiento de ejecución coactiva instaurado. Límites a la potestad tributaria del Estado en materia de Impuestos- El inconstitucional Impuesto Mínimo a la Renta El inconstitucional Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta Impuesto Extraordinario a los Actos Netos Sobre el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) Naturaleza impositiva y constitucionalidad del ITAN

08930 2006 PA/TC (Texto completo)

IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS ACTOS NETOS

Agotamiento de la vía previa en procesos de amparo en materia tributaria, en los cuales exista un procedimiento de ejecución coactiva instaurado. Límites a la potestad tributaria del Estado en materia de Impuestos- El inconstitucional Impuesto Mínimo a la Renta El inconstitucional Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta Impuesto Extraordinario a los Actos Netos Sobre el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) Naturaleza impositiva y constitucionalidad del ITAN

08930 2006 PA/TC (Texto completo)

SOBRE EL IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS (ITAN)

Agotamiento de la vía previa en procesos de amparo en materia tributaria, en los cuales exista un procedimiento de ejecución coactiva instaurado. Límites a la potestad tributaria del Estado en materia de Impuestos- El inconstitucional Impuesto Mínimo a la Renta El inconstitucional Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta Impuesto Extraordinario a los Actos Netos Sobre el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) Naturaleza impositiva y constitucionalidad del ITAN

08930 2006 PA/TC (Texto completo)

NATURALEZA IMPOSITIVA Y CONSTITUCIONALIDAD DEL ITAN

Agotamiento de la vía previa en procesos de amparo en materia tributaria, en los cuales exista un procedimiento de ejecución coactiva instaurado. Límites a la potestad tributaria del Estado en materia de Impuestos- El inconstitucional Impuesto Mínimo a la Renta El inconstitucional Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta Impuesto Extraordinario a los Actos Netos Sobre el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) Naturaleza impositiva y constitucionalidad del ITAN

08766 2006 PA/TC (Texto completo)

NO EXIGIBILIDAD DE LA REGLA DE AGOTAMIENTO DE LA VíA PREVIA

No exigibilidad de la regla de agotamiento de la vía previa

08766 2006 PA/TC (Texto completo)

ALCANCES DEL DERECHO DE ASOCIACIóN, CARACTERíSTICAS

Alcances del derecho de asociación, características

08766 2006 PA/TC (Texto completo)

NO EXIGIBILIDAD DE LA REGLA DE AGOTAMIENTO DE LA VíA PREVIA

No exigibilidad de la regla de agotamiento de la vía previa

08766 2006 PA/TC (Texto completo)

ALCANCES DEL DERECHO DE ASOCIACIóN, CARACTERíSTICAS

Alcances del derecho de asociación, características

00847 2008 0 1308 SP CI 01 (Texto completo)

VIA PROCEDIMENTAL IGUALMENTE SATISFACTORIA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO AL TRABAJO Y DERECHOS CONEXOS EN EL REGIMEN LABORAL PUBLICO

VIA PROCEDIMENTAL IGUALMENTE SATISFACTORIA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO AL TRABAJO Y DERECHOS CONEXOS EN EL REGIMEN LABORAL PUBLICO

03610 2008 PA/TC (Texto completo)

RESTRICCIONES AL LIBRE COMERCIO Y A LA LIBRE CONTRATACIóN EN SALVAGUARDA DEL DERECHO A LA VIDA Y A UN MEDIO AMBIENTE EQUILIBRADO

Vulneración del Principio de irretroactividad de la ley Restricciones al Libre Comercio y a la Libre Contratación en salvaguarda del derecho a la vida y a un medio ambiente equilibrado

03610 2008 PA/TC (Texto completo)

VULNERACIóN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

Vulneración del Principio de irretroactividad de la ley Restricciones al Libre Comercio y a la Libre Contratación

00847 2008 0 1308 SP CI 01 (Texto completo)

VIA PROCEDIMENTAL IGUALMENTE SATISFACTORIA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO AL TRABAJO Y DERECHOS CONEXOS EN EL REGIMEN LABORAL PUBLICO

VIA PROCEDIMENTAL IGUALMENTE SATISFACTORIA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO AL TRABAJO Y DERECHOS CONEXOS EN EL REGIMEN LABORAL PUBLICO

2008 4701 0 1706 05 (Texto completo)

TUTELA PROCESAL EFECTIVA

TUTELA PROCESAL EFECTIVA

2008 4701 0 1706 05 (Texto completo)

TUTELA PROCESAL EFECTIVA

TUTELA PROCESAL EFECTIVA

2007 03491 0 251 JR CI 3 (Texto completo)

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA

2007 03491 0 2501 JR CI 3 (Texto completo)

EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

2007 03491 0 2501 JR CR 3 (Texto completo)

TACHA DE MEDIOS PROBATORIOS

TACHA DE MEDIOS PROBATORIOS

2007 03491 0 2501 JR CI 3 (Texto completo)

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA

2007 03491 0 2501 JR CI 3 (Texto completo)

EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

2007 03491 0 2501 JR CI 3 (Texto completo)

TACHA DE MEDIOS PROBATORIOS

TACHA DE MEDIOS PROBATORIOS

2007 01037 0 1201 JM CI 2 (Texto completo)

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD

2007 01037 0 1201 JR CI 2 (Texto completo)

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD

2007 03489 0 2501 JR CI 02 (Texto completo)

EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

EXCEPCION DE LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

2007 03489 0 2501 JR CI 02 (Texto completo)

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA POR LA MATERIA

2007 03489 0 2501 JR CI 02 (Texto completo)

EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

2007 03489 0 2501 JR CI 02 (Texto completo)

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA POR LA MATERIA

01271 2008 PHC/TC (Texto completo)

COMPETENCIA DE TRIBUNALES EN MATERIA DE PROTECCION JUDICIAL DE DERECHOS HUMANOS

COMPETENCIA DE TRIBUNALES EN MATERIA DE PROTECCION JUDICIAL DE DERECHOS HUMANOS

03048 2007 PA/TC (Texto completo)

MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y OBLIGACION DEL ESTADO

MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y OBLIGACION DEL ESTADO

8626 2008 (Texto completo)

QUEJA

"No procede que el Tribunal Fiscal en vía de queja se pronuncie sobre la prescripción de la acción de la Administración Tributaría para determinar la obligación tributaría, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones, cuando ha sido opuesta al ejecutor coactivo al encontrarse la deuda tributaría en cobranza coactiva y éste le da trámite de solicitud no contenciosa.

02049 2007 PA/TC (Texto completo)

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS ESTATUTARIAS PRIVADAS (ASOCIACIONES)

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS ESTATUTARIAS PRIVADAS (ASOCIACIONES)

02049 2007 PA/TC (Texto completo)

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS ESTATUTARIAS PRIVADAS (ASOCIACIONES)

CONTROL DE INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS ESTATUTARIAS PRIVADAS (ASOCIACIONES)

2007 0160 0 2501 JM CI 01 (Texto completo)

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD

PRIMACIA DE LA REALIDAD

2007 1009 (i.11.g) (Texto completo)

REPOSICION DE TRABAJADOR VIA AMPARO

REPOSICION DE TRABAJADOR VIA AMPARO

2007 1009 (I-11.g) (Texto completo)

REPOSICION DE TRABAJADOR VIA AMPARO

REPOSICION DE TRABAJADOR VIA AMPARO

2007 0005 060501 JX01 (Texto completo)

REPOSICION, PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD

REPOSICION, PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD

03951 2007 PA/TC (Texto completo)

INTERES PUBLICO

INTERES PUBLICO

03951 2007 PA/TC (Texto completo)

FACULTAD MUNICIPAL DE CLAUSURAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

FACULTAD MUNICIPAL DE CLAUSURAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

03951 2007 PA/TC (Texto completo)

INTERES PUBLICO

INTERES PUBLICO

03951 2007 PA/TC (Texto completo)

FACULTAD MUNICIPAL DE CLAUSURAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

FACULTAD MUNICIPAL DE CLAUSURAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

3732 2006 TACNA (Texto completo)

ADQUISICION DE PROPIEDAD POR PRESCRIPCION

ADQUISION DE PROPIEDAD POR PRESCRIPCION

3732 2006 TACNA (Texto completo)

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

510 2007 LIMA NORTE (Texto completo)

MOTIVACION ESCRITA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

MOTIVACION ESCRITA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

626 2007 PIURA (Texto completo)

INTERPRETACION ERRONEA DEL ART. 91 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

INTERPRETACION ERRONEA DEL ART. 91 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

02 2007 LIMA (Texto completo)

BUENA FE REGISTRAL

BUENA FE REGISTRAL

02 2007 LIMA (Texto completo)

BUENA FE REGISTRAL

BUENA FE REGISTRAL

2074 2004 LAMBAYEQUE (Texto completo)

DERECHO DE RETENCION ART. 1127 DEL CODIGO CIVIL

DERECHO DE RETENCION ART. 1127 DEL CODIGO CIVIL

2074 2004 LAMBAYEQUE (Texto completo)

DERECHO DE RETENCION, ART. 1127 DEL CODIGO CIVIL

DERECHO DE RETENCION, ART. 1127 DEL CODIGO CIVIL

452 2007 LIMA (Texto completo)

INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS

INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS

909 2008 AREQUIPA (Texto completo)

DERECHOS PERSONALES VS. DERECHOS REALES

DERECHOS PERSONALES VS. DERECHOS REALES

1066 2007 AREQUIPA (Texto completo)

DECLARACION DE REBELDIA

Que, el artículo cuatrocientos cincuentiocho del Código Procesal Civil dispone que, si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado no lo hace, se le declarará rebelde; como puede advertirse, dicha norma no establece expresamente que el Juez deba declarar la rebeldía de oficio sino que se limita a señalar un presupuesto para la declaración de rebeldía, como es la falta de contestación de la demanda. La verificación del estado del proceso para la declaración de rebeldía no puede ser imputada únicamente al Juez, sino que corresponde ser incoado también a la parte interesada, a cuyo mérito e interés se ha iniciado y viene tramitando la causa para dar solución a sus pretensiones; en consecuencia, junto al deber de impulso oficial corre el deber de impulso a instancia de las partes y -particularmente en este último- la carga procesal del demandante de impulsar la evolución del proceso a través de sus diversas y sucesivas etapas; y siendo esto asi, no corresponde aplicar lo dispuesto en el inciso quinto del articulo trescientos cincuenta del Código Procesa! citado, desde que al A quo no le puede ser imputada la falta de expedición de la resolución que declare la rebeldía, pues correspondía a la parte interesada coadyuvar en la preclusión de las etapas procesales.

5290 2006 PASCO (Texto completo)

FALTA DE MOTIVACION

Es del caso tener presente que la motivación de las sentencias como vicio procesal tiene dos manifestaciones: 1) La falta de motivación; y, 2) La defectuosa manifestación, la cual de se divide en tres agravios procesales: a) Motivación aparente; b) Motivaron insuficiente; y, c) Motivación defectuosa en sentido estricto; en ese orden de ideas, la doctrina señala, según Olsen Ghirardi, que existen hasta tres tipos de vicios vinculados a la motivación, a saber, la motivación aparente, la cual se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuados o en hechos no ocurridos; la motivación insuficiente, que se presenta cuando vulnera el principio de la razón suficiente y la motivación propiamente defectuosa, la cual se da cuando el razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia. Los vicios o errores en el razonamiento son denominados en la doctrina como "errores in cogitando"

526 2007 LIMA (Texto completo)

INEFICACIA DE ACTO JURIDICO

La doctrina divide la ineficacia del acto jurídico en: a) Aquella motivada por la invalidez del acto jurídico (ineficacia estructural), donde el acto jurídico no produce efectos porque al momento de su concertación falta un elemento de su estructura o existe algún vicio, por ejemplo, la nulidad y !a anulabilidad de! acto jurídico; y, b) En aquella proveniente de causas extrañas a la estructura del acto jurídico (ineficacia funcional), donde el acto no obstante ser válido no produce todo o alguno de sus efectos por una causal extraña a su estructura como puede ser por una condición o el plazo, la resolución, la rescisión, el mutuo disenso, la reversión, etcétera. Por otra parte, la ineficacia puede ser dividida también en absoluta o relativa. Es absoluta porque "carece de efectos para toda persona por eso se le dice que una ineficacia era erga omnes. Por ejemplo, cuando el acto es nulo, la acción para la declaración de nulidad puede ser hecha valer por quienquiera que tenga interés, contra cualquiera" 2. Es relativa cuando "el acto no produce efectos en cuanto a determinadas personas, pero si con relación a otras. Los actos con ineficacia relativa se denominan inoponibles. Ejemplos: el matrimonio putativo, es inoponible al cónyuge (...) el acto celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades que se le ha conferido es ineficaz con relación al representado, pero el representante queda obligado frente al tercero con quién celebró el acto (art. 161) 3.

4452 2006 PIURA (Texto completo)

FALTA DE MOTIVACION

Que, lo expuesto es concordante con el criterio señalado por el Tribunal Constitucional, en cuanto establece en la sentencia número cuatro mil trescientos cuarenta y ocho-dos mil cinco-P A/TC que "como lo ha precisado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión".

2007-0156 2505 JM CI 01 (Texto completo)

PRESUNCION DE EXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO

Es preciso señalar que en autos debe determinarse la calidad de servicios prestados por el recurrente; en dicho contexto, se debe señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia de fecha 05 de octubre del 2004, emitida en el expediente signado con el número 1869-2 OQ4-AA/TC, ha establecido que; "Se presume la existencia de un contrato de trabajo cuando concurren tres elementos, la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración (prestación subordinada de servicios a cambio de una remuneración), es decir, el contrato de trabajo presupone el establecimiento de una relación laboral permanente entre el empleador y el trabajador, en virtud de la cual éste se obliga a prestar servicios en beneficio de aquél de manera diana, continua y permanente, cumpliendo un horario de trabajo"

2007 0233JMC (Texto completo)

REGLAMENTO DE LA ACCION DE CUMPLIMIENTO

El Tribunal Constitucional, en la sentencia vinculante recaída en el expediente número 0168-200Q5-PCITC; considera que para la procedencia del proceso de cumplimiento, además de acreditarse la renuencia del funcionario o autoridad pública, deberán tenerse en cuenta las características mínimas comunes del mandato de la norma legal, del acto administrativo y de la orden de emisión de una resolución o de un reglamento, a fin de que el proceso de cumplimiento prospere, puesto que de no reunir tales características, además de los supuestos contemplados en el articulo 70 del Código Procesal Constitucional, la vía del referido proceso no sería la idónea. En este orden de ideas, para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos: a) Ser un mandato vigente. b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. e) Ser incondicional. Adicional mente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá: f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante g) Permitir individualizar al beneficiario.

2007 0233JMC (Texto completo)

REGLAMENTO DE LA ACCION DE CUMPLIMIENTO

El Tribunal Constitucional, en la sentencia vinculante recaída en el expediente número 0168-2005-PCITC; considera que para la procedencia del proceso de cumplimiento, además de acreditarse la renuencia del funcionario o autoridad pública, deberán tenerse en cuenta las características mínimas comunes del mandato de la norma legal, del acto administrativo y de la orden de emisión de una resolución o de un reglamento, a fin de que el proceso de cumplimiento prospere, puesto que de no reunir tales características, además de los supuestos contemplados en el articulo 70 del Código Procesal Constitucional, la vía del referido proceso no sería la idónea. En este orden de ideas, para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos: a) Ser un mandato vigente. b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. e) Ser incondicional. Adicional mente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá: f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante g) Permitir individualizar al beneficiario.

1324 2007 LIMA NORTE (Texto completo)

DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA

Que, de otro lado, debe tenerse en cuenta que este Supremo Tribunal, en reiterada jurisprudencia sobre materia de desalojo, ha establecido como una de las obligaciones de la parte accionante, el acreditar la propiedad del inmueble cuyo desalojo pretende, la cual debe comprender no sólo el terreno sino además la edificación o fábrica levantada sobre el mismo. La Sala Superior ha establecido que el actor acredita la propiedad sobre el inmueble de mayor extensión en virtud al título de propiedad que obra a fojas seis y siete, siendo que el mismo se refiere a un lote de terreno, mientras que en las copias certificadas de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio -no analizadas por el Colegiado Superior- el demandado ha señalado que, a partir del año mil novecientos noventiuno "...con material del adobe y ladrillo, ha cercado de forma pública el terreno, dividiendo y techando su interior con planchas de esteras y vigas de caña de guayaquil, edificaciones a las que, con el transcurso del tiempo, se han agregado otras mejoras", refiriéndose con ello a la incorporación de los servicios públicos básicos. En tal sentido, resulta necesario que el Colegiado Superior se pronuncie debidamente sobre la propiedad del íntegro del inmueble, cuya restitución pretenden los demandantes, determinando si ésta comprende sólo un lote de terreno o, sino, también las construcciones levantadas sobre él, para lo cual puede emplear las facultades que le otorgan los artículos cincuenta inciso segundo y ciento noventicuatro del Código Procesal Civil

2008 423 0 1701 J CI 7 (Texto completo)

DESPIDO INCAUSADO

El Tribunal Constitucional atendiendo que uno de los aspectos del contenido esencial del derecho al trabajo que reconoce el articulo 22 de la Constitución Política del Estado, es la readmisión en el empleo derivados de despidos arbítranos o con infracción de determinados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o los tratados relativos a derechos humanos, que se generan, entre otros supuestos, en el despido incausado, en la STC N° 976-2001-AA/TC señala que: "Se produce el denominado despido incausado, cuando: Se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarte causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique"; por lo que resulta pertinente verificar si en e! caso propuesto se ha producido un despido con las características anotadas

2008 680 0 1701 J CI 6 (Texto completo)

DESNATURALIZACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

Desnaturalización de los contratos de trabajo.- En cuanto a este ámbito, el articulo 77, inciso d) del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR establece que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada, cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley." A su turno, el Tribunal Constitucional en jurisprudencia reiterada interpretando el dispositivo legal acotado precisa "Cabe señalar que, conforme al articulo 77° de ib misma norma, los contratos sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada si el trabajado/ contratado temporalmente demuestra que el contrato que suscribió se fundamentó en la existencia de simulación o fraude a las normas laborales, situación que se verifica cuando la causa, objeto y/o naturaleza de los servicios que se requieren contratar corresponden a actividades ordinarias y permanentes, y cuando, para eludir el cumplimiento de normas laborales que obligarían a la contratación por tiempo indeterminado, el empleador aparente o simula las condiciones que erige la ley para la suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad, cuya principal característica es la temporalidad. En tal sentido, un contrato suscrito sobre la base de estos supuestos se debe considerar como de duración indeterminada, y cualquier determinación por parte del empleador para la culminación de la lalación laboral sólo puede sustentarse en una causa justa establecida por la ley, de lo contrario se trataría de un despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial del derecho al trabajo, reconocido por el articulo 22° de la Constitución Política vigente"

2007 2100 0 1701 J CI 7 (Texto completo)

DESPIDO INCAUSADO

Que de conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. 976-2001-AA/TC. de fecha trece de marzo de dos mil tres, caso Eusebio Llanos Huasco, se produce el denominado despido incausado, cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique, resultando contraria dicha modalidad de despido respecto del articulo veintidós de la Constitución y demás conexos. Contrario sensu a lo expuesto, si el despido es incausado, fraudulento o nulo y se llega a verificar dicha condición en juicio, corresponderá conceder tutela en sede constitucional

2007 2100 0 1701 J CI 7 (Texto completo)

DESPIDO INCAUSADO

Que de conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. 976-2001-AA/TC. de fecha trece de marzo de dos mil tres, caso Eusebio Llanos Huasco, se produce el denominado despido incausado, cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique, resultando contraria dicha modalidad de despido respecto del articulo veintidós de la Constitución y demás conexos. Contrario sensu a lo expuesto, si el despido es incausado, fraudulento o nulo y se llega a verificar dicha condición en juicio, corresponderá conceder tutela en sede constitucional

05935 2007 PA/TC (Texto completo)

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD

En tal sentido, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte del comitente de impartir órdenes a quien presta el servicio, o en la fijación de un horario de trabajo para la prestación del servicio, entre otros supuestos, indudablemente se estará ante un contrato de trabajo, asi se le haya dada la denominación de contrato de locación de servicios. Es decir que si en la relación civil se encuentran los tres elementos atados, estaríamos indefectiblemente en presencia de una relación laboral; más aún, si se aprecia que el comitente ría ejercido los poderes que le son inherentes al empleador, como son el poder de dirección y el poder sancionador, se estará ante una relación laboral que ha sido encubierta como un contrato de naturaleza civil, por lo que es en este caso de aplicación el principio de primacía de la realidad.

2008 779 01701 J CI 10 (Texto completo)

REMUNERACION DEJADAS DE PERCIBIR Y DESPIDO ARBITRARIO

Que, en cuanto a la pretensión del actor para que se cancelen las remuneraciones dejadas de percibir aconsecuencia de su despido arbitrario, debe tenerse presente la jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional que establece que "la remuneración es una contraprestación por el trabajo efectivamente realizado", por lo que el extremo de la demanda no resulta amparable.

02339 2008 PA/TC (Texto completo)

CONTROL DIFUSO

Conforme se aprecia a fojas 3 de autos, mediante la resolución N° 18278-1999-ONP/DC 19990 de fecha 16 de julio de 1999, se otorgó pensión de viudez a favor de la demandante a partir del 2 de enero de 1999, es decir, con posterioridad a la derogación de la Ley N° 23908, por lo que dicha norma no resulta aplicable a su caso, consecuentemente, la pretensión referida al reajuste de la pensión de viudez también debe desestimarse.

14157 3 2008 (Texto completo)

IGV

"El plazo de sesenta días previsto por el articulo 88° delTexto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por DecretoLegislativo N° 953, es aplicable cuando la Administración Tributaria deba verificar una segunda declaración jurada rectificatoria que reduce el monto de la deuda tributaria, presentada en un procedimiento de fiscalización o verificación en curso, luego de haberse presentado en él, una primera declaración jurada rectificatoria que la incrementó y sobre cuya base, la Administración emitió la correspondiente orden de pago."

2008 00759 0 2501 JR CI 06 (Texto completo)

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO

Que, el Tribunal Constitucional, en la sentencia de fecha cinco de octubre del dos mil cuatro, emitida en el expediente signado con el número 1869-2004-AA/TC, ha establecido que; "Se presume la existencia de un contrato de trabajo cuando concurren tres elementos; la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración (prestación subordinada de servicios a cambio de una remuneración); es decir, el contrato de trabajo presupone el establecimiento de una relación laboral permanente entre el empleador y el trabajador, en virtud de la cual éste se obliga a prestar servicios en beneficio de aquél de manera diaria, continua y permanente, cumpliendo un horario de trabajo"; asimismo, en virtud del principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en todo nuestro ordenamiento; y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurre en la realidad y lo que aparece en los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos.

2008 00546 2801 JR PE 1 (Texto completo)

ALCANCES DEL HABEAS CORPUS

Al efecto es de señalar que el Tribunal Constitucional ha precisado en su sentencia dictada en el expediente número 1230-2002-HC/TC, respecto del uso de la acción constitucional de Hábeas Corpus lo siguiente:"No puede acudirse al Hábeas Corpus ni en él discutirse o ventilarse asuntos resueltos y que, como es la determinación de la responsabilidad criminal, son de incumbencia exclusiva de la justicia penal. El Hábeas Corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos reconocidos en la Constitución, no para revisar el modo como se han resuelto las controversias de orden penal que son las más adecuadas conforme a la legislación ordinaria. Que siendo así, el Hábeas Corpus, no puede ni debe de entenderse como una instancia más, en la cual los justiciables puedan intentar conseguir un resultado benévolo a su favor, que las irregulares procésales que refiere debieron ser observadas e impugnadas en su oportunidad dentro del proceso penal y no pretender después salvarlas o subsanarlas en un proceso constitucional, por lo que se puede concluir que el proceso constitucional de Hábeas Corpus, no sea; la vía idónea para intentar conseguir la nulidad de sentencias judiciales, siendo al efecto de considerar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 781-2002-HC/TC, publicada en el diario El Peruano el veintidós de setiembre del dos mil dos, página cinco mil trescientos setenta, que estableció "que no cabe cuestionar, mediante procesos constitucionales, el fondo de lo resuelto en un proceso determinado; una resolución Judicial sólo puede ser enjuiciada constitucionalmente cuando derive de un proceso irregular". Que conforme a lo señalado en el Artículo 25 de la Ley 28237, y siendo que en el caso de autos no se evidencia la vulneración o amenaza de derechos protegidos por el proceso de Hábeas Corpus, debe de confirmarse la sentencia apelada.

1706 08 (Texto completo)

ALCANCES DE LA ACCIÓN DE AMPARO

En tal contexto se tiene que el Tribunal Constitucional en las STC N° 0976-2001-AA fundamento 3 y STC N° 1417-2005-AA fundamento 37.f, ha establecido como precedentes vinculantes aplicables al presente caso: "que para que proceda un pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del derecho subjetivo concreto de que se trate debe encontrarse suficientemente acreditada", pues en el proceso de amparo "no se dilucida la titularidad de un derecho, como sucede en otros, sino sólo se restablece su ejercicio. Ello supone, como es obvio, que quien solicita tutela en esta vía mínimamente tenga que acreditarla titularidad del derecho constitucional cuyo restablecimiento invoca, en tanto que este requisito constituye un presupuesto procesal, a lo que se suma la exigencia de tener que demostrar la existencia del acto reclamado "^ en otras palabras corresponde al demandante acreditar fehacientemente la titularidad del derecho constitucional invocado; y copulativamente demostrar la existencia de la amenaza o violación de su derecho constitucional, esto es, que la amenaza sea cierta y de inminente realización

57751 2005 0 1801 JR CI 01 (Texto completo)

IURA NOVIT CURIA CONSTITUCIONAL

Si bien es cierto que el petitorio de la demanda, pretende se declare inaplicable la Resolución N° 006-2005-CE-CAL de fecha once de noviembre de dos mil cinco, ello se hizo, por desconocimiento de la existencia de las Resoluciones N° 018- j 2005-CE-CAL y 033-2005-CE-CAL que fueron notificadas con posterioridad a la interposición de la demanda. Tal como lo hiciera el Tribunal Constitucional en la Sentencia de fecha veinte de abril de dos mil cinco, recaída en el Expediente, N° 708-2005-PA/TC, en los seguidos por V.S. Repuestos de Calidad , Sociedad Anónima Cerrada, debe interpretarse el petitorio de la demanda con un alcance mucho más amplio que el establecido expresamente en su contenido, asumiendo que lo que se solicita, en el fondo, es la inaplicabilidad de las Resoluciones N° 006-2005-CE-CAL, N" 018-2005-CE-CAL y 033-2005-CAL. Este modo, de raciocinio, por lo demás, encuentra plena justificación en el principio fura novit curia previsto en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional, máxime si de los hechos de la demanda y contestación de la litisconsorte, y los diversos escritos presentados, por la accionante, se advierte que se cumplió con el contradictorio Tal como lo hiciera el Tribunal Constitucional en la Sentencia de fecha dieciocho de enero de dos mil cinco, recaída en el Expediente N° 3051-2004-AA/TC en los seguidos por Delfín Gregorio Asto, Huarcaya2, el Juez, como director del proceso, identifica la norma, legal aplicable antes de emitir sentencia, lo que no implica, en ningún caso, la modificación del objeto de la pretensión o de los términos de la demanda; es decir, que ello no puede suponer que funda su decisión en hechos distintos de los que han sido alegados por las partes, ya que el, contradictorio constitucional ha girado en torno a las Resoluciones , N° 006-2005-CE-CAL, N° 018-2005-CE-CAL y 033-2005-CE-CAL.

57751 2005 0 1801 JR CI 01 (Texto completo)

VULNERACION DE LA LIBERTAD DE ASOCIACION

Conforme al artículo 20° de la Constitución "los Colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria". En la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil cuatro, recaída en el Expediente N° 1027-2004-AA/TC, en los seguidos por don i Melquíades Cruz Huamán, el Tribunal Constitucional ha establecido que en los colegios profesionales puede darse un supuesto de asociación compulsiva (fundamentos 4 y 5)8. En el caso de los abogados, la colegiación es obligatoria por mandato legal. En el caso de autos también se ha vulnerado la libertad de "asociación de la accionante, consagrada en el artículo 2 inciso 13 «de la Constitución cuyo contenido esencial comprende el derecho de elegir y ser elegido, y en el caso de autos de manera arbitraria se impedido la posibilidad ser elegida como Delegada ante la Asamblea General del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.

57751 2005 0 1801 JR CI 01 (Texto completo)

MOTIVACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

Sobre la motivación de las resoluciones administrativas, El Tribunal Constitucional ha establecido que: "30. El inciso 1.2) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, del Procedimiento Administrativo General, establece que forma parte del debido procedimiento administrativo el derecho del administrado a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Dicha motivación debe efectuarse en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, en concordancia con lo establecido por en numeral 4) del artículo 3° de la citada ley. 31. Al respecto, la Defensoría del Policía, en el citado Informe N° 002-2003-IN/DOR-ODPDH-04, precisa que con la motivación los afectados por un acto administrativo pueden saber con que sustento se emitió éste, información indispensable y a la que el administrado tiene derecho en virtud al apartado 6.1 del artículo 6° de la Ley N° 27444, que indica que: "La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado". Asimismo, la motivación debe otorgar seguridad jurídica al administrado y permitir al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento; para ello no se debe utilizar las citas legales abiertas, que sólo hacen referencia a normas en conjunto como reglamentos o leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o análisis de la autoridad, como lo establece el apartado 6.3 del artículo 6° de la norma invocada, que dispone que "no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de Fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto". En el referido informe se cita a Eduardo García de Enterría y a Ramón Fernández, los cuales sostienen que "(...) La motivación es un medio técnico de control de la causa del acto. Por ello no es un simple requisito meramente formal, sino de fondo; la motivación ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión (...) motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge Por ello motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y, en segundo lugar, a razonar cómo tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto (...) la ley obliga a la administración a motivar sus decisiones, lo que quiere decir, hacer públicas las razones de hecho y de derecho en los cuales las mismas se apoyan". 32. Es en ese sentido que la Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial N° 56, señala "(...) que con la práctica de pasar a retiro por renovación sin una adecuada motivación se estaría truncando la carrera militar o policial de numerosos oficiales, lo que podría ocasionar distorsiones en la adecuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a los valores que sustentan la democracia (...)". 33. La motivación es, pues, uno de los requisitos esenciales del acto administrativo. Su omisión es sancionada con la invalidez del acto, según lo prescribe el inciso 4) del artículo 3° de la mencionada Ley N° 27444. En concordancia con ello, el inciso 2) del artículo 10" de la norma invocada preceptúa que el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez -como lo es la falta de motivación- es un vicio del acto administrativo, que causa su nulidad de pleno derecho. 34. Es por ello que este Tribunal Constitucional reitera que un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, como ya se ha dicho, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente alampara de qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada"3.

58957 2005 0 1801 JR CI 01 (Texto completo)

CAMBIO DE NOMBRE

El Tribunal Constitucional ha establecido que: "Una vez que se asigna una cierta denominación a cada individuo, surge la necesidad de que éste conserve el nombre que se le ha dado. Su eventual modificación podría generar confusión e impediría la identificación de la persona. De ahí que el titular tenga también el deber de mantener la designación que le corresponde. Por ello, como regla general se ha establecido que nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones. Sin embargo, existe una excepción, que se presenta cuando existen motivos justificados y media una autorización judicial, publicada e inscrita. Por ejemplo, se puede decir que una persona tiene un motivo justificado para realizar cambio de nombre cuando se le ha asignado uno extravagante o ridículo, que sea móvil para la burla de terceras personas, con la consiguiente afectación de su tranquilidad y bienestar. Asimismo, podría proceder el cambio de nombre de una persona que es homónima de un avezado y famoso delincuente o de una persona que ha sufrido escarnio público, pues tales coincidencias le impedirían realizar normalmente sus actividades cotidianas, por las continuas discriminaciones o temores de los que sería víctima. Estos cambios de nombre deben ser debidamente garantizados por la publicidad, con la finalidad de que las personas que se sientan afectadas con tales hechos puedan impugnarlos oportunamente en sede judicial. El artículo 828° del Código Procesal Civil vigente regula la rectificación de nombre, con trámite en vía no contenciosa, ante un Juzgado de Paz Letrado, pretensión que no puede equipararse a la de cambio de nombre, pues rectificar significa subsanar un error u omisión, generalmente involuntarios, en que se incurrió al consignarse el nombre civil en la respectiva partida de nacimiento. Por el contrario, con el cambio de nombre, lo que se pretende es cambiar una denominación personal, en mérito a ciertas motivaciones, a lo que accederá el Juez si encuentra que los motivos son justificados1".

P.A. 2597 2007 LAMBAYEQUE (Texto completo)

VALORACION DE MEDIOS PROBATORIOS

Conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente número 6712-2005-HC/TC del diecisiete de octubre del dos mil cinco, existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. Por ello, el contenido del derecho a la prueba se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que éstos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia.

P.A. 2597 2007 (Texto completo)

VALORACION DE MEDIOS PROBATORIOS

Conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente número 6712-2005-HC/TC del diecisiete de octubre del dos mil cinco, existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. Por ello, el contenido del derecho a la prueba se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que éstos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia.

1277 2008 (Texto completo)

AMPARO CONTRA AMPARO

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente número 4609-2005-PA/TC, de fecha diecisiete de octubre del dos mil cinco, ha precisado que al encontrarse ante el supuesto de lo que comúnmente se denomina "amparo contra amparo", ya en anteriores ocasiones se ha sostenido que resulta posible interponer un amparo contra otro amparo; entre otras razones, cuando en el primer proceso se haya lesionado "aspectos estrictamente formales del debido proceso", precisando además, que la posibilidad del "amparo contra amparo" tiene fuente constitucional directa en el segundo párrafo del inciso 2 del artículo 200 de la propia Constitución, donde se establece que el amparo no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.

14 (Texto completo)

EFICACIA HORIZONTAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Como se ha dicho, esta eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados se deriva del concepto de Constitución como Ley Fundamental de la Sociedad, que en nuestro ordenamiento se encuentra plasmado a través del artículo 1° de la Constitución de 1993, que pone énfasis en señalar que "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado" Se trata, además, de una consecuencia que se deriva, en todos sus alcances, del propio artículo 38º de la Constitución, según el cual "Todos los peruanos tienen el deber (...) de respetar, cumplir (...) la Constitución (...)". Con dicho precepto constitucional se establece que la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones entre los particulares con el Estado, sino también a aquéllas establecidas entre particulares. De manera que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza reguladora de las relaciones jurídicas, se proyecta también a las establecidas entre particulares, por lo que cualquier acto proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho privado, que pretenda conculcarlos o desconocerlos, deviene inexorablemente en inconstitucional.

2008 03 JUTC (Texto completo)

DETENCION JUDICIAL PREVENTIVA

Es preciso indicar que el Tribunal Constitucional, ha señalado que si bien la detención judicial preventiva constituye una medida que limita la libertad física, por si misma, ésta no es inconstitucional. Sin embargo por el hecho de tratarse de una medida que restringe la libertad locomotora dictada pese a que, mientras, no exista sentencia condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia; cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la última rallo a la que el juzgado debe apelar, esto es, solo puede dictarse en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general (Exped. N°- 1091-2002-HC/TC. Vicente Ignacio Silva Checa). Que como todo derecho fundamental, el de la libertad personal tampoco es un derecho absoluto, pues como lo establecen los ordinales a) y b) del inciso 24 del artículo segundo de la Constitución, aparte de ser regulados pueden ser restringidos o limitados mediante ley. Ningún derecho fundamental en efecto puede considerarse ilimitado en su ejercicio; advirtiéndose de autos que el demandante se encuentra privado de su libertad desde el 23 de octubre dos mil ocho, en razón de un mándalo judicial por la comisión del delito de Violación Sexual de Menor, resolución expedida dentro de un proceso penal regular; en la cual tiene que haber la observancia de la legalidad, y que se encuentre debidamente motivada por la norma que la ampara así como pY tratándose de la detención judicial, dos son j en ese sentido, las características que debe tener la motivación I de la detención judicial preventiva. En primer lugar, tiene que ser" suficiente "; esto es, debe expresar, por si misma, las condiciones de hecho y derecho que sirven para dictarla o mantenerla. En segundo termino, debe ser " razonada ", en el sentido de que en ella se observe la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los aspectos que justifican la adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si es arbitraria por injustificada y, eso es lo que se trata de evaluar. QUINTO : El Hábeas Corpus, es un mecanismo de tutela sumarísima or los fundamentos esgrimidos para resolver.

2008 03 JUTC (Texto completo)

DEBIDO PROCESO

EL DEBIDO PROCESO tiene a su vez, dos expresiones: Una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen I que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. (Exped. N°-2521-2005-HC, 14/11/05 P.FJ.6). Que respecto al contenido del derecho al debido proceso, del derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos.

2008-03-JUTC (Texto completo)

REQUISITO PARA INTERPONER HABEAS CORPUS

Constituye además, requisito de procedibilidad para interponer la acción de hábeas corpus (el que se interponga entre otros contra una resolución Judicial firme, es decir que en la vía penal correspondiente el demandante debe haber agotado los recursos impugnatorios contra la resolución que cuestiona y ello es así en atención a lo prescrito en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, tal como se ha señalado en el sexto considerando de la presente sentencia. De las copias presentadas por el juez demandad se aprecia que con fecha veintiocho de Octubre dos mil ocho, del año en curso se concedió recurso de apelación interpuesto por el ahora demandante contra la resolución número dos, fechada el veintitrés de octubre del año en curso, en el extremo que se dispone la prisión preventiva de Polinario Ricardo Tapia Ortigozo; lo que demuestra que en el propio proceso penal que se sigue al accionante se viene respetando su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que esta haciendo valer los recursos que la Constitución y las leyes correspondientes establecen. Por lo que siendo ello así aún, no nos encontramos ante una resolución judicial firme, en consecuencia es prematuro acudir al Hábeas Corpus, tal como lo ha hecho el demandante. Mas aún si en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha dejado claramente establecido que ésta no es instancia en la que se pueda emitir un pronunciamiento dentro de un proceso judicial, toda vez que estos deben ser resueltos en la misma jurisdicción penal ordinaria, debiéndose tener presente que el Hábeas Corpus por su propia naturaleza es una acción excepcional y de última ratío, de último recurso contra la arbitrariedad, no constituyendo una supra instancia ni un medio para revisar fallos o resoluciones judiciales o evitar expedir una sentencia (Exped. N°- 2008- 00392-0-1706-JR-PE-2 " El Peruano" 10 Julio 08)." ...estos no pueden interponerse si ya se ha hecho uso de una vía procesal ordinaria para exigir protección de un derecho. Invocar a posteriori o en paralelo, al unísono, lo que ya estoy pretendiendo en la justicia común, acarrea inevitablemente la improcedencia del proceso constitucional interpuesto "

00581 2007 PA/TC (Texto completo)

REGIMENES LABORALES DIFERENTES/IMPOSIBILIDAD DE ACUMULACION

“La Constitución Política vigente establece en su Tercera Disposición Final y Transitoria que: “En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública, en ningún caso, y bajo ningún concepto, pueden acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario”. Este mandato es, por tanto, taxativo y proceder de otro modo significaría contravenir la Constitución, (…) La recurrente se encuentra afiliada al Sistema Privado de Pensiones – AFP Unión Vida, y en consecuencia, no es posible admitir su pedido de reincorporación al Régimen Pensionario del Decreto Ley Nº 20530 dentro del Sistema Nacional de Pensiones, en tanto se trata de dos regímenes diferentes e incompatibles por naturaleza, máxime si la recurrente no se ha desafiliado de la AFP con la cual firmó un contrato de afiliación.”

00605 2008 PA/TC (Texto completo)

LIBERTAD DE TRANSITO EN PERSONAS JURIDICAS

Por otra parte, el impedimento de desplazamiento cuestionado también afecta la facultad de "disposición de la propiedad que detenta la empresa. Los actos de disposición de una propiedad inmueble como un terreno se hallan precedidosgeneralmente por visitas de los eventuales compradoresconjuntamente con el propietario a efectos de apreciar sus condiciones. Por ello, estas visitas constituyen actos importantes para que pueda realizarse el acto de disposición de la propiedad. Por tal razón, el impedimento de desplazamiento hacia dicho terreno representa una afectación o perturbación a la facultad de "disposición" de la empresa recurrente. En síntesis, el impedir el ingreso de los miembros de la empresa o de cualquiera otra qué y realice una gestión en relación a la propiedad de esta ocasiona una afectación o perturbación en el derecho de propiedad de aquella.

00605 2008 PA/TC (Texto completo)

AFECTACION AL DERECHO DE PROPIEDAD

El derecho de propiedad no es un derecho absoluto desde el momento en que su reconocimiento se realiza en un ordenamiento donde coexisten otros derechos fundamentales, pero también una serie de bienes (principios y valores) constitucionalmente protegidos. En algunas oportunidades, dichos límites son implícitos; en otras explícitos (se encuentran reconocidas de modo expreso), Así, el artículo 70 de la Ley Fundamental señala que el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. En ese sentido, la persona propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y sus productos, y darle destino y condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley.

03784 2008 PHC/TC (Texto completo)

MANDATO DE DETENCION PREVENTIVA

Sin embargo, tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento la medida debe ser más estricta, pues sólo de esa manera posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaría y proporcional de la detención judicial preventiva. Dos son, en ese sentido, las características que debe tener la motivación de la detención judicial preventiva.

03784 2008 PHC/TC (Texto completo)

DETENCION JUDICIAL PREVENTIVA

Sin embargo, tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento la medida debe ser más estricta, pues sólo de esa manera posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaría y proporcional de la detención judicial preventiva. Dos son, en ese sentido, las características que debe tener la motivación de la detención judicial preventiva.

04675 2007 PHC/TC (Texto completo)

IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES

Como lo ha señalado este Tribunal Constitucional (Cfr. Exp N° 004-2006-PI/TC fund 20), el principio de imparcialidad posee dos dimensiones: a) Imparcialidad subjetiva. Se refiere a evitar cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso. b) Imparcialidad objetiva. Está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable.

579 2008 PA/TC (Texto completo)

AMPARO CONTRA NORMAS

"(...) cabe distinguir entre aquellas normas cuyo supuesto normativo en sí mismo genera una incidencia directa sobre la esfera subjetiva de los individuos (v.g. el artículo 1° del derogado Decreto Ley N° 25446: "Cesar, a partir de la fecha, a los Vocales de las Cortes Superiores de los Distritos Judiciales de Lima y Callao que se indican, cancelándose los Títulos correspondientes: (...)"), y aquellas otras que determinan que dicha incidencia se producirá como consecuencia de su aplicación obligatoria e incondicionada (v.g. el artículo 2° del Decreto Ley N° 25454: "No procede la Acción de Amparo dirigida a impugnar directa o indirectamente los efectos de la aplicación del Decretos Leyes N°s. 25423, 25442 y 25446"). En el primer caso, el amparo contra la norma procederá por constituir ella misma un acto (normativo) contrario a los derechos fundamentales. En el segundo, la procedencia del amparo es consecuencia de la amenaza cierta e inminente a los derechos fundamentales que representa el contenido dispositivo inconstitucional de una norma inmediatamente aplicable (Exp. 04677-2004-AA FJ De 2 a 4)".

579 2008 PA/TC (Texto completo)

DERECHO DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES

El derecho a la ejecución de resoluciones ha sido comprendido por este Colegiado como parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela judicial. En efecto, en la Sentencia 0015-2001-AI, 0016-2001-Al y 004-2002-AI este Colegiado ha dejado establecido que “[e]l derecho a la ejecución de resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (...). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido." [Fundamento jurídico 11°]. En esta misma línea de razonamiento hemos precisado en otra sentencia que, "la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela", reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que, "el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la " Constitución" (STC 4119-2005-AA/TC FJ. 64).

02593 2006 PHC/TC (Texto completo)

DERECHO A LA IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

El derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la aplicación de la ley. Mientras la primera constituye un límite al legislador, la igualdad en la aplicación de la ley se configura como límite al accionar de los órganos jurisdiccionales o administrativos, exigiendo que los mismos, al momento de aplicar las normas jurídicas, no atribuyan distintas consecuencias jurídica a dos supuestos de hecho que sean sustancialmente iguales (Cfr. Exp. N° 0004-2006-PI/TC, Funds 123-124). EI presente caso se configura como uno de igualdad en la aplicación de la ley.

03343 2007 PA/TC (Texto completo)

DERECHO A UN AMBIENTE EQUILIBRADO

El derecho al ambiente equilibrado y adecuado participa tanto de las propiedades de los derechos reaccionales -libertad negativa (de no dañar el medio ambiente)- como de los derechos prestacionales -libertad positiva (evitar, proteger y/o reparar los daños inevitables que se produzcan)-. En su faz reaccional, se traduce en la obligación de los particulares y del Estado de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. En su dimensión prestacional, impone a los particulares y al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades.

03343 2007 PA/TC (Texto completo)

MEDIO AMBIENTE Y CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA

Tomando en cuenta doctrina y jurisprudencia constitucional comparada se ha denominada al conjunto de disposiciones de la, Carta fundamental, referidas a las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente, Constitución Ecológica (STC 3610-2008-PA/TC, fundamento 33). Así, el artículo 66 de la Constitución establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento.

03343 2007 PA/TC (Texto completo)

MEDIO AMBIENTE Y CONSTITUCIÓN ECOLOGICA

Tomando en cuenta doctrina y jurisprudencia constitucional comparada se ha denominada al conjunto de disposiciones de la, Carta fundamental, referidas a las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente, Constitución Ecológica (STC 3610-2008-PA/TC, fundamento 33). Así, el artículo 66 de la Constitución establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento.

03343 2007 PA/TC (Texto completo)

PRINCIPIO DE PREVENCIÓN

"(...) este principio de prevención se desprende de la faz prestacional inherente al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, lo que ha sido concretizado por el legislador ordinario. En tal sentido, es ineludible el deber del Estado de prevenir adecuadamente los riesgos ante los cuales se encuentra el ecosistema, así como los daños que se pueden causar al ambiente como consecuencia de la intervención humana, « en especial en la realización de una actividad económica. Más aún, el principio de prevención obliga al Estado a ejecutar acciones y adoptar medidas técnicas que tengan como fin evaluar los posibles daños que se pueda ocasionar al medio ambiente".

03343 2007 PA/TC (Texto completo)

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

"El modelo del Estado Social y -Democrático de Derecho representa un nivel de desarrollo mayor que el del Estado Liberal (...) En ese marco, la otrora relación liberal del individualismo frente al Estado y la relación social del Estado como garante del bienestar general se complementan con la constitucíonalización de la economía y de la tutela del medio ambiente y los recursos naturales En esta perspectiva es que la empresa privada, como expresión de un sector importante de la sociedad, tiene especial responsabilidad frente al Estado. La Economía Social de Mercado condiciona la participación de los grupos económicos en armonía con el bien común y el respeto del interés general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un espacio donde se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en detrimento de los bienes jurídicos protegidos constitucionalmente. En el Estado Social y Democrático de Derecho el crecimiento económico no puede ni debe reñirse con el derecho a la plenitud de la vida humana; no puede superponerse al resguardo de la dignidad de la persona, que constituye la prioridad no sólo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. Lo "social" se define aquí desde tres dimensiones: como mecanismo para establecer legítimamente algunas restricciones a la actividad de los privados; como una cláusula que permite optimizar al máximo el principio de solidaridad, corrigiendo las posibles deformaciones que pueda producir el mercado de modo casi "natural", permitiendo, de este modo, un conjunto de mecanismos que permitan al Estado cumplir con las políticas sociales que procuren el bienestar de todos los ciudadanos; y, finalmente, como una fórmula de promoción del uso sostenible de los recursos naturales para garantizar un ambiente equilibrado v adecuado al desarrollo de la vida" (subrayado agregado) (STC 0048-2004-AI/TC).

03343 2007 PA/TC (Texto completo)

COMUNIDADES NATIVAS

Sobre el derecho a la identidad étnica, es pertinente precisaos, que de acuerdo a lo expresado por este Tribunal Constitucional, el derecho a la identidad étnica es una especie del derecho a la identidad cultural (sentencia del Expediente 0006-2008-PI/TC fundamento 21). Aquel consiste en la facultad que tiene la persona que pertenece a un grupo étnico determinado de ser respetadas, en las costumbres y tradiciones propias de la etnia a la cual pertenece, evitándose con ello que desaparezca la singularidad de tal grupo. Esto es, el derecho de la etnia a existir, de conformidad con la herencia de los valores de sus ancestros y bajo símbolos e instituciones que diferencian a tal comunidad de las demás. Asimismo, el reconocimiento de tal derecho "supone que el Estado social y democrático de Derecho está en la obligación de respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad y pluralismo cultural, [...]." (HABERLE, Peter. Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura. Tecnos, Madrid; 2000, p. 34).

03742 2007 PHC/TC (Texto completo)

NATURALEZA JURIDICA DE LOS DOCUMENTOS

1. En líneas generales un documento puede ser definido como aquel escrito en el que constan datos o se recoge información de tipo fidedigna, la cual puede ser utilizada con la intención de probar algún hecho. Asimismo, constituye un hecho pacífico que, dada la naturaleza de los documentos, estos son considerados como públicos o privados. 3. En el caso del Perú, nuestra legislación procesal civil ha señalado que un documento es público cuando es "otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones". De igual manera, el legislador también advierte expresamente que constituye un documento público "la escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, según la ley de la materia". Y, en cuanto al valor que pudieran tener las copias, éstas serán consideradas como originales siempre y cuando estén certificadas por un auxiliar jurisdiccional, notario público o fedatario, según corresponda

03523 2008 PHC/TC (Texto completo)

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

Conforme a lo señalado anteriormente por este Tribunal [Cfr. Exp. Nº 1805-2005-HC/TC Máximo Humberto Cáceda Pedemonte], la prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius punendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de ella. Dicho de otro modo, en una Norma Fundamental inspirada en el principio pro hómine, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora, en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva; orientación que se funda en la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y se abandone el castigo de quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente, consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica.

EXPEDIENTE Nº 7953 2006 PA/TC (Texto completo)

DESVINCULACIÓN DE ASOCIACIÓN

La condición de asociado deja de existir desde el momento en que éste dejó constancia expresa de su decisión libre y voluntaria de desvincularse de la asociación demandada y no hasta el momento en que la asociación acepte la renuncia del recurrente.

EXPEDIENTE Nº 00003 2007 PC/TC (Texto completo)

CONFLICTO COMPETENCIAL

“El dominio público es una técnica de intervención mediante la que se afectan a una finalidad pública determinada (...) -ya sea el uso o el servicio público-(...) ciertos bienes de titularidad pública (...), dotándoles de un régimen jurídico de protección y utilización de Derecho Administrativo. En consecuencia, tres son los elementos que configuran la relación jurídica de dominio público. El primero: la titularidad pública de los bienes que la LPE (art.1) quiere definir como propiedad. Pero esta calificación jurídica es lo que menos importa, pues en todo caso se trata de una titularidad dominical de naturaleza sui géneris. El segundo, la afectación de los bienes objeto del dominio público a una finalidad o utilidad pública (...). El tercero, (...); la aplicación de un régimen especial administrativo de protección y uso de bienes".

EXPEDIENTE N° 2008 1169 O 2501 JR CI 01 (Texto completo)

VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES - LABORALES

"El vínculo laboral mantenido por la actora tuvo una duración mayor al plazo establecido como período de prueba, a tenero del artículo 10 de la LPCL, la extinción del contrato de trabajo debió sustentarse en una de las causas previstas en el artículo 16 del citado texto legal, implicando entonces que la ruptura unilateral de la relación de trabajo efectuada por la demanda... configura un despido incausado, conforme a los lineamientos sentados en la sentencia número 976-2001-AA/TC, el mismo que vulnera el derecho al trabajo reconocido en el artículo 22 de la Constitución y el principio de primacía de la realidad implícitamente reconocido en aquél y en el artículo 23 de la Carta Magna".

EXPEDIENTE Nº 3315 2004 AA/TC (Texto completo)

DERECHOS FUNDAMENTALES NO ENUMERADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Los derechos de acceso al mercado, la libertad de elección e igualdad de trato, el derecho a la asociación en pro de la defensa corporativa de los consumidores y usuario, la protección de los intereses económicos, el derecho a la reparación por los daños y perjuicios y al derecho a la pluralidad de oferta forman parte del repertorio constitucional.

EXPEDIENTE N° 05427-2008-PA/TC (Texto completo)

PROCEDIMIENTO PARA IMPUGNAR DECISIONES DEL TRIBUNAL FISCAL

“El proceso de amparo “ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución”. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario (4196-2004-PA/TC, fundamento 6).”

EXPEDIENTE N° 05427-2008-PA/TC (Texto completo)

PROCEDIMIENTO PARA IMPUGNAR DECISIONES DEL TRIBUNAL FISCAL

“El proceso de amparo “ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución”. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario (4196-2004-PA/TC, fundamento 6).”

H.C. N° 62 07 (Texto completo)

VALORACION DE MEDIOS PROBATORIOS EN PROCESOS CONSTITUCIONALES

Los temas de probanza no pueden ser valorados en instancia constitucional en tanto exite un proceso penal abierto en donde se podría optar por los mecanismos procesales que convengan a las partes.

H.C. N° 62-07 (Texto completo)

VALORACION DE MEDIOS PROBATORIOS EN PROCESOS CONSTITUCIONALES

Los temas de probanza no pueden ser valorados en instancia constitucional en tanto exite un proceso penal abierto en donde se podría optar por los mecanismos procesales que convengan a las partes.

EXPEDIENTE N° 005 08 H.C. (Texto completo)

PROLONGACION DEL PLAZO DE DETENCION

Se requiere para que opere la prolongación de la detención automotivado, a solicitud del fiscal y con conocimiento del inculpado.

EXPEDIENTE N° 005 08 H.C. (Texto completo)

PROLONGACION DEL PLAZO DE DETENCION

Se requiere para que opere la prolongación de la detención automotivado, a solicitud del fiscal y con conocimiento del inculpado.

EXPEDIENTE Nº 06216 2008 PA/TC (Texto completo)

CONTRATOS DE TRABAJO

"El TC mediante la STC 1874-2002 AA/TC precisó que hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la contratación de duración determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando las labores que se van a prestar (objeto del contrato), son de naturaleza temporal o accidental".

EXPEDIENTE Nº 06216 2008 PA/TC (Texto completo)

CONTRATOS DE TRABAJO

"El TC mediante la STC 1874-2002 AA/TC precisó que hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la contratación de duración determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando las labores que se van a prestar (objeto del contrato), son de naturaleza temporal o accidental".

EXPEDIENTE N° 06817 2008 AA/TC (Texto completo)

RECTIFICACION DE INFORMACION PERIODISTICA, AFECTACION AL DERECHO DE PRESUNCION DE INOCENCIA Y VIOLACION DEL DERECHO AL HONOR, BUEN NOMBRE Y REPUTACION

a) El derecho a la rectificación fluje cuando se produce una información falsa o inexacta. Es decir, solo se podrá dar cuando la información publicada o difundida no corresponde en absoluto con la verdad (falsedad) o cuando se ajuste solo en parte a ella (inexactitud). b) La garantía de presunción de inocencia establece límites al accionar del Estado y del sistema de administración de justicia, con el fin de evitar una estigmatización de la persona ante la opinion pública. c) El derecho a la buena reputación, es en esencia un derecho que se deriva de la personalidad y, en principio, se trata de un derecho personalísimo. Por ello su reconocimiento está vinculado con el ser humano.

2009 2929 0 1707 JR PE 4 (Texto completo)

TIPOS DE HABEAS CORPUS

El TC ha establecido con criterio metodológico, una clasificación de los tipos de habeas corpus cconsideando entre ellos el habeas corpus reparador, el habeas corpus restringido, el habeas corpus correctivo, el habeas corpus instructivo el habeas corpus innovativo y el habeas corpus conexo. "Habeas corpus reparador es definido por la doctrina y por jurisprudencia como aquél que procede ante detenciones arbitraria, comprendiendo la privación ilegal arbitraria de la libertad en mérito a una orden policial de un mandato judicial ..."

2009-2929-0-1707 (Texto completo)

TIPOS DE HABEAS CORPUS

El TC ha establecido con criterio metodológico, una clasificación de los tipos de habeas corpus considerando entre ellos el habeas corpus reparador, el habeas corpus restringido, el habeas corpus correctivo, el habeas corpus instructivo el habeas corpus innovativo y el habeas corpus conexo. "Habeas corpus reparador es definido por la doctrina y por jurisprudencia como aquél que procede ante detenciones arbitraria, comprendiendo la privación ilegal arbitraria de la libertad en mérito a una orden policial de un mandato judicial ..."

2007-6487-1701-J-CI-4 (Texto completo)

HABEAS DATA

El TC ha precisado los tipos de Habeas Data: 1 Hábeas Data Puro: repara agresiones contra la manipulación de datos personalísimos almacenados en bancos de información, computarizados o no. 1.2 Hábeas Data Manipulador: No tiene como propósito el conocimiento de la información solicitada sino su modificación. 1.2.2. Hábeas Data Correctivo: tiene como objeto modificar los datos imprecisos y cambiar o borrar los falsos. 2 Hábeas Data Impuro: solicita auxilio jurisdiccional para recabar una información pública que es negada al agravado.

423-2008 (Texto completo)

CONTRATO DE TRABAJO Y DESPIDO ARBITRARIO

“Se presume la existencia de un contrato de trabajo indeterminado cuando concurren tres elementos esenciales: 1.- La prestación personal del servicio, 2.- La subordinación, y 3.- la remuneración…” “la extinción unilateral de la relación laboral fundada única y exclusivamente en la voluntad del empleador, está afectada de nulidad…”

423 2008 (Texto completo)

CONTRATO DE TRABAJO Y DESPIDO ARBITRARIO

“Se presume la existencia de un contrato de trabajo indeterminado cuando concurren tres elementos esenciales: 1.- La prestación personal del servicio, 2.- La subordinación, y 3.- la remuneración…” “la extinción unilateral de la relación laboral fundada única y exclusivamente en la voluntad del empleador, está afectada de nulidad…”

2008-7876 (Texto completo)

REPOSICIÓN POR DESNATURALIZACION DE CONTRATO

"...si la contratación presentara variantes con respecto a las premisas de relación contractual laboral, entonces el empleador deberá distinguir entre otras opciones de vinculación". Para labores de orden técnico y especialización se prevé la locación de servicios y los contratos no personales..." "La distorsión en relación con esta figura se presenta cuando el empleador pretende introducir, con el objetivo de reducir costos laborales la aplicación de una contratación extralaboral para puestos que reúnen las características de una relación laboral.

2008-7876 (Texto completo)

RESPOSICIÓN POR DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO

"...si la contratación presentara variantes con respecto a las premisas de relación contractual laboral, entonces el empleador deberá distinguir entre otras opciones de vinculación". Para labores de orden técnico y especialización se prevé la locación de servicios y los contratos no personales..." "La distorsión en relación con esta figura se presenta cuando el empleador pretende introducir, con el objetivo de reducir costos laborales la aplicación de una contratación extralaboral para puestos que reúnen las características de una relación laboral.

2008 8378 (Texto completo)

DESNATURALIZACION Y PRIMACIA DE LA REALIDAD

"...la demandada ha desnaturalizado el contrato de trabajo simulando un aparente contrato de naturaleza civil. El mencionado principio resulta ser ampliamente conocido en la doctrina laboral y consiste en la prevalencia que se le otorga a los hechos o realidad, frente a lo que aparece de los documentos o contratos escritos".

2008 8378 (Texto completo)

DESNATURALIZACIÓN Y PRIMACÍA E LA REALIDAD

"... la demandada ha desnaturalizado el contrato de trabajo simulando un aparente contrato de naturaleza civil. El mencionado principio resulta ser ampliamente conocido en la doctrina laboral, y consiste en la prevalencia que se le otorga a los hechos o realidad, frente a lo que aparece de los documentos o contratos escritos".

2009-916-0-1701 (Texto completo)

CUMPLIMIENTO DE ACTO ADMINISTRATIVO

“… para la procedencia del proceso de cumplimiento, además de acreditarse la renuncia del funcionario o autoridad pública, deberán tenerse en cuenta la características mínimas comunes del mandato de la norma legal, del acto administrativo y de la orden de emisión de una resolución o de un reglamento a fin de que el proceso de cumplimiento prospere… tales requisitos mínimos son: a) ser un mandato vigente, b) ser un mandato cierto y claro (norma legal o acto administrativo, c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, e) ser incondicional… para actos administrativos, f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante y g) permitir individualizar al beneficiario”.

2009-916-0-1701 (Texto completo)

CUMPLIMIENTO DE ACTO ADMINISTRATIVO

“… para la procedencia del proceso de cumplimiento, además de acreditarse la renuencia del funcionario o autoridad pública, deberán tenerse en cuenta las características mínimas comunes del mandato de la norma legal, del acto administrativo y de la orden de emisión de una resolución o de un reglamento a fin de que el proceso de cumplimiento prospere… tales requisitos mínimos son: a) ser un mandato vigente, b) ser un mandato cierto y claro (norma legal o acto administrativo, c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, e) ser incondicional… para actos administrativos, f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante y g) permitir individualizar al beneficiario”.

185 2007 PA/TC (Texto completo)

DENIGRACION PUBLICITARIA

Las infracciones al principio de veracidad publicitaria se verifican a través de la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad en la medida que las afirmaciones empleadas no guardan relación con la realidad. La inducción a error ocurre cuando se genera una idea equivocada en el consumidor respecto del mensaje publicitario.

185 2007 PA/TC (Texto completo)

DENIGRACIÓN PUBLICITARIA

Las infracciones al principio de veracidad publicitaria se verifican a través de la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad en la medida que las afirmaciones empleadas no guardan relación con la realidad. La inducción a error ocurre cuando se genera una idea equivocada en el consumidor respecto del mensaje publicitario.

3911 2007 PA/TC (Texto completo)

CONTRATACIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE

Para determinar el tipo de contratación, resulta imprescindible efectuar el análisis de la naturaleza de las labores efectuadas por la recurrente…, las funciones de fiscalización en Sunat obedecen a una necesidad permanente en el ejercicio habitual de sus funciones.

3911 2007 PA/TC (Texto completo)

CONTRATACIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE

Para determinar el tipo de contratación, resulta imprescindible efectuar el análisis de la naturaleza de las labores efectuadas por la recurrente…, las funciones de fiscalización en Sunat obedecen a una necesidad permanente en el ejercicio habitual de sus funciones.

4251 2007 PA/TC (Texto completo)

REGIMEN DE PERCEPCIONES Y EL RETARDO EN SU DEVOLUCIÓN

El régimen de percepciones responde a fines extrafiscales como la lucha contra la evasión tributaria, todo ello sustentado en el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y al principio de solidaridad tributaria. Existen efectos confiscatorios en caso la administración tributaria estableciera requisitos irrazonables a la solicitudes de devolución de percepciones no aplicadas, llamando la atención la inercia con la que tanto la Sunat como el tribunal fiscal vienen tramitando este tipo de procedimientos.

4251 2007 PA/TC (Texto completo)

REGIMEN DE PERCEPCIONES Y EL RETARDO EN SU DEVOLUCIÓN

El régimen de percepciones responde a fines extrafiscales como la lucha contra la evasión tributaria, todo ello sustentado en el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y al principio de solidaridad tributaria. Existen efectos confiscatorios en caso la administración tributaria estableciera requisitos irrazonables a la solicitudes de devolución de percepciones no aplicadas, llamando la atención la inercia con la que tanto la Sunat como el tribunal fiscal vienen tramitando este tipo de procedimientos.

3413 2008 JUNÍN (Texto completo)

NULIDAD ABSOLUTA

La nulidad absoluta se configura cuando el acto procesal (o conjunto de actos que conforman el proceso mismo) adolece de una circunstancia fijada en las leyes procesales como necesaria para que produzca sus efectos normales en tal sentido, cabe advertir que frente a un vicio de tal consideración, cualquier órgano jurisdiccional por el solo hecho de serlo tiene lo que en doctrina se llama potestad nulificante, entendido como la facultad de declarar la nulidad aún cuando no haya sido solicitada, si considera que el acto viciado (incluso el proceso todo) puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso y la decisión que en él va a recaer.

3413 2008 JUNÍN (Texto completo)

NULIDAD ABSOLUTA

La nulidad absoluta se configura cuando el acto procesal (o conjunto de actos que conforman el proceso mismo) adolece de una circunstancia fijada en las leyes procesales como necesaria para que produzca sus efectos normales en tal sentido, cabe advertir que frente a un vicio de tal consideración, cualquier órgano jurisdiccional por el solo hecho de serlo tiene lo que en doctrina se llama potestad nulificante, entendido como la facultad de declarar la nulidad aún cuando no haya sido solicitada, si considera que el acto viciado (incluso el proceso todo) puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso y la decisión que en él va a recaer.

2173 2008 LIMA (Texto completo)

NULIDAD DE UN ACTO

La nulidad de un acto es instituto legal que sanciona al acto jurídico por vicio intrínseco insubsanable al tiempo de su celebración siendo su finalidad la declaración de la invalidez del acto realizado.

2008 0597 (I.11.g) (Texto completo)

GENERACIÓN DE EFECTOS RESTITUTORIOS - DESPIDO NULO

“… tales efectos restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de despidos arbitrarios o con infracción a determinados derechos fundamentales reconocidos en la constitución o los tratados relativos a derechos humanos, se generan en los 3 casos: a) despido nulo, b) despido incausado y c) despido fraudulento”. “El TC estima que la extinción unilateral de la relación laboral fundada única y exclusivamente en la voluntad del empleador, está afectada de nulidad y por consiguiente el despido carece de efecto legal”.

2008 0597 (I.11.g) (Texto completo)

GENERACIÓN DE EFECTOS RESTITUTORIOS - DESPIDO NULO

“… tales efectos restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de despidos arbitrarios o con infracción a determinados derechos fundamentales reconocidos en la constitución o los tratados relativos a derechos humanos, se generan en los 3 casos: a) despido nulo, b) despido incausado y c) despido fraudulento”. “El TC estima que la extinción unilateral de la relación laboral fundada única y exclusivamente en la voluntad del empleador, está afectada de nulidad y por consiguiente el despido carece de efecto legal”.

2009-024 (Texto completo)

CARACTERISTICAS DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION

Contrato de locación de servicios: Las tareas recomendadas realizadas por el locador con ausencia de subordinación son materializadas en forma independiente y según el real sabes y entender de quien los presta. Contrato de Trabajo: exige concretización o materialización de una labor sea ejecutada de manera personal y directa, sujeta a subordinación o dependencia del empleador, así como el abono de una remuneración como contraprestación por la actividad realizada.

2009-024 (Texto completo)

CARACTERISTICAS DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION

Contrato de locación de servicios: Las tareas encomendadas son realizadas por el locador con ausencia de subordinación, son materializadas en forma independiente y según el real saber y entender de quien los presta. Contrato de Trabajo: exige concretización o materialización de una labor sea ejecutada de manera personal y directa, sujeta a subordinación o dependencia del empleador, así como el abono de una remuneración como contraprestación por la actividad realizada.

2009-024 (Texto completo)

CARACTERISTICAS DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION

Contrato de locación de servicios: Las tareas encomendadas son realizadas por el locador con ausencia de subordinación, son materializadas en forma independiente y según el real saber y entender de quien los presta. Contrato de Trabajo: exige concretización o materialización de una labor sea ejecutada de manera personal y directa, sujeta a subordinación o dependencia del empleador, así como el abono de una remuneración como contraprestación por la actividad realizada.

2395 2008 LIMA (Texto completo)

GARANTÍA SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL

Se debe analizar las posibles contradicciones que consagran el principio tempus regit actum (la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolver) en relación a lo dispuesto por la Primera Disposición Transitoria de la Ley General del Sistema Concursal, que establece que sus disposiciones se aplican a los procedimientos en trámite bajo la Ley de Reestructuración Patrimonial conforme al principio de la aplicación inmediata de la norma procesal.

2395 2008 LIMA (Texto completo)

GARANTÍA SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL

Se debe analizar las posibles contradicciones que consagran el principio tempus regit actum (la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolver) en relación a lo dispuesto por la Primera Disposición Transitoria de la Ley General del Sistema Concursal, que establece que sus disposiciones se aplican a los procedimientos en trámite bajo la Ley de Reestructuración Patrimonial conforme al principio de la aplicación inmediata de la norma procesal.

00542 2007 PA/TC (Texto completo)

TRABAJADOR PROMOCIONADO

Cuando un trabajador es promocionado, éste no puede perder su derecho al empleo del que es poseedor, pues al concluir dicha designación, deberá retornar a su anterior cargo, salvo que hubiese incurrido en causal de falta grave. Si el trabajador hubiera cobrado sus beneficios sociales por el periodo en que realizó labores comunes antes de tal promoción, su retorno será inviable.

00542 2007 PA/TC (Texto completo)

TRABAJADOR PROMOCIONADO

Cuando un trabajador es promocionado, éste no puede perder su derecho al empleo del que es poseedor, pues al concluir dicha designación, deberá retornar a su anterior cargo, salvo que hubiese incurrido en causal de falta grave. Si el trabajador hubiera cobrado sus beneficios sociales por el periodo en que realizó labores comunes antes de tal promoción, su retorno será inviable.

2519 2008 LIMA (Texto completo)

DERECHO DE PRUEBA

“El derecho de prueba es un elemento del debido proceso y comprende cinco derechos específicos: a) el derecho a ofrecer las pruebas en la etapa del proceso correspondiente, salvo los casos excepcionales de ley; b) el derecho a que el juez admita las pruebas pertinentes ofrecidas en la oportunidad de ley: c) el derecho a que se actúe los medios probatorios de las partes admitidos oportunamente; d) el derecho a impugnar (oponerse o tacha) las pruebas de la parte contraria y controlar la actuación regular de éstas, y, e) el derecho a una valoración conjunta y razonada de las pruebas actuadas, esto es conforme a las reglas de la sena crítica… Se desprende que el derecho de prueba no solo comprende derechos sobre la propia prueba, sino además contra la prueba de la otra parte y aún la actuada de oficio, y asimismo el derecho a obtener una valoración conjunta y razonada de la prueba actuada.”

2009 1746 0 1701 J CI 9 (Texto completo)

DESPIDO INCAUSADO

“… el accionante sólo podía ser cesado por causa relacionada con la conducta o capacidad laboral; sin embargo, conforme sostiene la defensa de la recurrente, el despido ha tenido lugar por no haber firmado los denominados Contratos Administrativos de Servicios, supuesto que no está contemplado como causal de despido. Es decir, ha sido cesado sin causa justa ni los cánones procedimentales previos. Decisión a todas luces inconstitucional por afectar el derecho fundamental al trabajo y al debido proceso”.

2009 1746 0 1701 J CI 9 (Texto completo)

DESPIDO INCAUSADO

“… el accionante sólo podía ser cesado por causa relacionada con la conducta o capacidad laboral; sin embargo, conforme sostiene la defensa de la recurrente, el despido ha tenido lugar por no haber firmado los denominados Contratos Administrativos de Servicios, supuesto que no está contemplado como causal de despido. Es decir, ha sido cesado sin causa justa ni los cánones procedimentales previos. Decisión a todas luces inconstitucional por afectar el derecho fundamental al trabajo y al debido proceso”.

0864 2009 PA/TC (Texto completo)

PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN

La potestad expropiatoria del Estado tiene que cumplir ciertos requisitos, como su condicionamiento al pago previo en efectivo. Es por ello que pese a haber transcurrido más de 40 años, la entidad administrativa está en la obligación de emitir la resolución de expropiación que incluya un pago específico de un justiprecio por el inmueble expropiado. Si el agravio consiste en esta omisión, no operará la prescripción.

0864 2009 PA/TC (Texto completo)

PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN

La potestad expropiatoria del Estado tiene que cumplir ciertos requisitos, como su condicionamiento al pago previo en efectivo. Es por ello que pese a haber transcurrido más de 40 años, la entidad administrativa está en la obligación de emitir la resolución de expropiación que incluya un pago específico de un justiprecio por el inmueble expropiado. Si el agravio consiste en esta omisión, no operará la prescripción.

0864 2009 PA/TC (Texto completo)

PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN

La potestad expropiatoria del Estado tiene que cumplir ciertos requisitos, como su condicionamiento al pago previo en efectivo. Es por ello que pese a haber transcurrido más de 40 años, la entidad administrativa está en la obligación de emitir la resolución de expropiación que incluya un pago específico de un justiprecio por el inmueble expropiado. Si el agravio consiste en esta omisión, no operará la prescripción.

08257 2006 PA/TC (Texto completo)

DESPIDO ARBITRARIO

No procede el supuesto que el trabajador, después de haber venido laborando en un cargo ordinario, hubiera variado su calidad a personal de confianza, en cuyo caso, de producirse el retiro de la misma, no corresponderá como consecuencia la ruptura del vínculo laboral sino el retorno del trabajador al puesto que había venido desempeñando anteriormente. Admitir el retiro de confianza en tal supuesto como causal válida de ruptura del vínculo laboral supondría admitir una forma de despido arbitrario. Sí ello se ampara, se estaría despidiendo a un trabajador, que adquirió estabilidad desempeñándose como un trabajador ordinario, sin expresión de una causa objetiva relacionada con su capacidad o su conducta.

08257 2006 PA/TC (Texto completo)

DESPIDO ARBITRARIO

No procede el supuesto que el trabajador, después de haber venido laborando en un cargo ordinario, hubiera variado su calidad a personal de confianza, en cuyo caso, de producirse el retiro de la misma, no corresponderá como consecuencia la ruptura del vínculo laboral sino el retorno del trabajador al puesto que había venido desempeñando anteriormente. Admitir el retiro de confianza en tal supuesto como causal válida de ruptura del vínculo laboral supondría admitir una forma de despido arbitrario. Sí ello se ampara, se estaría despidiendo a un trabajador, que adquirió estabilidad desempeñándose como un trabajador ordinario, sin expresión de una causa objetiva relacionada con su capacidad o su conducta.

02748 2007 PA/TC (Texto completo)

DESNATURALIZACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

Al continuar laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato de trabajo, la relación laboral que el demandante mantuvo con la emplazada se convirtió en indeterminada, configurándose la desnaturalización del contrato de trabajo. Ante la negativa del trabajador de firmar el contrato, la emplazada debió impedirle que asista al centro de trabajo, pues al no hacerlo ha dejado consentir la continuación del vínculo laboral.

02748 2007 PA/TC (Texto completo)

DESNATURALIZACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

Al continuar laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato de trabajo, la relación laboral que el demandante mantuvo con la emplazada se convirtió en indeterminada, configurándose la desnaturalización del contrato de trabajo. Ante la negativa del trabajador de firmar el contrato, la emplazada debió impedirle que asista al centro de trabajo, pues al no hacerlo ha dejado consentir la continuación del vínculo laboral.

2009-00209-0-0301-JM-CI-1 (Texto completo)

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

Los gobiernos locales están obligados a entregar la información que posean a solo requerimiento de cualquier particular, sin necesidad de expresión de causa, estando al Principio de Publicidad. Esta petición debe estar fundada en: 1) si se encuentra demostrada la existencia de los documentos exigidos por el actor; 2) si se ha producido vulneración del derecho de información pública; y 3) si el accionante ha cumplido con el requisito especial previsto por el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, el cual se refiere al reclamo previo con documento de fecha cierta y se haya ratificado en su incumplimiento por no haber tenido respuesta en el plazo de diez días siguientes a la presentación del documento.

2009-00209-0-0301-JM-CI-1 (Texto completo)

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

Los gobiernos locales están obligados a entregar la información que posean a solo requerimiento de cualquier particular, sin necesidad de expresión de causa, estando al Principio de Publicidad. Esta petición debe estar fundada en: 1) si se encuentra demostrada la existencia de los documentos exigidos por el actor; 2) si se ha producido vulneración del derecho de información pública; y 3) si el accionante ha cumplido con el requisito especial previsto por el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, el cual se refiere al reclamo previo con documento de fecha cierta y se haya ratificado en su incumplimiento por no haber tenido respuesta en el plazo de diez días siguientes a la presentación del documento.

2008-2761-0-2501-JR-CI-6 (Texto completo)

OBJETO DEL PROCESO DE HABEAS DATA

"El objeto del proceso de Hábeas Data permite acceder a bancos o registros de datos, públicos o privados (...) con la finalidad de tomar conocimiento de éstos, ya sea sobre su contenido (...) o bien para modificarla agregando información no contenida (...)"

2009 1433 (Texto completo)

IDENTIDAD DEL PROCESO DE AMPARO

El Proceso de Amparo solo tutela pretensiones que están relacionadas con el ámbito constitucional de un derecho fundamental susceptible de protección. No pueden ser conocidas en un proceso como el Amparo: 1) pretensiones relacionadas con otro tipo de derechos (de orden legal, administrativo, etc.). Lo que no es protegido en un proceso constitucional es aquel contenido de una ley, reglamento o acto de particulares que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional. Así por ejemplo, es un derecho sin relevancia constitucional el derecho de posesión establecido en el CC o los beneficios de combustible o chofer para militares. 2) pretensiones mediante las cuales se persigue una nueva valoración de la prueba o la determinación de la validez de un contrato, entre otras.

2008-7421 (Texto completo)

DERECHO DE RECTIFICACIÓN DE INFOMERCIALES

Los informerciales son avisos pagados por un tercero ajeno al medio de comunicación, en los que bajo la apariencia formal de un texto editorial o noticioso se difunde información que interesa a quien paga el aviso. Esencialmente el contenido de un anuncio es el que le otorga su naturaleza publicitaria y no la simple denominación que se le otorgue. En consecuencia no es posible conceder naturaleza de anuncio publicitario a aseveraciones que ciertamente contienen elementos agraviantes para el honor de la persona y por tal motivo es el medio de comunicación quien debe realizar la rectificación solicitada.

4339 2008 PHD/TC (Texto completo)

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO

"El transporte aéreo, debido a su naturaleza regular y a su finalidad en pro de satisfacer determinadas necesidades sociales, repercute sobre el interés general, y debe por tanto ser considerado como un servicio de naturaleza pública. Por ello, aquella información que se encuentre estrechamente vinculada con este servicio debe ser brindada a cualquier ciudadano que así lo solicite, ya que de lo contrario dichos actos se configurarían como lesivos al derecho fundamental de acceso a la información"

4106 2007 LIMA (Texto completo)

AUTORIDAD DE COSA JUZGADA

Las resoluciones que pueden llegar a tener autoridad de cosa juzgada, según la doctrina mayoritaria son las sentencias, pero pueden existir autos que se pronuncian sobre la forma y tengan efectos que también impliquen que éste adquiera la autoridad de cosa juzgada. El elemento diferenciador está en que el pronunciamiento sea sobre el fondo de la controversia. Es por ello que una decisión debe ser analizada en forma completa e integrada. La ambigüedad y la poca claridad de esta decisión no estaba referida a cuestiones de fondo de la controversia, sino que giraba en torno a la procedibilidad de la demanda.

Expediente Nº 06712-2005-HC/TC (Texto completo)

TEMERIDAD PROCESAL

“Por más tutelar que sea la función del Tribunal Constitucional, no puede permitirse que se utilice dispendiosa y maliciosamente los recursos procesales que tiene a su disposición cualquier justiciable, lo que a su vez, acarrea una desatención de otras causas que merecen atención, y que, por analizar casos como el planteado, deben esperar una respuesta más lenta de la que podría haberse realizado si es que no estuviesen permitidas actuaciones como la realizada por los recurrentes. Al respecto, según el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, se podrá condenar al pago de costas y costos al demandante cuando se incurra en manifiesta temeridad.”

08094-2005-AA/TC (Texto completo)

TEMERIDAD PROCESAL

“…..este Colegiado considera oportuno dejar establecidos algunos parámetros de actuación de los abogados en el marco de la ética en el ejercicio de la profesión y conforme a los deberes de lealtad con los valores constitucionales que constituyen el fundamento de organización de la justicia constitucional en el Estado Democrático.”

03815-2005-AA/TC (Texto completo)

TEMERIDAD PROCESAL

“De otro lado, resulta pertinente invocar los artículos IV del Título Preliminar y 112.° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, que regulan la conducta, deberes y responsabilidades de las partes y sus abogados, estableciendo que estos deberán adecuar su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso, no debiendo actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales, entre otros supuestos, cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. Se advierte, en el presente caso, que tanto el demandante como su abogado patrocinante han actuado con palmaria temeridad, toda vez que la pretensión debió sustentarse, necesariamente, en el incremento real de la incapacidad laboral del demandante.”

02016-2005-AA/TC (Texto completo)

TEMERIDAD PROCESAL

“... el abogado de la demandante no sólo conocía de la falta de argumentos para llevar adelante el presente proceso, sino que, además, pretendió sorprender a la judicatura constitucional, incluyendo a este Colegiado, a efectos de que se ordene la anulación de un acto jurisdiccional que había sido dictado conforme a las normas procesales vigentes, y que al momento de presentarse la presente demanda ya había caducado puesto que, al interponerse la demanda que suscitó la medida cautelar fuera de proceso, ésta había sido ya archivada al no haberse subsanado las omisiones procesales que habían sido advertidas en la etapa de postulación del proceso.” “Este Colegiado considera que la conducta temeraria no sólo debe imputarse a la parte demandante sino también al Abogado que autorizó el escrito de demanda y los sucesivos recursos.”

01192 2009 0 0501 JR DC 01 (Texto completo)

CONTENIDO OBJETIVO DE LA CARTA DE DESPIDO

Se aprecia que la carta de despido por la cual se da por terminada la relación laboral del demandante no contiene la valoración exigida en el Reglamento Interno de Trabajo de la demandada. Es por ello que el Tribunal Constitucional ha establecido que la imposición de sanciones sancionatorias tanto por entidades públicas como privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, sino que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes personales, las circunstancias que llevaron a cometer la falta, el perjuicio que el acto ocasiona a la entidad. El resultado de esta valoración o ponderación debe llevar y sustentar la decisión adoptada.

01121-2008-PA/TC (Texto completo)

Seleccione Rubro

Las modificaciones y/o restricciones del ITAN no tienen relación directa con la vulneración de los derechos de la empresa recurrente, pese a que ésta señala que la normativa sobre arrastre de pérdidas le resulta perjudicial y/o lesiva de sus derechos. El estado de pérdida de la empresa no es consecuencia directa de norma alguna sino más bien de la gestión de sus órganos directivos y/o administrativos. De otro lado, si la base de cálculo resultó antitécnica, éste antitecnisismo de las leyes o su ineficiencia no puede merecer atención de un proceso de control de constitucionalidad.

00002-2009 PI/TC (Texto completo)

TRATADOS APROBADOS POR EL CONGRESO

Los tratados-ley son: "Los tratados [que] deben ser aprobados por el Congreso, antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 1. Derechos Humanos. 2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 3. Defensa Nacional. 4. Obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución", de conformidad con el artículo 56° de la Constitución.

00002-2009 PI/TC (Texto completo)

TRATADOS APROBADOS POR EL EJECUTIVO

Los tratados ejecutivos o acuerdos simplificados son aquellos cuyas materias no están contempladas en los tratados del nivel legislativo. Así, el primer párrafo del artículo 57° de la Constitución, dispone que "el Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente...". En consecuencia, este artículo opera como una cláusula residual, es decir que los tratados simplificados son competencia del Poder Ejecutivo por defecto de las materias del Congreso; que son derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, tributos y demás cuestiones que requieran de medidas legislativas de rango infraconstitucional, según dispone el artículo 56° de la Constitución.

EXP. 1058-2004-AA/TC (Texto completo)

FISCALIZACIóN DE CORRESPONDENCIA ELECTRóNICA DEL TRABAJADOR

“Lo que se plantea en el presente caso no es, sin embargo, que la empresa demandada no haya podido investigar un hecho que, a su juicio, consideraba reprochable, como lo es el uso de un instrumento informático para fines eminentemente personales, sino el procedimiento que ha utilizado a efectos de comprobar la presunta responsabilidad del trabajador investigado. Sobre este particular, es claro que si se trataba de determinar que el trabajador utilizó su correo electrónico para fines opuestos a los que le imponían sus obligaciones laborales, la única forma de acreditarlo era iniciar una investigación de tipo judicial, habida cuenta de que tal configuración procedimental la imponía, para estos casos, la propia Constitución. La demandada, lejos de iniciar una investigación como la señalada, ha pretendido sustentarse en su sola facultad fiscalizadora para acceder a los correos personales de los trabajadores, lo que evidentemente no está permitido por la Constitución, por tratarse en el caso de autos de la reserva elemental a la que se encuentran sujetas las comunicaciones y documentos privados y la garantía de que tal reserva solo puede verse limitada por mandato judicial y dentro de las garantías predeterminadas por la ley.”

EXP. 1058-2004-AA/TC (Texto completo)

FISCALIZACIóN DE CORRESPONDENCIA ELECTRóNICA DEL TRABAJADOR

“Lo que se plantea en el presente caso no es, sin embargo, que la empresa demandada no haya podido investigar un hecho que, a su juicio, consideraba reprochable, como lo es el uso de un instrumento informático para fines eminentemente personales, sino el procedimiento que ha utilizado a efectos de comprobar la presunta responsabilidad del trabajador investigado. Sobre este particular, es claro que si se trataba de determinar que el trabajador utilizó su correo electrónico para fines opuestos a los que le imponían sus obligaciones laborales, la única forma de acreditarlo era iniciar una investigación de tipo judicial, habida cuenta de que tal configuración procedimental la imponía, para estos casos, la propia Constitución. La demandada, lejos de iniciar una investigación como la señalada, ha pretendido sustentarse en su sola facultad fiscalizadora para acceder a los correos personales de los trabajadores, lo que evidentemente no está permitido por la Constitución, por tratarse en el caso de autos de la reserva elemental a la que se encuentran sujetas las comunicaciones y documentos privados y la garantía de que tal reserva solo puede verse limitada por mandato judicial y dentro de las garantías predeterminadas por la ley.”

1952 2006 (Texto completo)

VALIDEZ DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN

"... en ese sentido carece de sustento el hecho de que el demandante pretenda que se le notifique nuevamente una resolución judicial por el hecho de que la casilla asignada como domicilio procesal se encontrase suspendida por falta de pago, pues resulta directa la responsabilidad del abogado de la demandante el no mantener activo el servicio de su casilla".

1952 2006 (Texto completo)

VALIDEZ DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN

"... en ese sentido carece de sustento el hecho de que el demandante pretenda que se le notifique nuevamente una resolución judicial por el hecho de que la casilla asignada como domicilio procesal se encontrase suspendida por falta de pago, pues resulta directa la responsabilidad del abogado de la demandante el no mantener activo el servicio de su casilla".

02569 2008 PHC/TC (Texto completo)

EXCESO DEL PLAZO DE LA DETENCIÓN JUDICIAL

"... dos supuestos específicos para la prolongación de la detención judicial más allá del tiempo legalmente establecido: a) en la conducta obstruccionista del procesado o su defensa que haya dilatado, innecesariamente el proceso....b) en los casos de tráfico ilícito de drogas con red internacional.... Por consiguiente, toda resolución judicial que pretenda prolongar el plazo de detención provisional por un periodo superior a 36 meses en el proceso ordinario, debe contar necesariamente con una especial motivación sustentada en causas suficientes y objetivas atribuibles a la conducta procesal del imputado. Fuera de estos dos supuestos específicos de prolongación de resolución judicial que desborde el plazo máximo de detención legal, resulta, en principio, inconstitucional, quedando habilitado el correspondiente control constitucional siempre que se acuse el agravio de derechos fundamentales"

01780 2009 PA/TC (Texto completo)

DEPÓSITOS DE NATURALEZA INTANGIBLE

"...la suma percibida mensualmente como pensión tenía la calidad de inembargable hasta el límite de 5 URP... independientemente de que el recurrente haya contraído obligaciones tributarias y aún si éstas se encuentran pendientes de pago, ello no autoriza una actuación al margen de la ley por parte de la Administración Tributaria, a fin de garantizar el cobro de la deuda sobre depósitos de naturaleza intangible. Por consiguiente, el embargo en forma de retención sobre depósitos en poder de terceros, de ninguna manera puede ser interpretado de forma tal que permita el embargo de cuentas bancarias -cuando se acredite que corresponden a pago de haberes- puesto que no es posible autorizar en sede administrativa lo que ni siquiera un juez en la vía judicial está facultado para efectuar..."

01780 2009 PA/TC (Texto completo)

DEPÓSITOS DE NATURALEZA INTANGIBLE

"...la suma percibida mensualmente como pensión tenía la calidad de inembargable hasta el límite de 5 URP... independientemente de que el recurrente haya contraído obligaciones tributarias y aún si éstas se encuentran pendientes de pago, ello no autoriza una actuación al margen de la ley por parte de la Administración Tributaria, a fin de garantizar el cobro de la deuda sobre depósitos de naturaleza intangible. Por consiguiente, el embargo en forma de retención sobre depósitos en poder de terceros, de ninguna manera puede ser interpretado de forma tal que permita el embargo de cuentas bancarias -cuando se acredite que corresponden a pago de haberes- puesto que no es posible autorizar en sede administrativa lo que ni siquiera un juez en la vía judicial está facultado para efectuar..."

01096 2008 0 0501 JR DC 01 (Texto completo)

APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO A TODO PROCESO EN GENERAL

"… el derecho constitucional al debido proceso establecido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política, es aplicable no sólo a los procesos judiciales, sino a todo proceso en general, por lo que constituye también un principio y derecho del proceso administrativo sancionador. El debido proceso en sede administrativa o corporativo particular, importa un conjunto de derechos y principios que forman parte de un contenido mínimo y que constituyen las garantías indispensables con las que cuenta el administrado frente a la administración.

01096 2008 0 0501 JR DC 01 (Texto completo)

APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO A TODO PROCESO EN GENERAL

"… el derecho constitucional al debido proceso establecido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política, es aplicable no sólo a los procesos judiciales, sino a todo proceso en general, por lo que constituye también un principio y derecho del proceso administrativo sancionador. El debido proceso en sede administrativa o corporativo particular, importa un conjunto de derechos y principios que forman parte de un contenido mínimo y que constituyen las garantías indispensables con las que cuenta el administrado frente a la administración.

00968 2009 0 0501 JR DC 01 (Texto completo)

EMISIóN DE CARTA DE DESPIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE

El despido del demandante ha sido adoptado por autoridad distinta a la que el Estatuto ha acordado atribuirle autorización, por consiguiente esta medida es lesiva al derecho fundamental del debido proceso y al trabajo del demandante por haber sido dispuesta por autoridad incompetente, ya que bajo ninguna circunstancia es posible avalar una actuación como la que se advierte en este proceso, siendo inadmisible e intolerable dar validez a actuaciones basadas en el silogismo "el fin justifica los medios".

05614 2007 PA/TC (Texto completo)

PRIVACIóN DEL DERECHO DE PROPIEDAD

"....se estará ante supuestos inconstitucionales de privación del derecho de propiedad cuando: a) No exista la ley del Congreso de la República que declare la expropiación sino otra norma con rango de ley, b) Exista la ley del Congreso de la República que declare la expropiación, pero no exprese o señale alguno de los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación o se fundamente en motivos distintos, y, c) Exista la ley del Congreso de la República que señale alguno de los motivos de expropiación contemplados en la Constitución, pero ésta se produce sin indemnización".

3160 2008 AREQUIPA (Texto completo)

PRINCIPIO DE BUENA FE

Se puede inferir del Principio de Buena Fe, lo siguiente: i) Que sea cual fuere la causa que ha dado lugar a la ineficacia del título del transferente, esto es, que adolezca de nulidad por cualesquiera de las causales establecidas en la ley; o anulabilidad; o sea resuelto o rescindido; ello no debe afectar el título del tercero adquiriente registral, quien conservará su derecho inscrito al haber procedido con buena fe de acuerdo a la información que aparecía en los registros públicos, y, i¡) Que la presunción de buena fe del tercero adquiriente solo puede ser quebrada acreditando el interesado que el referido tercero, pese a lo que informaba el Registro, conocía por otros medios, que dicha información era inexacta y perjudicaba un futuro acto jurídico.

3160 2008 AREQUIPA (Texto completo)

PRINCIPIO DE BUENA FE

Se puede inferir del Principio de Buena Fe, lo siguiente: i) Que sea cual fuere la causa que ha dado lugar a la ineficacia del título del transferente, esto es, que adolezca de nulidad por cualesquiera de las causales establecidas en la ley; o anulabilidad; o sea resuelto o rescindido; ello no debe afectar el título del tercero adquiriente registral, quien conservará su derecho inscrito al haber procedido con buena fe de acuerdo a la información que aparecía en los registros públicos, y, i¡) Que la presunción de buena fe del tercero adquiriente solo puede ser quebrada acreditando el interesado que el referido tercero, pese a lo que informaba el Registro, conocía por otros medios, que dicha información era inexacta y perjudicaba un futuro acto jurídico.

1573 2009 (Texto completo)

RÉGIMEN LABORAL AGRARIO - REPOSICIÓN

“… los trabajadores contratados a plazo indeterminado, obviamente pueden optar por la reposición en el trabajo ante un despido arbitrario (nulo, incausado o fraudulento) o por la indemnización, y en este último caso será la prevista en la norma legal citada precisamente por la particularidad de la actividad agraria, y no está demás señalar que el trabajador sujeto al régimen laboral especial establecido por la Ley 27360 (Promoción del Sector Agrario), también le resulta aplicable el régimen de la actividad laboral común de la actividad privada, pero con las singularidades de dicha norma. Por lo tanto existe error en la recurrida cuando en el fundamento sétimo señala que: “la contratación laboral agraria, son contratos sujetos a modalidad”, desde que en el régimen agrario también pueden celebrarse contratos a plazos indeterminados.

1573 2009 (Texto completo)

RéGIMEN LABORAL AGRARIO - REPOSICIóN

“… los trabajadores contratados a plazo indeterminado, obviamente pueden optar por la reposición en el trabajo ante un despido arbitrario (nulo, incausado o fraudulento) o por la indemnización, y en este último caso será la prevista en la norma legal citada precisamente por la particularidad de la actividad agraria, y no está demás señalar que el trabajador sujeto al régimen laboral especial establecido por la Ley 27360 (Promoción del Sector Agrario), también le resulta aplicable el régimen de la actividad laboral común de la actividad privada, pero con las singularidades de dicha norma. Por lo tanto existe error en la recurrida cuando en el fundamento sétimo señala que: “la contratación laboral agraria, son contratos sujetos a modalidad”, desde que en el régimen agrario también pueden celebrarse contratos a plazos indeterminados.

2646 2008 LIMA (Texto completo)

EXONERACIóN DEL IGV AL SERVICIO DE TAXI

Todo servicio público debe ser entendido como aquel que se presta de manera regular para satisfacer ciertas necesidades de la colectividad, y que analizada la naturaleza del servicio de taxi, el mismo satisface una necesidad pública masiva. Por lo tanto el servicio de taxi es público y se encuentra dentro de los alcances del numeral 2 del Apéndice II (Servicios exonerados del IGV) del Decreto Legislativo 821.

2008-2541 0 1201 JM CI2 (Texto completo)

CONTRATO DE TRABAJO Y CONTRATO DE LOCACIóN DE SERVICIOS

El contrato de trabajo requiere de tres elementos: prestación personal de servicios, subordinación y remuneración (prestación, subordinada de servicios a cambio de una remuneración), es decir, de manera diaria, continua y permanente, cumpliendo con su horario de trabajo respectivo. En cambio el contrato de locación de servicios se encuentra definido en el artículo 1764 del Código Civil, como el acuerdo de voluntades por el cual el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestar sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Por lo tanto, de la copia del memorandum, se acredita que la demandante se encontraba sujeta a subordinación, existiendo entre las parte una relación de naturaleza laboral y no civil.

2008-02541-0-1201-JM-CI-2 (Texto completo)

CONTRATO DE TRABAJO Y CONTRATO DE LOCACIóN DE SERVICIOS

El contrato de trabajo requiere de tres elementos: prestación personal de servicios, subordinación y remuneración (prestación, subordinada de servicios a cambio de una remuneración), es decir, de manera diaria, continua y permanente, cumpliendo con su horario de trabajo respectivo. En cambio el contrato de locación de servicios se encuentra definido en el artículo 1764 del Código Civil, como el acuerdo de voluntades por el cual el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestar sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Por lo tanto, de la copia del memorandum, se acredita que la demandante se encontraba sujeta a subordinación, existiendo entre las parte una relación de naturaleza laboral y no civil.

03232 2008 PA/TC (Texto completo)

PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA

“Una norma no publicada simplemente no se encuentra en vigencia” y que “la exigencia constitucional de que las normas sean publicadas en el Diario Oficial El Peruano, está directamente vinculada al principio de seguridad jurídica, pues solo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de los ciudadanos, su posibilidad de ejercer y defender sus derechos y la efectiva sujeción de estos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen una efectiva oportunidad de conocerlas”.

03977 2009 PA/TC (Texto completo)

PAGO DE DEUDAS EN ESPECIES

Si bien es cierto, no se pueden evidenciar los tributos que han sido cancelados con la entrega de panteones, también lo es que para determinar la deuda real y actual, será la administración quien deberá cumplir con la obligación de liquidar dicha deuda. Siendo así, resulta impertinente indicar que el procedimiento de cobro no se puede detener por no haberse establecido en etapa coactiva que la deuda ha sido cancelada con los bienes perecibles, por cuanto ello no sería posible en ningún caso, debido que esa no es la finalidad del proceso de ejecución coactiva, en el que no se determina la deuda, sino por el contrario, se asegura el pago de una deuda ya determinada.

03977 2009 PA/TC (Texto completo)

PAGO DE DEUDAS EN ESPECIES

Si bien es cierto, no se pueden evidenciar los tributos que han sido cancelados con la entrega de panteones, también lo es que para determinar la deuda real y actual, será la administración quien deberá cumplir con la obligación de liquidar dicha deuda. Siendo así, resulta impertinente indicar que el procedimiento de cobro no se puede detener por no haberse establecido en etapa coactiva que la deuda ha sido cancelada con los bienes perecibles, por cuanto ello no sería posible en ningún caso, debido que esa no es la finalidad del proceso de ejecución coactiva, en el que no se determina la deuda, sino por el contrario, se asegura el pago de una deuda ya determinada.

06215 2008 PHC/TC (Texto completo)

DERECHO AL LIBRE TRÁNSITO

“…cabe a través del hábeas corpus, tutelar la supuesta afectación a la libertad de tránsito de una persona en el supuesto de que se le impida de manera inconstitucional el ingresar o salir de su domicilio”. “…no obstante que por medio del proceso de hábeas corpus restringido, el órgano constitucional, puede pronunciarse respecto a una eventual afectación al derecho al libre tránsito en su acepción más amplia, esto es, la libertad de tránsito de una persona, ello ha de ser posible siempre y cuando prima facie se den los elementos constitutivos de tal acusada inconstitucionalidad, tales como: i) la existencia de elementos que impiden el libre acceso al domicilio; ii) la acreditación del acto lesivo en el modo y la forma en los que se denuncia o la descripción de los hechos lesivos que generen elementos de verosimilitud”.

04012 2009 PHD/TC (Texto completo)

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La información requerida por el demandante no se encuentra dentro de las excepciones al ejercicio al derecho de acceso a la información pública, por el contrario, ésta información se trata de la utilizada por la administración para el ejercicio de una competencia reglada. El derecho de acceso a la información pública no sólo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada, sino también la obligación de este organismo, de dispensarla.

03116 2009 PA/TC (Texto completo)

RESTABLECIMIENTO DE LA TASA DEL 12% DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS

“…este Tribunal considera que la reducción del 12% a 0% de las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales mencionadas, si bien puede constituir un acto de política arancelaria, resulta ser un acto desproporcionado, y por ende, constitucionalmente prohibido por el principio de interdicción de la arbitrariedad, toda vez, que la reducción a 0% de las tarifas arancelarias de las sub-partidas nacionales mencionadas, en realidad, constituye un acto de exoneración o exención de tarifas y no una reducción que tenga una finalidad constitucionalmente legítima”.

03116 2009/PA/TC (Texto completo)

RESTABLECIMIENTO DE LA TASA DEL 12% DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS

“…este Tribunal considera que la reducción del 12% a 0% de las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales mencionadas, si bien puede constituir un acto de política arancelaria, resulta ser un acto desproporcionado, y por ende, constitucionalmente prohibido por el principio de interdicción de la arbitrariedad, toda vez, que la reducción a 0% de las tarifas arancelarias de las sub-partidas nacionales mencionadas, en realidad, constituye un acto de exoneración o exención de tarifas y no una reducción que tenga una finalidad constitucionalmente legítima”.

2008 00269 0 1201 SP CI 1 (Texto completo)

DEBIDO PROCESO Y TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

La exigencia del juzgador de solicitar la consignación judicial del monto demandado u ofrecer una carta fianza para conceder la apelación de la sentencia que declara fundada la demanda, no viola los derechos de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, por cuanto estos presupuestos no se asemejan en lo absoluto a una tasa judicial sino constituye el adeudo pecuniario contenido en el mandato ejecutivo.

2008-01273-0-2505-JR-CI-2 (Texto completo)

DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA DE UN CONTRATO LABORAL

Una persona que realiza labores de naturaleza permanente, no puede ser contratada por medio de contratos de trabajo y contratos civiles, pues las labores y su ejecución determinarán la naturaleza de un contrato. De procederse así, éstos encubren una relación de naturaleza laboral. Prevalecen los hechos sobre las formas y apariencias de los contratos suscritos.

1108-2008 LIMA (Texto completo)

OBLIGACIÓN DEL ALBACEA

El albacea tiene la obligación de presentar un informe escrito de su gestión, ante el requerimiento de un sucesor por el periodo que éste indique, no solo a la finalización de su cargo, sino también durante el ejercicio del mismo o inclusive cuando se encuentre suspendido, siempre y cuando lo solicite un sucesor.

2008 592 0 2505 JM CI 01 (Texto completo)

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS EN EL PROCESO DE AMPARO

"En un proceso de amparo, no se puede dilucidar la titularidad de un derecho, sino solo se restablece su ejercicio. Ello supone, como es obvio, que quien solicita tutela en esta vía, mínimamente tenga que acreditar la titularidad del derecho constitucional cuyo restablecimiento invoca, en tanto que este requisito constituye un presupuesto procesal, a lo que se suma la exigencia de tener que demostrar la existencia del acto u omisión cuestionada. En virtud a ello, resulta imposible reponer los derechos de la recurrente como asociada de la asociación, cuando no ha acreditado haber sido o ser miembro de la mencionada asociación.”

2008 592 2505 JM CI 01 (Texto completo)

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS EN EL PROCESO DE AMPARO

"En un proceso de amparo, no se puede dilucidar la titularidad de un derecho, sino solo se restablece su ejercicio. Ello supone, como es obvio, que quien solicita tutela en esta vía, mínimamente tenga que acreditar la titularidad del derecho constitucional cuyo restablecimiento invoca, en tanto que este requisito constituye un presupuesto procesal, a lo que se suma la exigencia de tener que demostrar la existencia del acto u omisión cuestionada. En virtud a ello, resulta imposible reponer los derechos de la recurrente como asociada de la asociación, cuando no ha acreditado haber sido o ser miembro de la mencionada asociación.”

Expediente 1628 2009 (Texto completo)

PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD

"Este principio se encuentra directamente conectado con el derecho de igualdad en materia tributaria o, lo que es lo mismo, con el principio de capacidad contributiva, según el cual, el reparto de los Tributos ha de realizarse de forma tal que se trate de igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer, en principio, donde exista riqueza que puede ser gravada, lo que evidentemente implica que se tenga en consideración la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes. Este Principio de la no Confiscatoriedad de los Tributos, se trasgrede cada vez que un tributo excede del límite que razonablemente puede admitirse como justificado, en un régimen en el que se ha garantizado el derecho subjetivo a la propiedad..."

Expediente 1628 2009 (Texto completo)

PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD

"Este principio se encuentra directamente conectado con el derecho de igualdad en materia tributaria o, lo que es lo mismo, con el principio de capacidad contributiva, según el cual, el reparto de los Tributos ha de realizarse de forma tal que se trate de igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer, en principio, donde exista riqueza que puede ser gravada, lo que evidentemente implica que se tenga en consideración la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes. Este Principio de la no Confiscatoriedad de los Tributos, se trasgrede cada vez que un tributo excede del límite que razonablemente puede admitirse como justificado, en un régimen en el que se ha garantizado el derecho subjetivo a la propiedad..."

Expediente 2009 0334 0 2501 JR CI 02 (Texto completo)

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

"No se puede alegar el retiro de un centro de trabajo, mediante coacción o engaño, cuando ambas partes han celebrado el convenio de extinción de contrato y ello ha sido corroborado con el cobro de los beneficios sociales, de los incentivos y de la suma extraordinaria a título de liberalidad que otorgó la empresa al trabajador. Resulta así, absurdo, que se pretenda cuestionar la validez de la extinción del contrato de trabajo, cuando con el cobro de sus beneficios sociales, ha consentido plenamente la ruptura del vínculo laboral".

Expediente 2009 0334 0 2501 JR CI 02 (Texto completo)

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

"No se puede alegar el retiro de un centro de trabajo, mediante coacción o engaño, cuando ambas partes han celebrado el convenio de extinción de contrato y ello ha sido corroborado con el cobro de los beneficios sociales, de los incentivos y de la suma extraordinaria a título de liberalidad que otorgó la empresa al trabajador. Resulta así, absurdo, que se pretenda cuestionar la validez de la extinción del contrato de trabajo, cuando con el cobro de sus beneficios sociales, ha consentido plenamente la ruptura del vínculo laboral".

Expediente 2034 2009 (Texto completo)

AMPARO CONTRA AMPARO

“El Amparo contra Amparo es la interposición de una demanda para enervar lo resuelto en otro proceso constitucional. Dicho de otra manera, constituye una modalidad de acción de garantía ejercida contra resoluciones judiciales, con la particularidad que solo protege los derechos constitucionales que conforman el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. En conclusión, la acción de Amparo contra resoluciones judiciales resueltas en otro proceso de acción de garantía, no resulta procedente sino se vulneran derechos fundamentales”.

Expediente 422 2009 (Texto completo)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN UNIVERSIDADES PRIVADAS

La educación, a la par que es un derecho fundamental, es también un servicio público y siendo la parte emplazada, una entidad privada dedicada a la enseñanza universitaria superior, cabe entonces que sea considerada como una entidad de la Administración Pública que se rige por la Ley 27444. Siendo así, la administración no puede dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados, todas las garantías mínimas que deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro, cuya decisión puede afectar los derechos de las personas.

Expediente 01874 2009 PA/TC (Texto completo)

CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD

Los contratos sujetos a modalidad deberán cumplir con la exigencia legal de precisar la causa objetiva de la contratación, siendo éste un requisito eludible, puesto que no se ha precisado cuál es la obra a ser ejecutada o el servicio especifico que debía prestar el recurrente ni se señalan las funciones genéricas que debía desarrollar. Sin el cumplimiento de esta exigencia, no se justifica la contratación temporal, habiéndose encubierto las labores de naturaleza permanente, convirtiéndose el contrato de trabajo del demandante, en uno de naturaleza indeterminada.

Casacipon (Texto completo)

LECTURA DEL TESTAMENTO EN ESCRITURA PÚBLICA

Si bien el inciso 5to. del Art. 696 del CC, determina que el testamento debe ser leído clara y distintamente por el Notario, el testador o el testigo testamentario elegido por este, esto no significa que además de ser leído por el Notario, debe ser leído también por el testador o por quien este designe, sino mas bien se trata de una sola lectura por cualquiera de las personas nombradas. Es así, que la norma no puede ser interpretada en forma literal, a partir del propio enunciado lingüístico.

04493 2009 PA/TC (Texto completo)

SUPUESTOS DEL DESPIDO FRAUDULENTO

"... se deduce que existen tres supuestos de despido fraudulento: a) la imputación de hechos notoriamente inexistentes , falsos o imaginarios, b) la atribución de una falta no prevista legalmente, c) la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad, todos los cuales deberán presentar la existencia de un ánimo perverso y auspiciado por el engaño de parte del empleador."

05102 2009 PHD/TC (Texto completo)

LIMITES DEL DERECHO DE INFORMACIÓN

Si bien el demandante tiene el derecho de conocer el contenido de su expediente, pretender que la información requerida contenga una motivación, no corresponde en stricto sensu con una pretensión propia del proceso de Hábeas Data. La entidad debe limitarse a entregar la información requerida, en los propios términos en los que aparece en el expediente. La información pública obliga al Estado o a sus instituciones a proporcionarla a quien la requiere, pero no a producir información distinta o adicional a la ya existente.

Expediente 05048 2009 PHC/TC (Texto completo)

PRESCRIPCIÓN GENERAL Y PENAL

"Desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius punendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de ella".

Expediente 04645 2009 PHD/TC (Texto completo)

DIMENSIONES DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

“Este derecho tiene una doble dimensión, por un lado, se trata de un derecho individual, en el sentido que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente legitimas. En segundo lugar el derecho de acceso a la información tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna”.

Expediente 05828 2009 PA/TC (Texto completo)

SIMULACIÓN CONTRACTUAL

"La emplazada contrató al recurrente para que le preste un servicio específico, pero no cumplió con la exigencia legal de precisar en qué consiste el servicio para el cual se lo contrata. El empleador utilizó la mencionada modalidad contractual de servicio específico como una fórmula vacía, con el único propósito de simular labores de naturaleza permanente como si fuesen temporales. En atención a ello se ha producido simulación y fraude a las normas establecidas en el Decreto Supremo N° 003-97-TR"

2009 00322 2501 JR CI 3 (Texto completo)

ESTADO DE INDEFENSIÓN EN EL DERECHO DE DEFENSA

El derecho de defensa establece una prohibición de estado de indefensión de la persona frente a un proceso o procedimiento que afecte un derecho o interés del mismo. Este derecho no se satisface con el mero y aparente cumplimiento de ritualidad de noticiar a la persona sobre la existencia de un proceso; sino con el desarrollo de todas las diligencias idóneas a efectos de una comunicación válida y oportuna sobre la existencia de un proceso. De lo contrario, este derecho fundamental se convertiría en la garantía de una mera formalidad procedimental que la viciaría de su real contenido.

05212 2009 PA/TC (Texto completo)

EXCLUSIÓN DE ASOCIADOS

El hecho de haber interpuesto una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los miembros del comité electoral no lo hace merecedor de la drástica decisión de excluirlo de la asociación, pues ninguna personal natural o jurídica puede condicionar el derecho de sus asociados de recurrir ante los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de su derecho de acción a fin de obtener tutela, de ser así, se estaría irrogando atribuciones que no son de su competencia.

2009 4045 (Texto completo)

DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA

Este derecho se traduce en aquella facultad que tiene toda persona para poder preservar y disponer de todo dato concerniente a ella, en resguardo de sus demás derechos constitucionales. A través del mismo no sólo se garantiza que todo individuo sea capaz de controlar el tipo de datos que sobre él se hayan registrado, sino que se impide no se vean afectados otros derechos constitucionales. El habeas data informativo es aquella variante que tendría por objeto proporcionar la información requerida por el demandante y que en un inicio le fue denegado.

2704 2009 (Texto completo)

RELACIONES LABORALES EN LAS ACTIVIDADES AZUCARERAS

Los contratos externos en la actividad azucarera, entre ellos, limpieza, corte de caña, entre otras actividades, no generan relación laboral directa, pues no concurre el vínculo de subordinación inmediata que identifica un vínculo de trabajo.

3342 2008 LIMA (Texto completo)

PRINCIPIO DE ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS

Principio consagrado en la última parte del art. 358 del Código Procesal Civil norma que proscribe al interesado a plantear un medio impugnatorio distinto al establecido por el Código Procesal Civil contrario sensu para que prospere dicho medio impugnatorio deberá interponer el que corresponda de conformidad a la naturaleza de la resolución cuestionada y en cumplimiento a la exigencia de la norma procesal; lo que implica que contra los actos jurídicos procesales no contenidos en resoluciones proceden los remedios y contra los actos jurídicos procesales contenidos en resoluciones, proceden los recursos impugnatorios.

5398 2008 LIMA (Texto completo)

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL

En virtud a este principio, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes y a los hechos alegados en la etapa postulatoria o en los recursos impugnatorios, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de sentencias incongruentes, como: a) la sentencia ultra petita, cuando se resuelve más allá del petitorio o los hechos; b) la sentencia extra petita, cuando el Juez se pronuncia sobre el petitorio o los hechos no alegados; c) la sentencia citra petita, en el caso que se omite total pronunciamiento sobre las pretensiones (postulatorias o impugnatorias) formuladas; d) la sentencia infra petita, cuando el juzgador no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio: omisiones y defectos que infringen el debido proceso.

5172 2008 LIMA (Texto completo)

PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA O DE INTERÉS

Principio por el cual, las nulidades no existen exclusivamente en el mero interés de la ley, sino en el perjuicio que genere. La existencia del perjuicio debe ser concreta y evidente. Requiere que quien la invoca demuestre que tal vicio le produjo un perjuicio cierto e irreparable, que no puede subsanarse sino con la sanción de nulidad. Con este principio, no se busca amparar la nulidad por el cumplimiento de meros formalismos, sino para enmendar los perjuicios que pudieran surgir de la desviación o incumplimientos procesales.

02091 2009 0 1308 SP CI 01 (Texto completo)

DESPIDO ARBITRARIO

Al transcurrir 3 meses de labores, el demandante se hallaba protegido del despido arbitrario, consecuentemente sólo podría ser despedido por causa justa y previo procedimiento especial. En el caso de autos queda acreditado que el demandante fue despedido del centro de trabajo sin ser sometido a procedimiento especial establecido en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, esto es no se le ha imputado infracción alguna ni se le ha dado la oportunidad de formular sus descargos, vulnerándose de esta manera sus derechos constitucionales al trabajo, a la protección contra el despido arbitrario, al debido proceso y a la legítima defensa.

1338 2009 LAMBAYEQUE (Texto completo)

PRESCRIPCIÓN DE ALIMENTOS EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL

La pretensión del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, pues como es de advertirse, la declaración de prescripción de pensiones alimenticias devengadas y la posibilidad de su interrupción, son atribuciones que corresponde a la jurisdicción ordinaria, las cuales deben orientarse por la reglas específicas establecidas en dicha jurisdicción, no siendo competencia ratione materiae de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, salvo que exista vulneración de derechos constitucionales.

1338 2009 LAMBAYEQUE (Texto completo)

PRESCRIPCIÓN DE ALIMENTOS EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL

La pretensión del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, pues como es de advertirse, la declaración de prescripción de pensiones alimenticias devengadas y la posibilidad de su interrupción, son atribuciones que corresponde a la jurisdicción ordinaria, las cuales deben orientarse por la reglas específicas establecidas en dicha jurisdicción, no siendo competencia ratione materiae de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, salvo que exista vulneración de derechos constitucionales.

222 2009 HUAURA (Texto completo)

UBICACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD

Esta Suprema Sala considera que los derechos de posesión y usufructo se encuentran dentro del contenido estrictamente legal del derecho de propiedad y no dentro del contenido constitucionalmente protegido del mismo, pues el análisis de dichos derechos depende únicamente de consideraciones de índole legal, por lo que, en cuanto a la vulneración del derecho fundamental a la propiedad debe desestimarse el amparo.

2370 2009 LIMA (Texto completo)

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE NORMAS DE DERECHO MATERIAL

Esta causal se configura cuando concurren los siguientes supuestos: a) se establecen determinados hechos esenciales a través de la valoración conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso. b) los hechos establecidos judicialmente, tienen relación esencial con los supuestos fácticos de una norma jurídica material seleccionada para el caso concreto. c) elegida la norma (sólo ella o en concurrencia con otras), la interpreta (y aplica) para resolver el caso concreto. d) el Juzgador, utilizando los métodos de interpretación, yerra al establecer el alcance y sentido de la norma (es decir, incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma) resolviendo el litigio de manera contraria a los valores y fines del derecho, vulnerado el valor superior del ordenamiento jurídico, como es el de la justicia.

2006 113 (Texto completo)

REQUISITOS MÍNIMOS COMUNES DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos, deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes, como ser un mandato vigente, ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, ser de ineludible y obligatorio cumplimiento y ser incondicional. Excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. Para los casos de cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados se deberá: a) reconocer un derecho incuestionable del reclamante y b) permitir individualizar al beneficiario.

2008 012 SC (Texto completo)

OBJETO DEL PROCESO DE AMPARO

El proceso de amparo no puede convertirse en una suprainstancia revisora de los fallos judiciales emitidos por la justicia ordinaria, su objeto, es más bien lograr la protección, restablecimiento y garantía de goce efectivo de los derechos reconocidos por nuestra Constitución, en tal virtud no es posible retrotraer el proceso ordinario a determinada etapa del mismo por el solo hecho que el pretensor no logró la satisfacción de interés contenido en su demanda.

234 2009 (Texto completo)

CONCEPTO DEL PROCESO DE ACCIÓN POPULAR

El proceso constitucional de acción popular es aquel que puede ser emprendido por cualquier ciudadano, independientemente de que la norma que se impugne lo afecte o no, pues procede ante el supuesto que perjudique a la colectividad. A través de este proceso se reconoce la posibilidad de que cualquier ciudadano defienda un interés que no le concierne como simple particular, sino como miembro de una determinada colectividad. En otras palabras este proceso está pensando en una suerte de control ciudadano sobre el poder reglamentario de la Administración Pública y sobre todo, para el caso del gobierno, en tanto que ella, mediante su actividad que le es propia puede vulnerar las leyes y la Constitución.

2009 6397 0 1706 JR PE 2 (Texto completo)

PLAZO DE PRUEBA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS

El cómputo del plazo de prueba señalado en la sentencia condenatoria se cumplirá aunque se interponga recurso de nulidad. Esto quiere decir que la impugnación contra una sentencia condenatoria no es suspendida y, por consiguiente se ejecuta provisionalmente. Por ello deberá instarse el cumplimiento de las reglas de conducta, las penas que no son objeto de suspensión y el pago de la reparación civil, en tanto que la competencia del órgano jurisdiccional de ejecución no está suspendida.

2009 05858 (Texto completo)

NOTIFICACIÓN EFECTUADA POR CORREO ELECTRÓNICO

Si bien es cierto una tecnología como la que se viene incorporando en el ámbito jurisdiccional, requiere de perfeccionamiento material y normativo, porque podría eventualmente ocasionar perturbaciones y conductas lesivas en perjuicio de los litigantes y de la propia labor de administrar justicia. Tal circunstancia no se ha producido en el caso de autos, pues se aprecia que es el mismo abogado defensor que con escrito que obra en el expediente, ha señalado de manera expresa la dirección electrónica como domicilio procesal.

2785 2008 (Texto completo)

MEDIDAS CAUTELARES INNOVATIVAS

Las medidas cautelares innovativas son excepcionales para su procedencia, el solicitante, además de cumplir con los requisitos generales de toda medida cautelar esto es verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, debe cumplir con los requisitos especiales, establecidos en el art. 682 del Código Procesal Civil.

2452 2008 (Texto completo)

ALCANCES DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LOS LIQUIDADORES

Si bien los liquidadores poseen facultades establecidas en la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, éstas no pueden ejercerse liberal e irrestrictamente, sino en armonía con la razón intrínseca de la ley. Sin se exceden en el ejercicio de sus facultades de representación, podrían perjudicar los intereses patrimoniales de los acreedores comunes y e las acreencias accionarias. Por lo tanto, la liquidación o quiebra debe considerarse como la última ratio.

0833 2004 AA/TC (Texto completo)

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD

Así, en virtud del principio de primacía de la realidad –que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurre en la realidad y lo que aparece en los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos–, este Colegiado estima que resulta evidente que las actividades del recurrente, al margen del texto de los contratos respectivos, han tenido las características de subordinación y dependencia, propias de la relación laboral.

1944 2002 AA/TC (Texto completo)

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD

“En el caso autos, es aplicable el principio de primacía de la realidad, que significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. En tal sentido, del contenido de los contratos referidos se advierte que existía una relación laboral entre el demandante y la demandada de las características señaladas en el fundamento precedente; por tanto, las labores que realizaba eran de naturaleza permanente y no eventual, como lo manifiesta la demandada”.

00559 2008 PA/TC (Texto completo)

DESNATURALIZACION DE CONVENIO DE FORMACION LABORAL

“… por aplicación del principio de primacía de la realidad queda establecido que entre las partes ha existido una relación de naturaleza laboral de la actividad privada de duración indeterminada, por lo que la desnaturalización del contrato de trabajo de la recurrente se produjo desde el primer período laboral, habiéndose simulado una relación de carácter civil con la exigencia del cobro de la remuneración a cambio de la presentación de recibos por honorarios profesionales y luego con el convenio de formación juvenil.”

2010 271 (Texto completo)

DETENCION JUDICIAL PREVENTIVA

A criterio del Tribunal Constitucional, “El derecho a la libertad personal, como todo derecho constitucional, no es absoluto”, pues éste está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. Es por ello que la detención judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es, per se, inconstitucional, en tanto no comparta una medida punitiva, ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado y, legalmente, se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado.

524 2009 (Texto completo)

PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN

Según este principio, el que inscribe su derecho en el registro queda protegido, legitimado en su inscripción, mientras no se declare la nulidad o se rectifique judicialmente, tal inscripción, esto es, contienen una presunción iuris tantum de validez de la inscripción o del contenido del registro mientras no se demuestre su inexactitud.

04765 2009 PHC/TC (Texto completo)

PRINCIPIO NE BIS IN IDEM MATERIAL

Si bien es cierto el principio ne bis in idem material no se encuentra textualmente reconocido en la Constitución como un derecho fundamental de orden procesal, al desprenderse del derecho reconocido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución (cosa juzgada), se trata de un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso, como es el debido proceso. Siendo así el principio ne bis in idem en su vertiente material garantiza el derecho a no ser procesado por la infracción a un bien jurídico por el cual ya fue sentenciado (pronunciamiento judicial firme), siempre y cuando exista identidad de sujeto hecho y fundamento, pues dicho derecho presupone la interdicción de un nuevo proceso penal a un mismo imputado, por la misma conducta y con igual fundamento que en el proceso penal anterior en el que fue sentenciado, protegiéndolo de esa manera, frente al riesgo de la imposición de una doble condena.

626 2009 ICA (Texto completo)

ACCIÓN REIVINDICATORIA

La acción reivindicatoria es una acción real, es imprescriptible y se basa en el derecho de propiedad, teniendo como finalidad la obtención de la posesión del que tiene derecho a poseer un bien de quien efectivamente lo posee. En otras palabras, mediante esta acción real- recae sobre un bien- el propietario no poseedor hace efectivo su derecho contra el poseedor no propietario, pues lo que se reclama es la posesión y no el dominio. Para que prospere la acción reivindicatoria, el demandante debe acreditar tres requisitos: la propiedad del bien, que se reclama, la posesión o detentación injusta o ilegítima del bien por el demandado, y la identidad corporal del bien.

2009 5243 (Texto completo)

PROCEDIMIENTO DE DESPIDO

El procedimiento de despido, establecido en el Decreto Legislativo N° 728, señala que el empleador “puede exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo, siempre que ello no perjudique su derecho de defensa y se la abone la remuneración y demás beneficios que pudieran corresponderle. La exoneración debe constar por escrito”.

Expediente 2008-886 (Texto completo)

CLASES DE DESPIDO

Es así, que se entiende por Despido Incausado, cuando no exista imputación de causa alguna. Despido Nulo, cuando el despido limite el libre ejercicio del derecho de sindicalización o este basado en la discriminación, tendiente a menoscabar la libertad sindical; los despidos originados en la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma o de cualquier otra índole así como los despidos producidos con motivo de embargo y que se originen en la condición de impedido físico y mental; y, Despido Fraudulento, cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente.

4053 2008 (Texto completo)

DESPIDO POR FALTA GRAVE

Habiendo el demandante agredido físicamente a su jefe inmediato en el local de la empresa donde trabajó, y siendo el tema laboral, que se originó, resulta procedente aplicar al presente caso, la excepción propuesta en el artículo 1031° del DS 003 97 TR, que faculta al empleador, no cursar la carta de preaviso, sino en forma directa la de despido, en consecuencia no existe violación a los derechos constitucionales.

Expediente 2008-1029 (Texto completo)

CONCEPCION CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; el trabajo es un deber-derecho, base del bienestar social y medio de realización de la persona, ninguna relación laboral pude limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. El trabajo humano es también organizador, planificador del tiempo y de la vida humana, “somos lo que hacemos” en el caso de autos, por ejemplo, el demandante es técnico de campo, Jefe de Grupo y hacia tarea de tales.

02141 2009 0 2101 JR PE 01 (Texto completo)

HABEAS CORPUS CORRECTIVO

El Habeas Corpus correctivo procede ante la amenaza o violación del derecho a la vida o a la integridad de las personas que se encuentran privadas de libertad.

2009- 439 0 2501 JR CI 03 (Texto completo)

CARACTERISTICAS DE SUBORDINACION

Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las laborales, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o cumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador.

04352 2009 PHC/TC (Texto completo)

PRESCRIPCION PENAL

La prescripción desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Desde la óptica penal es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius punendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borre los efectos de la infracción existiendo apenas memoria social de ella. Dicho de otro modo, es una Norma Fundamental inspirada en el principio pro homine, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora, en la cual el Estado autolimita su potestad puntiva, orientación que se funda en la necesidad de que pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y se abandone el castigo de quien lleve mucho tiempo viviendo honradamente consignando de esta manera el principio de seguridad jurídica.

2008 00869 (Texto completo)

POTESTAD SANCIONADORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Si bien la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades, otorga facultades sancionadoras a los Gobiernos Locales, ello no implica que gocen de una irrestricta discrecionalidad en el ejercicio de dicha potestad, puesto que debe ejercitarse con arreglo a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, en donde se establece que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes les hayan sido expresamente atribuido por disposición legal o reglamentaria sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto.

04650 2007 PA/TC (Texto completo)

TEMERIDAD PROCESAL

Siendo esto así, ha quedado acreditado que en el presente caso no sólo no existe ningún sustento constitucional en la demanda de la recurrente que amerite protección en esta vía, sino que su actuación, al pretender desconocer una sentencia estimatoria de un proceso constitucional, se enmarca en un claro supuesto de temeridad que debe ser sancionado conforme lo prevé el artículo 56° del Código Procesal Constitucional

04650 2007 PA/TC (Texto completo)

TEMERIDAD PROCESAL

Siendo esto así, ha quedado acreditado que en el presente caso no sólo no existe ningún sustento constitucional en la demanda de la recurrente que amerite protección en esta vía, sino que su actuación, al pretender desconocer una sentencia estimatoria de un proceso constitucional, se enmarca en un claro supuesto de temeridad que debe ser sancionado conforme lo prevé el artículo 56° del Código Procesal Constitucional

03696-2009-PHC/TC (Texto completo)

PLAZO DE PRISION PREVENTIVA

“Los plazos máximos de duración de la prisión preventiva se encuentran establecidos en nuestro ordenamiento jurídico penal. En ese sentido, resulta válido afirmar, que cualquier mantenimiento de la presión preventiva por un tiempo excesivo al previsto lesiona el derecho a la libertad personal en concreto, al derecho a no ser detenido fuera del plazo establecido. El Código Procesal Penal establece que la detención no durará más de 9 meses de procedimiento (sumario) y de 48 meses en el procedimiento (ordinario), en el caso de otros delitos de naturaleza compleja, el plazo límite de detención se duplicará.”

05072 2009 PA/TC (Texto completo)

REGLA RESPECTO AL PAGO DE INTERESES SOBRE DUDA DEL ITAN

Como quedó demostrado el ITAN, es un tributo que no lesiona principio constitucional alguno, siendo su pago constitucional y legalmente exigible a los contribuyentes. Pero es el caso que aunque la demora haya sido desestimada, deben precisarse los alcances del fallo respecto al pago de intereses, pues dada la prolongada duración del proceso de amparo, traería como consecuencia que quien solicitó la tutela de un derecho, termine en una situación que le ocasione un perjuicio económico mayor que aquel que el que hubiera sufrido sino hubiese interpuesto la demanda en la equivocada creencia de que el ITAN resultaba equiparable al IMP o al AAIR. En consecuencia la SUNAT deberá abstenerse de considerar el cobro de intereses moratorios. Dicha regla solo rige hasta la fecha en que existió la duda sobre el pago de este tributo, esto es, el 1 de julio de 2007, fecha que se publicó la resolución que declaraba constitución dicho tributo.

5139 2009 (Texto completo)

DESNATURALIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO

De la presentación de los instrumentos, que acreditarían una tarea permanente por parte del demandante a favor de la emplazada, resulta de plano incongruente con la previsión de una contratación en locación de servicios, produciendo su desnaturalización, fundamentalmente porque no se niega el derecho de la emplazada a establecer el régimen legal que considere conveniente según sus necesidades, sino que resulta desestimable aplicar erróneamente un régimen de contratación que no corresponde.

5934 (Texto completo)

FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ACCIÓN PENAL

Se entiende que el Fiscal no decide, sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue o, en todo caso, que determine la responsabilidad penal de acusado, esto es, que realiza su función persiguiendo el delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide, por lo tanto, las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva, por lo que no tienen incidencia negativa directa sobre el derecho a la libertad personal del recurrente ni tampoco pueden constituir una amenaza a dicho derecho.

CAS N° 843 2009 LIMA (Texto completo)

VICIO DE INCONGRUENCIA

Integrado la espera de la debida motivación, se haya el principio de congruencia, cuya trasgresión la constituye el llamado “Vicio de Incongruencia”, que ha sido entendido como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones o sus argumentos de defensa pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silentio – cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre alegaciones sustanciales formuladas oportunamente-, la incongruencia por exceso o extra petitum- cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no expresada- y la incongruencia por error en la que concurren ambos tipos de incongruencia, dado que en este caso el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación.

04844 2008 PA/TC (Texto completo)

DESPIDO NULO DE LAS TRABAJADORAS EMBARAZADAS

Para declarar nulo el despido de las trabajadoras embarazadas, lesivo del derecho a la no discriminación por razón de sexo, es menester la acreditación del previo conocimiento del estado de gestación por parte del empleador que despide o el requisito de previa notificación de dicho estado por la trabajadora al empleador. Es más el artículo 4.1 de la Recomendación 95 de la OIT establece que el periodo durante el cual será ilegal despedir a una mujer debe comenzar a contarse a partir del día en que se haya notificado al empleador el embarazo por medio de un certificado médico.

06343 2007 PA/TC (Texto completo)

CONDUCTA INFRACTORA NO TIPIFICADA

“Fluye de la Resolución sancionadora que se suspendió al recurrente, argumentándose que había asistido a su centro de estudios en estado de ebriedad…. Sin embargo, no hubo norma alguna que tipificara dicha conducta como constitutiva de infracción para así sancionar al recurrente. Siendo así, la norma que habilitaría la sanción al recurrente, habría sido una norma penal "aplicada de manera supletoria”; pero aplicar esta norma supletoria resultaría contraria al principio de legalidad pues éste exige la previsión expresa y especifica del hecho infractor “Lo que determina el fallo, no es tanto el que la conducta sancionada sea tolerable desde la perspectiva de la Constitución, sino más bien, la inexistencia de disposiciones vigentes para sancionar al recurrente. Y ello porque así como la Constitución garantiza los derechos a la educación y al debido procedimiento, también proscribe el abuso del derecho, el cual no es posible soslayar.

01780 2009 PA/TC (Texto completo)

EMBARGO SOBRE CUENTAS INEMBARGABLES

“Independientemente de que el recurrente haya contraído obligaciones tributarias y aún si éstas se encuentran pendiente de pago, ello no autoriza una actuación al margen de la ley por parte de la Administración Tributaria, a fin de garantizar el cobro de la deuda sobre depósitos de naturaleza intangible. Por consiguiente el artículo 33, inciso d) de la Ley 26979, respecto al embargo en forma de retención sobre depósitos en poder de tercería, de ninguna manera puede ser interpretado de forma tal que permita el embargo de cuentas bancarias – cuando se acredite que corresponde a pago de haberes-….”

Exp. 2008 0584 0 2505 JM CI 01 (Texto completo)

FINALIDAD DEL PROCESO DE AMPARO

El proceso de Amparo tiene la finalidad de proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza, siendo necesario se acredite la misma, a fin de ser amparada la petición. Es por ello que para que exista un pronunciamiento de mérito, la titularidad del derecho subjetivo concreto, debe encontrarse suficientemente acreditado.

EXP. N.° 00181-2008-PA/TC (Texto completo)

NEXO CAUSAL ENTRE CONDICIONES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL

Para acreditar una enfermedad profesional de origen ocupacional, como la hipoacusia, es necesario acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad, para lo cual se tendrán en cuenta las funciones desempeñadas por el posible beneficiario en su puesto de trabajo, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo, ya que la hipoacusia se produce por la exposición repetida y prolongada al ruido.

2009 00183 0 1101 JR CI 02 (Texto completo)

REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Para la procedencia del Proceso de cumplimiento, se requiere que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles a la presentación de la solicitud.

05680 2008 PA/TC (Texto completo)

PROTECCIÓN DEL ESTADO AL HABILITAR LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA

A la hora de habilitar la instalación de las antenas de telefonía, el Estado tiene el deber de protección respecto al derecho a la salud, asentado finalmente en la función de prevención. Esta labor preventiva debe verificarse en la conjunción de dos requisitos básicos que debe observar a través de sus autoridades competentes: a) La autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que atienda a la cantidad de radiación ionizante que, como máximo, puede emitir una antena para no ser dañina a la salud, y b) la autorización de la municipalidad respectiva, a efectos de verificar si la construcción de la estación celular y de la antena, respetan los estándares de seguridad establecidos y si la construcción se encuentra muy cercana a viviendas que pudieran ser afectadas por la misma.

1247 2009 LIMA (Texto completo)

RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Se advierte que la resolución contractual conlleva a la ineficacia de un contrato por causal sobreviniente a su celebración. Para que la cláusula resolutoria expresa, produzca efectos se requiere: a) El incumplimiento de la prestación establecida con toda precisión, que provocará la resolución, es decir la condición previa: b) El afecto específico que tiende a producir; y c) la comunicación cursada por la parte acreedora a la deudora de querer valerse de la resolución. Esta resolución opera de pleno derecho, actúa automáticamente, sin necesidad de declaración judicial. En la doctrina, la cláusula resolutoria expresa “es una estipulación que las partes insertan en el contrato con el fin de dotarse preventivamente de un instrumento eficaz de tutela frente a uno o varios incumplimientos específicos que es “necesario que el contenido de la cláusula esté determinado de manera suficientemente precisa no sería eficaz, por lo tanto, una cláusula que previniese de manera genérica la resolución en la hipótesis de mala ejecución de contrato”.

378 2009 LA LIBERTAD (Texto completo)

NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA

Constituye en nuestro sistema procesal, un remedio excepcional, de naturaleza residual y extraordinario, que permite efectuar un nuevo examen de la sentencia definitiva que adquirió la autoridad de cosa juzgada, obtenida en base a un engaño o a una simulación que agrava a tal punto el espíritu de justicia, que mantener la cosa juzgada, sería una aberración. A través de este instituto se busca remediar una situación viciada por fraude procesal, que ha afectado el debido proceso, retrotrayéndose las cosas al estado anterior al que se produjo el fraude procesal, anulando todos los actos afectados por tal inconducta.

03421 2009 PA/TC (Texto completo)

REQUISITO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL

Si bien es cierto, obran en autos los contratos temporales por incremento de actividad, suscritos por el demandante en donde se consigna que se contrata bajo la modalidad de “incremento de actividad empresarial”, esto es un contrato temporal, este no cumple con el requisito señalado en el Decreto Supremo N° 003 97 TR, artículo 77°, que dispone la necesidad de precisar la causa objetiva determinante de su contratación que justificará la temporalidad del cargo.

04242 2009 PHC/TC (Texto completo)

MEDIO IMPUGNATORIO

En materia penal, la interpretación de un medio impugnatorio tiene la virtud de determinar la competencia del órgano judicial superior, en el sentido de que este no puede: a) modificar arbitrariamente el ilícito penal con el que se venía juzgando al procesado; y, b) aumentar la pena inicialmente impuesta, si ningún otro sujeto procesal ha hecho ejercicio de los medios impugnatorios, pues de otra forma se enervaría la esencia misma del contradictorio, garantía natural del debido proceso judicial y el ejercicio del derecho de defensa del acusado.

02953 2008 PA/TC (Texto completo)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos fundamentales como el derecho al honor y a la buena reputación, el desconocimiento de tales derechos podría ocasionar que se deje en una situación de indefensión Constitucional de ataques contra la “imagen” que tienen frente a los demás o ante el descrédito ante terceros de toda organización creada por los individuos.

04382 2009 PA/TC (Texto completo)

AMENAZA Y PERJUICIO EN EL PROCESO DE AMPARO

Es importante resaltar que la “amenaza” debe poseer 2 rasgos esenciales: certeza e inminencia, de modo que dicho riesgo pueda ser atendible a través del proceso constitucional de amparo. Es decir el “perjuicio” debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo aquellos perjuicios que escapan a una captación objetiva. En consecuencia para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada en hechos reales y de inminente realización, esto es, que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato y no en uno remoto.

05306 2009 PHC/TC (Texto completo)

LIBRE TRÁNSITO VS. SEGURIDAD CIUDADANA

La instalación de rejas metálicas u otro tipo de sistemas de seguridad en la vía pública, es una restricción legítima del derecho a la libertad de tránsito, pues su objeto es tutelar otro bien jurídico constitucional, como es la seguridad ciudadana. Es así que en la necesidad de garantizar que la colectividad no se vea perjudicada en sus derechos más elementales frente al entorno de inseguridad recurrente en los últimos tiempos, se ha vuelto una práctica reiterada el que los vecinos o las organizaciones que los representan, opten por colocar estos sistemas de seguridad las vías públicas. Por ello este tipo de prácticas no es inconstitucional y más aún si de los actuados se determina que dicha medida no es irrazonable o desproporcionada.

1333 2009 LIMA (Texto completo)

ACUMULACIÓN DE PETENSIONES

Una de las finalidades principales de la acumulación de pretensiones es que en un solo proceso se discuta más de una pretensión o que dos procesos iniciados por separado se unan para su trámite común, tanto por razones de economía y celeridad procesal, de una correcta administración de justicia e incluso para evitar la expedición de fallos contradictorios entre procesos donde se discuten controversias derivadas de un mismo hecho o hechos vinculados. Uno de los requisitos exigidos en el Código Procesal Civil, es que no se traten de pretensiones contrarias entre sí; sin embargo, tal requisito debe ser entendido en el sentido de que la causa pretendi esto es, lo que se pide no puede ser contrario entre si, pues no se puede solicitar como pretensión principal la resolución de un contrato y accesoriamente su cumplimiento, salvo como lo dice la propia ley, sea propuesta en forma subordinada o alternativa.

241 2009 CAJAMARCA (Texto completo)

HECHO OBJETIVO EN LA SEPARACION DE HECHO

La separación de hecho de los cónyuges, por un período prolongado, ininterrumpido de dos o cuatro años, según sea el caso, sin la voluntad de hacer vida en común puede acaecer por el abandono de hecho de uno de ellos, por provocar el uno el alejamiento del otro, o por acuerdo mutuo de separarse de hecho, en otras vicisitudes. Cualesquiera que fuere la circunstancia, “la interrupción de la cohabitación durante un lapso prolongado constituye la revelación más evidente de que el matrimonio ha fracasado”, es por eso, que el divorcio por esta causal objetiva no requiere que los cónyuges manifiesten las motivaciones que los llevaron para interrumpir su cohabitación. Basta confirmar el hecho objetivo de que dejaron de convivir y, que cada uno de ellos vivió separadamente del otro, sin el ánimo de unirse.

657 2009 LA LIBERTAD (Texto completo)

NULIDADES PROCESALES

Entendidas como aquél estado de anormalidad de un determinado acto procesal (o conjunto de ellos) en razón de la carencia o presencia defectuosa de requisitos que condicionan su existencia regular son, según la más moderna doctrina, soluciones de ultima ratio, a las que solo debe recurrirse en casos extremos, dejando de lado la añeja posición del culto de la forma por la forma. Es así que cuando se realice un acto procesal infringiendo un requisito formal esencial, nos encontraremos ante un acto en principio nulo, pero si se trata de un requisito formal intranscendente, el acto devendrá, solamente en irregular, pero no perderá su eficacia.

2009 4019 (Texto completo)

LOCACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS NO PERSONALES

Para las labores de orden técnico y especialización, se prevé la locación de servicios y los contratos no personales, pues ellos no suponen ningún tipo de sujeción del locador, quien por naturaleza, inclusive, presta su concurso especializado fuera de las instalaciones de la empresa o si lo hace en ella, existe una característica de alta especialización, no siendo aplicable para labores per se laborales. Por ejemplo se destaca que la asesoría legal externa, ejecutada con los supuestos base señalados en la locación de servicios, artículo 1764° del Código Civil, no genera relación laboral.

5538 2009 (Texto completo)

LIBERTAD DE TRÁNSITO

La libertad de tránsito no es un derecho absoluto y que bajo ciertas circunstancias, puede restringirse su ejercicio, en aras del necesario, ejercicio de protección y tutela de otros derechos fundamentales, los cuales concurren frente a la libertad de tránsito reclamando la tutela lógica de verse afectados. La base de probanza, está constituida por la necesaria, exigible e indispensable verificación que debe ejercer el juez de la causa a efectos de constatar la existencia o no de trasgresiones flagrantes al derecho a la libertad individual.

01295-2010-PA/TC (Texto completo)

PROBANZA EN EL DESPIDO POR CAUSA DE CESE

Para alegar la vulneración del derecho al trabajo, como el caso del despido por cese, no solo basta con la afirmación del actor, sino debe ser probado fehacientemente, que el cese en sus labores, tuvo su origen en un acto de despido.

03279-2009-PA/TC (Texto completo)

DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS A PLAZO FIJO

En el caso de autos, la trabajadora celebró un contrato de naturaleza accidental para suplir a un trabajador, pero en los hechos verificados, dicha trabajadora empezó a rotar, reemplazando a otros trabajadores, de lo que se concluye que la empleadora ha simulado el contrato sujeto a modalidad para encubrir uno de plazo indeterminado.

03052-2009-PA/TC (Texto completo)

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA: PROCEDENCIA DEL AMPARO RESTITUTORIO DEL TRABAJO

El cobro de la CTS, no será considerado como consentimiento del despido y causal de improcedencia de las demandas de amparo: a. El cobro de los beneficios sociales (compensación por tiempo de servicios, vacaciones truncas, gratificaciones truncas, utilidades u otro concepto remunerativo) por parte del trabajador, no supone el consentimiento del despido arbitrario y, por ende, no debe considerarse como causal de improcedencia del amparo. b. El cobro de la indemnización por despido arbitrario u otro concepto que tenga el mismo fin “incentivos” supone la aceptación de la forma de protección alternativa brindada por ley, por lo que debe considerarse como causal de improcedencia del amparo. c. El pago pendiente de la compensación por tiempo de servicios u otros conceptos remunerativos adeudos al trabajador debe efectuarse de modo independiente y diferenciado al pago de la indemnización por despido arbitrario, esto es, el empleador deberá realizar dichos pagos en cuentas separadas o a través de consignaciones en procesos judiciales independientes, bajo su responsabilidad.

03052-2009-PA/TC (Texto completo)

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA: PROCEDENCIA DEL AMPARO RESTITUTORIO DEL TRABAJO

El cobro de la CTS, no será considerado como consentimiento del despido y causal de improcedencia de las demandas de amparo: a. El cobro de los beneficios sociales (compensación por tiempo de servicios, vacaciones truncas, gratificaciones truncas, utilidades u otro concepto remunerativo) por parte del trabajador, no supone el consentimiento del despido arbitrario y, por ende, no debe considerarse como causal de improcedencia del amparo. b. El cobro de la indemnización por despido arbitrario u otro concepto que tenga el mismo fin “incentivos” supone la aceptación de la forma de protección alternativa brindada por ley, por lo que debe considerarse como causal de improcedencia del amparo. c. El pago pendiente de la compensación por tiempo de servicios u otros conceptos remunerativos adeudos al trabajador debe efectuarse de modo independiente y diferenciado al pago de la indemnización por despido arbitrario, esto es, el empleador deberá realizar dichos pagos en cuentas separadas o a través de consignaciones en procesos judiciales independientes, bajo su responsabilidad.

EXP. N.º 00002-2010-PI/TC (Texto completo)

CAS – RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN LABORAL PARA SECTOR PÚBLICO

El Decreto Legislativo Nº 1057 debe ser interpretado de modo que toda actividad interpretativa hecha respecto del denominado “contrato administrativo de servicios”, deba entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen “especial” de contratación laboral para el sector público, el mismo que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el marco constitucional. Corresponde también que el Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo dicte la regulación necesaria para que, complementando dicha legislación, adopte disposiciones tales como la fijación de los límites para la contratación de personal bajo esta modalidad de modo que pueda hacerlo no sólo fijando porcentajes respecto del total de trabajadores de este régimen, sino estableciendo otros criterios que considere razonables para tal efecto.

EXP. N° 03668-2009-PA/TC (Texto completo)

PROHIBICIóN DE ACTOS PARA OBLIGAR AL DESALOJO

Se considera que el corte de los servicios de energía eléctrica y agua no es un medio constitucionalmente válido para obligar a la recurrente a desalojar el inmueble donde habita; por el contrario constituye un acto que vulnera la dignidad de la recurrente, razón por la cual dicho acto debe ser repudiado y rechazado en esta sede constitucional. Y es que la ponderación, limitación y/o intromisión a los derechos fundamentales de las personas no puede caer en manos de particulares, sino que necesariamente debe ser efectuada o autorizada por autoridad estatal, quien en dicha tarea se encargará de privilegiar la protección de intereses públicos relevantes. En razón de ello, en el caso de autos, el mecanismo constitucionalmente válido para proceder al desalojo de la recurrente no es precisamente el corte de los servicios de energía eléctrica y agua, sino el acudir al proceso judicial correspondiente en donde por seguro se respetarán los derechos fundamentales de la persona y la dignidad humana; proceso al que ya ha acudido válidamente la empresa. Mientras tanto, el actuar de la empresa no puede ser permitido ni tolerado por los postulados del Estado Constitucional de Derecho toda vez que vulnera la dignidad de la recurrente, razón por la cual la demanda debe ser estimada, ordenándose a la empresa la inmediata reposición de los servicios de energía eléctrica y agua potable.

EXP. N° 03668-2009-PA/TC (Texto completo)

PROHIBICIóN DE ACTOS PARA OBLIGAR AL DESALOJO

Se considera que el corte de los servicios de energía eléctrica y agua no es un medio constitucionalmente válido para obligar a la recurrente a desalojar el inmueble donde habita; por el contrario constituye un acto que vulnera la dignidad de la recurrente, razón por la cual dicho acto debe ser repudiado y rechazado en esta sede constitucional. Y es que la ponderación, limitación y/o intromisión a los derechos fundamentales de las personas no puede caer en manos de particulares, sino que necesariamente debe ser efectuada o autorizada por autoridad estatal, quien en dicha tarea se encargará de privilegiar la protección de intereses públicos relevantes. En razón de ello, en el caso de autos, el mecanismo constitucionalmente válido para proceder al desalojo de la recurrente no es precisamente el corte de los servicios de energía eléctrica y agua, sino el acudir al proceso judicial correspondiente en donde por seguro se respetarán los derechos fundamentales de la persona y la dignidad humana; proceso al que ya ha acudido válidamente la empresa. Mientras tanto, el actuar de la empresa no puede ser permitido ni tolerado por los postulados del Estado Constitucional de Derecho toda vez que vulnera la dignidad de la recurrente, razón por la cual la demanda debe ser estimada, ordenándose a la empresa la inmediata reposición de los servicios de energía eléctrica y agua potable.

EXP. N° 00035-2010-PA/TC (Texto completo)

PROTECCIÓN ESPECIAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

“… la recurrente, en su calidad de persona discapacitada, tiene derecho a una protección especial por parte del Estado, a tenor de los artículos 7° y 23° de la Constitución, y de conformidad con el artículo 18° del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”, sobre protección de los minusválidos, pues toda persona afectada por una disminución en sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad y ser protegida especialmente por el Estado; con el respeto a su dignidad personal y laboral”.

EXP. N° 00035-2010-PA/TC (Texto completo)

PROTECCIÓN ESPECIAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

“… la recurrente, en su calidad de persona discapacitada, tiene derecho a una protección especial por parte del Estado, a tenor de los artículos 7° y 23° de la Constitución, y de conformidad con el artículo 18° del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”, sobre protección de los minusválidos, pues toda persona afectada por una disminución en sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad y ser protegida especialmente por el Estado; con el respeto a su dignidad personal y laboral”.

EXP. N° 02693-2010-PA/TC (Texto completo)

PRECISIONES SOBRE LA VIA DE AMPARO

“(…) el proceso de amparo es un proceso constitucional autónomo y no puede ser asumido como un proceso al cual se pueda trasladar, para su discusión y resolución, una cuestión ya resuelta en el proceso ordinario. El control constitucional de una resolución judicial a través del amparo no supone que este sea una instancia más del proceso ordinario; sino por el contrario, dicho control se realiza con un canon constitucional valorativo propio.

Exp. 00014 2009 PI/TC (Texto completo)

FACULTADES DEL INDECOPI DE INAPLICAR ORDENANZAS

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del INDECOPI, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su inconstitucionalidad, sino su ilegalidad. Por ejemplo, cuando en un procedimiento administrativo se detecta que una ordenanza es contraria a alguna Ley, la CEB resuelve tal antinomia en virtud del principio de competencia excluyente, “aplicable cuando un órgano con facultades legislativas regula un ámbito material de validez, el cual, por mandato expreso de la Constitución o una ley orgánica, comprende única y exclusivamente a dicho ente legisferante”. Como se observa, la situación generada se resuelve a partir de determinar que se trata de una antinomia entre dos normas del mismo rango, como pueden ser las leyes formales y las ordenanzas regionales y municipales. Su resolución descansa por consiguiente en la aplicación de la norma legal aplicable al caso concreto en virtud de competencias repartidas y no en virtud a un análisis de jerarquía entre ordenanza (regional o local) y la Constitución.

Exp. 2008 524 (Texto completo)

CONTRATO TEMPORAL Y EL CONTRATO ACCIDENTAL-OCASIONAL

Corresponde el contrato temporal cuando deben realizarse actividades que no pueden ser satisfechas por el personal permanente de una entidad. El contrato accidental-ocasional se utiliza cuando se requiere la atención para necesidades transitorias, distintas a las actividades habituales de una empresa. Para ambos supuestos, la ley establece plazos máximos de duración, así como la exigencia de que las causas objetivas determinantes de la contratación consten debidamente por escrito.

Exp. 2008 0585 0 2501 (Texto completo)

IMPROCEDENCIA DE PROCESOS CONSTITUCIONALES

".... no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda, no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado...".

EXP. N° 04157-2009-PA/TC (Texto completo)

CAUSA OBJETIVA PARA CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORAL

El contrato de trabajo por necesidades del mercado es de duración determinada, ya que tiene como elemento justificante para su celebración la existencia de una causa objetiva de carácter temporal, ocasional o transitoria que implica una necesidad de la empresa de aumentar su productividad; esto es, que para determinar su celebración se deberá precisar en qué consiste la variación coyuntural en la demanda del mercado que genere una necesidad temporal de contratación de personal, por no poder satisfacerse aquella variación con su personal permanente, pudiendo desempeñarse incluso labores ordinarias o propias del empleador.

Exp. Nº 02799-2010-PA/TC (Texto completo)

OBLIGACIóN DE CONOCER LA JURISPRUDENCIA

El actor, dada su condición de juez, es evidente que se encontraba en la obligación de conocer la jurisprudencia del TC sobre la materia, más aún cuando se trataba de un proceso de inconstitucionalidad, que es de conocimiento público.

Exp. 2009-1297 (Texto completo)

VIA ESPECIFICA PARA CONFLICTOS CON EL CAS

El CAS es considerado como una modalidad especial propia del derecho administrativo laboral, aplicable también, a las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, y en la cual se prevé, en caso de conflicto, una vía específica, esto es el proceso contencioso administrativo.

Exp. Nº 0655 2010 PHC/TC (Texto completo)

PROHIBICION DE REGISTRAR EL CONTENIDO DE LAS LLAMADAS

El derecho a la vida privada tutela "a las conversaciones telefónicas independientemente de su contenido e incluso puede comprender tanto las operaciones técnicas dirigidas a registrar ese contenido, mediante su grabación y escucha, como cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo, por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen de las que ingresan, la identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas, aspectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar el contenido de la llamada mediante la grabación de las conversaciones"

(Texto completo)

PROCESO DE AMPARO CONTRA NORMAS AUTOAPLICATIVAS

la procedencia de este instrumento procesal está supeditado a que la norma legal a la cual se le imputa el agravio sobre un derecho fundamental, se trate de una norma operativa o denominada también de eficacia inmediata, esto es, aquella cuya aplicabilidad no se encuentre sujeta a la eficacia inmediata de algún acto posterior o a una eventual reglamentación legislativa, en la medida en que adquiera su eficacia plena en el mismo momento en que entra en vigencia”; de modo que “en tal caso, y siempre que estas normas afecten directamente derechos subjetivos constitucionales, el amparo sí podrá prosperar. Por ello, la recurrente está obligada a cumplir las disposiciones que la Municipalidad dicte dentro de sus competencias en materia de transporte público, toda vez que constituye una actividad reglada, máxime si la regulación dispuesta a través de la ordenanza cuestionada tiene como finalidad la protección de valores jurídicos relevantes en la sociedad, tales como el orden, la paz, la tranquilidad, la vida y salud de las personas.

2009 00726 1201 JM CI 2 (Texto completo)

REQUISITOS MINIMOS PARA EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Para el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento además de la renuncia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá estar con los siguientes requisitos mínimos comunes: a) Ser un mandato vigente. b) Ser un mandato cierto y claro, es decir debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) Ser incondicional; excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante; g) Permitir individualizar el beneficiario. Estos requisitos deben presentarse de manera concurrente y no alternativa.

03816 2009 PA/TC (Texto completo)

IMPORTACION DE VEHICULOS USADOS VS MEDIO AMBIENTE

La protección del medio ambiente tiene doble dimensión, por un lado, constituye un principio que irradia todo el orden jurídico, puesto que es obligación del Estado proteger los recursos naturales de la Nación; y por otro, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida en condiciones dignas… se concluye que los decretos cuestionados constituye un límite legitimo al ejercicio de los derechos a la libertad de trabajo y empresas, pues el establecimiento de requisitos para la importación de vehículos usados, tiene como fin constitucional la protección de los derechos al medio ambiente equilibrado y adecuado y a la salud.

Exp. 04611 2007 PA/TC UCAYALI (Texto completo)

DERECHO AL HONOR

El honor es un derecho único que engloba también la buena reputación, reconocida constitucionalmente. Así lo ha postulado también el Código Procesal Constitucional, que deja de mencionar la buena reputación. Y si bien tiene una base en la dignidad humana y, por lo tanto, se cuestionaría su reconocimiento a favor de la persona jurídica, el honor se ha entendido como “(...) la capacidad de aparecer ante los demás en condiciones de semejanza, lo que permite la participación en los sistemas sociales y corresponde ser establecido por la persona en su libre determinación (...) ”. Protege a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los demás, incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades comunicativas, al significar un ataque injustificado a su contenido. Forma parte de la imagen humana.

Exp. 03856 2009 PA/TC (Texto completo)

PROCESOS CONSTITUCIONALES VS PROCESOS CONSTITUCIONALES

Este Colegiado considera que la demanda deviene en improcedente, dado que de acuerdo con el artículo 5 inciso 6) del Código Procesal Constitucional, “No proceden los procesos constitucionales cuando se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional (…)”.

Exp. 00010 2008 PI/TC (Texto completo)

COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Principio de progresividad en la asignación de competencias y transferencia de recursos. – El proceso de descentralización del poder estatal mediante el establecimiento de las regiones y sus Gobiernos Regionales no es un acto acabado o definitivo, pues se realiza por etapas, conforme lo dispone el artículo 188º de la Constitución. En consecuencia, la asignación de competencias a los Gobiernos Regionales, así como la de sus recursos, es un proceso abierto que la Constitución ha querido asegurar al establecer sólo de manera enunciativa las competencias de los Gobiernos Regionales, y dejar que esta tarea se complemente y amplíe mediante la incorporación de nuevas competencias por medio de la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 192.10 de la Constitución o, incluso, mediante acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, tratándose de competencias delegadas.

Exp. 4853 2004 PA/TC (Texto completo)

AMPARO CONTRA AMPARO

Conviene destacar que, conforme se desprende del artículo 5.6 del Código Procesal Constitucional, en el marco de la regulación actual, ya no sería posible iniciar una demanda de amparo para cuestionar “(...) una resolución firme recaída en otro proceso constitucional (...)”. No obstante, este Colegiado ha establecido al respecto que “(...) la posibilidad del “amparo contra amparo” tiene fuente constitucional directa en el segundo párrafo del artículo 200.2 de la propia Constitución, donde se establece que el Amparo “(...) No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”. A partir de esta consideración, el Tribunal ha precisado que “(...) cuando el Código Procesal Constitucional se refiere en su artículo 5, inciso 6), a la improcedencia de un proceso constitucional que cuestiona una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional, esta disposición restrictiva debe entenderse referida a procesos donde se han respetado de modo escrupuloso el debido proceso y la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones. Aceptada la tesis de la procedencia del “amparo contra amparo”, debe precisarse de inmediato que ello sólo es admisible de manera excepcional. Se debe tratar de una transgresión manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, por acciones u omisiones de los órganos judiciales que permitan al Tribunal Constitucional constatar fácilmente que dichos actos u omisiones trascienden el ámbito de la legalidad y alcanzan relevancia constitucional, de modo que su uso no puede habilitarse para cuestionar deficiencias procesales de naturaleza legal o, eventualmente, para suplir negligencias u omisiones en la defensa de alguna de las partes. Se debe tratar, en consecuencia, de violaciones acreditadas fehacientemente a consecuencia de la actuación de los órganos judiciales durante el trámite de un proceso constitucional y que tengan directa vinculación con la decisión final de las instancias judiciales.

EXP N° 01458-2010-PA/TC (Texto completo)

HORARIO DE TRABAJO FIJO EN LA RELACION LABORAL

Para que el trabajador demuestre la configuración de una relación laboral, deberán configurarse los elementos típicos de un contrato de trabajo, entre los cuales sería estar sujeto a un horario fijo de trabajo. La ausencia del mismo, presupone inexistencia de la relación laboral.

EXPEDIENTE Nº 00486-2010-PA/TC (Texto completo)

NO EXISTE DESPIDO ARBITRARIO CUANDO SE HAN CELEBRADO CONVENIOS VOLUNTARIOS

No existirá despido arbitrario cuando los trabajadores celebren con sus empleadores voluntariamente programas de retiro voluntario con la finalidad de dejar sin efecto la relación laboral. En tal sentido, los podemos definir como acuerdos donde se otorgan a los trabajadores ciertos beneficios como incentivos anuales por rendimiento, seguros médicos, seguros de vida grupal, programas de asesoría personal en DBM y becas de estudios, a cambio de dar por fenecido el vínculo laboral vigente, apreciándose que no existe coacción ni obligatoriedad por parte del empleador al momento de celebrarlos.

EXPEDIENTE Nº 01875-2010-PA/TC (Texto completo)

CARTA DE RENUNCIA EN EL DESPIDO ARBITRARIO

Cuando se sustenta el despido arbitrario en base a una coacción en la renuncia, ésta debe ser probada por quien alega ser el perjudicado. No obstante, su falta de probanza implicaría presumir la validez de la carta de renuncia y la manifestación de voluntad por parte del trabajador de dar por terminada la relación laboral, no existiendo en consecuencia despido arbitrario.

EXPEDIENTE Nº 04619-2009-PA/TC (Texto completo)

VICIOS DE LA VOLUNTAD EN CARTAS DE RENUNCIA

La coacción, el error, el dolo, la intimidación o la violencia física constituyen vicios de la voluntad que distorsionan la manifestación de voluntad del agente, siendo necesario probar su existencia en la celebración de un acto jurídico determinado. Por otro lado, es importante resaltar que en los procesos de amparo, no existe actuación de medios probatorios, por lo que el afectado tendría que probar los vicios de la voluntad en la vía procesal ordinaria.

EXP. N.° 03793-2010-PA/TC (Texto completo)

DESPIDO ARBITRARIO Y CONTRATO DE INTERMEDIACION LABORAL

El trabajador que alega la desnaturalización de un contrato de intermediación laboral y exige su incorporación a la empresa usuaria, está obligado a probar tal hecho; pues de lo contrario, se entendería que aquel sigue laborando para la empresa intermediadora y que los contratos de intermediación son válidos, más aún si se logra probar que se emitieron boletas a nombre de la empresa de intermediación, demostrando que esta última pagaba la remuneración.

EXPEDIENTE Nº 02304-2010-PA/TC (Texto completo)

PROHIBICION DE SOLICITAR DOBLE TUTELA EFECTIVA

El actor recurrió a la vía ordinaria, vía proceso contencioso administrativo, antes de interponer la demanda de amparo, lo cual contraviene con lo dispuesto en el artículo 5, inciso 3, del Código Procesal Constitucional, que señala: “No proceden los procesos constitucionales cuando: “3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional”.

00079 2011 0 0501 JR DC 01 (Texto completo)

REQUISITOS DE LA FLAGRANCIA EN LA COMISION DE UN DELITO

El TC ha establecido en reiterada jurisprudencia, que la flagrancia en la comisión de un delito, presenta dos requisitos: 1) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y 2) la inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo.

Exp. 00310 2010 0 2701 JM CI 01 (Texto completo)

TIPOS GENERALIZADOS DE DESPIDO

El despido no produce los mismos efectos legales ni genera iguales derechos para los trabajadores sujetos al régimen laboral privado. Para determinar con claridad qué efectos desencadena la conformación de un despido en una particular situación laboral, es necesario verificar también cuales fueron las causas que lo produjeron. A dichos efectos, el TUO del D. Leg. 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, empezó a distinguir diferentes clases de despidos en razón justamente a las causas que los originaron. Por ello surge la inevitable necesidad de esquematizar el replanteamiento actual que, en la práctica jurídica ha sufrido el régimen d3 despidos laborales en el Perú, configurando así los siguientes tipos generalizados de despido: a) el despido justificado, b) despido nulo, c) despido arbitrario, dentro del cual se sitúa a los despidos incausados (ad nutum), fraudulentos, despidos con vulneración de otros derechos fundamentales 3 injustificados, y d) despido indirecto.

03688-2010-PA/TC (Texto completo)

DESPIDO RELACIONADO CON LA CONDUCTA DEL TRABAJADOR

La relación laboral genera un conjunto de obligaciones recíprocas entre empleador y trabajador, y en lo que se refiere al trabajador, impone que se desarrollen conforme a las reglas de la buena fe laboral, hasta el punto que la trasgresión de este deber se tipifica como una falta grave, lo cual constituye una de las causas justas de despido relacionada con la conducta del trabajador, entre ellas la no observancia del Reglamento Interno de Trabajo y el proporcionar información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja

EXP. N.° 00028-2010-PI/TC (Texto completo)

INCONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO DE URGENCIA QUE INTERPRETA CODIGO DE CONSUMO

Al no presentarse los presupuestos habilitantes para la expedición del Decreto de Urgencia N° 061-2010, la interpretación que éste hace del Código de Protección y Defensa del Consumidor resulta, consecuentemente, inconstitucional, ya que, en tal escenario, dicho Decreto usurpa una competencia propia del Congreso de la República, organismo al que compete dar una ley que interprete otra ley (como el Código de Protección y Defensa del Consumidor). Consecuentemente, al declararse inconstitucional las disposiciones interpretativas del Decreto de Urgencia y expulsarse a éstas del ordenamiento jurídico al día siguiente de la publicación de esta sentencia, subsistirán el texto del numeral 54.1 del artículo 54º referido a la aprobación administrativa de cláusulas generales de contratación en contratos de consumo celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos y el texto del numeral 66.7 del artículo 66º, referido a los derechos de endoso, transferencia y postergación de boletos en el servicio de transporte público de pasajeros de cualquier modalidad.

EXP. Nº 00606-2010-PA/TC (Texto completo)

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE DESPIDO

El resultado de una sanción en el procedimiento de despido no sólo debe ser consecuencia de que se respeten las garantías formales propias de un procedimiento disciplinario, sino, además, de que sea acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Se aplicarán estos principios, teniendo presente la gravedad de la falta cometida, la categoría, la antigüedad y los antecedentes disciplinarios del trabajador, entre otros aspectos. En el presente caso, al no ser la primera vez que el trabajador, cometía la falta de inobservar las normas de seguridad, ni tampoco era la primera vez que faltaba el respeto a sus compañeros; sus antecedentes disciplinarios dan cuentan de que el trabajador, en vez de enmendar y corregir su mala conducta laboral, la mantuvo, incumpliendo de este modo, el deber de la buen fe laboral inherente a toda relación de trabajo.

0024-2010-PI/TC (Texto completo)

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD

El derecho fundamental a la verdad, no sólo conlleva el deber de las autoridades de investigar los hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, sino además, el deber de individualizar a los responsables de su comisión, de sancionarlos, y de resarcir, en todo lo posible, a las víctimas y/o sus familiares. Por ello, los crímenes de lesa humanidad, “no pueden quedar impunes; es decir, los autores materiales, así como los cómplices de conductas constitutivas de violación de derechos humanos, no pueden sustraerse a las consecuencias jurídicas de sus actos” “Las personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos, entre otras cosas, tales crímenes son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido.

EXP. N.° 01366-2010-PA/TC (Texto completo)

VIA IDONEA PARA PROCESOS CON MEDIOS PROBATORIOS

Se ha establecido que el amparo, no es la vía idónea cuando se configuren hechos controvertidos, o cuando se requiera de la actuación de medios probatorios. De presentarse una controversia de esta naturaleza, se deberá dilucidarse en una vía procesal que cuenta con etapa probatoria.

EXP. N.° 01366-2010-PA/TC (Texto completo)

VIA IDONEA PARA PROCESOS CON MEDIOS PROBATORIOS

Se ha establecido que el amparo, no es la vía idónea cuando se configuren hechos controvertidos, o cuando se requiera de la actuación de medios probatorios. De presentarse una controversia de esta naturaleza, se deberá dilucidarse en una vía procesal que cuenta con etapa probatoria.

EXP. N.° 0206-2005-PA/TC (Texto completo)

VIA IDONEA PARA PROCESOS CON MEDIOS PROBATORIOS

Conforme a la línea jurisprudencial en materia de derechos laborales de carácter individual, se ha establecido que el amparo no es la vía idónea para el cuestionamiento de la causa justa de despido imputada por el empleador cuando se trate de hechos controvertidos, o cuando, existiendo duda sobre tales hechos, se requiera la actuación de medios probatorios a fin de poder determinar la veracidad, falsedad o la adecuada calificación de la imputación de la causa justa de despido, que evidentemente no pueden dilucidarse a través del amparo.

01469-2011-PHC/TC (Texto completo)

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL

Este Tribunal considera que el principio de legalidad penal se configura también como un derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. Como principio constitucional, informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son las conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones. En tanto que, en su dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que la conducta prohibida se encuentre prevista en una norma previa, estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en una norma jurídica.

03425-2010-PHC/TC (Texto completo)

DERECHO A LA SALUD Y LA SALUD MENTAL

El derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de conservar un estado de normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, así como de prevenirlo y restituirlo ante una situación de perturbación del mismo, lo que implica que el Estado debe efectuar acciones de prevención, conservación y restablecimiento, a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de bienestar físico y mental, para lo cual debe invertir en la modernización y fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud, debiendo adoptar políticas, planes y programas en ese sentido. Es así que la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental, tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Ahora, en cuanto al derecho a la salud mental este Tribunal ha precisado que: a) el derecho a la salud mental es parte integrante del derecho a la salud; b) el derecho a la salud tiene como único titular a la persona humana; c) el derecho a la salud mental tiene como contenido el derecho a disfrutar del mayor nivel posible de salud mental que le permita a la persona humana vivir dignamente; y, d) la salud protegida no es únicamente la física, sino que comprende también todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico y mental de la persona humana. El derecho a la salud forma parte del contenido del derecho a la libertad individual (y, por lo tanto, susceptible de ser tutelada vía el hábeas corpus) en tanto su agravio se manifiesta en personas cuya libertad personal se encuentra coartada, tal es el caso de las personas privadas de su libertad en cumplimiento de una pena, detención judicial o policial.

EXP. N° 03330-2010-PA/TC (Texto completo)

DESPIDO RELACIONADO CON CAPACIDAD LABORAL

En el caso de autos, el demandante no solo tenía conocimiento de las exigencias que debía cumplir para realizar la labor para la cual fue contratado, sino que al haber desaprobado en tres oportunidades el examen de manejo, y no estando habilitado para poder seguir conduciendo dentro de las instalaciones de la unidad minera, la sanción de despido impuesta por la emplazada, no transgrede el principio de razonabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que fue por una causa imputable al demandante, que se le suspendió la licencia de conducir especial.

EXP. Nº 00295 2010-PA/TC (Texto completo)

REQUISITOS PARA LA CONTRATACION TEMPORAL

El artículo 72 del Decreto Supremo N? 003-97-TR, TUO del > Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad /y /Competitividad > Laboral, establece los requisitos formales de validez de los contratos > modales: "Los contratos de trabajo (modales) deberán constar por > escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su > duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, así > como las demás condiciones de la relación laboral". En el caso de > autos, se ha obviado un elemento esencial de la contratación modal; la > causa objetiva de contratación, pues éste solo indica que “la empresa > contrata temporalmente, los servicios personales del (la) trabajador > (a), los mismos que se desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación > a cambio de la remuneración convenida”

EXP. N.° 03167-2010-PA/TC (Texto completo)

AMPARO CONTRA AMPARO

Este régimen procesal de naturaleza atípica o excepcional, se encuentra sujeta a determinados supuestos: a) solo procede cuando la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta; b) su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes procesales del primer y segundo amparo sean las mismas; c) resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estimatorias, sin perjuicio del recurso de agravio especial habilitado específicamente contra sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, en los que se haya producido vulneración del orden constitucional; d) su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales, independientemente de la naturaleza de los mismos; e) procede en defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Constitucional; f) se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones extraordinarias, debidamente acreditadas, no pudo acceder al agravio constitucional; g) resulta pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional; h) no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional; i) procede incluso cuando el proceso se torna inconstitucional en cualquiera de sus otras fases o etapas.

Expediente 03844-2010-PA/TC (Texto completo)

DESPIDO POR ESTADO DE EBRIEDAD

Teniendo presente el contenido de las cartas enviadas al demandante, puede concluirse que no se ha afectado el derecho de defensa del mismo, ni el principio de tipicidad, pues tanto en la carta de preaviso como en la carta de despido, se le atribuyen al demandante los mismos hechos que son considerados como faltas que cometió y que ocasionaron su despido luego de haberse seguido el procedimiento previsto en el Decreto Supremo N.º 003-97-TR, y en el cual el demandante ejerció su derecho de defensa. Asimismo, es importante destacar que el hecho de que no se haya especificado la excepcional gravedad que implicaba que el actor vaya a trabajar en estado de ebriedad, dada las funciones que realiza, en nada enerva que el despido se haya efectuado conforme a ley, pues la falta cometida por el actor no sólo ha quedado debidamente acreditada en autos, sino que además el actor al operar una máquina tantos años debe conocer los riesgos que implica un manejo inadecuado de ella.

EXP. N.° 00244-2011-PHC/TC (Texto completo)

CITACIONES JUDICIALES NO CONFIGURAN AMENAZA A LA LIBERTAD INDIVIDUAL

Se ha referido como supuesto acto de amenaza al derecho a la libertad individual, la citación para que concurra a la diligencia de lectura de sentencia, sin embargo, lo expuesto, no configura una amenaza a la libertad individual del favorecido, toda vez que éste está obligado –en tanto procesado– a acudir al local del juzgado cuantas veces sea requerido, para los fines que deriven del propio proceso.

EXP. N.° 00396-2011-PA/TC (Texto completo)

PROCESO DE AMPARO NO PUEDE IMPEDIR DERECHOS LABORALES DE OTRA PERSONA

La demanda está destinada a impedir que un trabajador ejerza su derecho de solicitar judicialmente su reposición laboral, por considerar que una eventual reposición laboral de éste, podría acarrear que pierda su puesto de trabajo. El TC considera que la amenaza que se alega, no cumple con el requisito de ser inminente, pues se sustenta más en un temor subjetivo del demandante que en un hecho objetivo y verificable, puesto que, por un lado, una eventual reposición de dicho trabajador, no supondría necesariamente la pérdida del empleo del demandante; y, por el otro, porque el proceso de amparo no puede ser utilizado para impedir el legítimo ejercicio de un derecho, como en este caso es el derecho del trabajador a cuestionar judicialmente su despido.

EXP. N.° 00396-2011-PA/TC (Texto completo)

PROCESO DE AMPARO NO PUEDE IMPEDIR DERECHOS LABORALES DE OTRA PERSONA

La demanda está destinada a impedir que un trabajador ejerza su derecho de solicitar judicialmente su reposición laboral, por considerar que una eventual reposición laboral de éste, podría acarrear que pierda su puesto de trabajo. El TC considera que la amenaza que se alega, no cumple con el requisito de ser inminente, pues se sustenta más en un temor subjetivo del demandante que en un hecho objetivo y verificable, puesto que, por un lado, una eventual reposición de dicho trabajador, no supondría necesariamente la pérdida del empleo del demandante; y, por el otro, porque el proceso de amparo no puede ser utilizado para impedir el legítimo ejercicio de un derecho, como en este caso es el derecho del trabajador a cuestionar judicialmente su despido.

EXP. N.° 02585-2009-PA/TC (Texto completo)

VALORACION DE MEDIOS PROBATORIOS EN PROCESOS CONSTITUCIONALES

El TC en reiterada jurisprudencia ha dejado establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para reexaminar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han sido previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para tal materia, a menos claro está, que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la violación manifiesta de algún derecho fundamental, situación que no ha acontecido en el caso materia de análisis.

EXP. N.° 00344-2011-PA/TC (Texto completo)

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Al efectuarse la renuncia voluntaria y al haber operado el mutuo disenso entre el trabajador y el empleador, supuesto contemplado en el inciso b) del artículo 16º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, se ha extinguido el vínculo laboral. Es decir, que antes de interponer la demanda no ha existido violación alguna, pues el demandante por voluntad propia dio por extinguida su relación laboral.

Exp. N.º 00010 2010 PI/TC (Texto completo)

CAS – RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN LABORAL PARA SECTOR PÚBLICO

El ejercicio del derecho al trabajo de los trabajadores públicos se encuentra sujeto a que aprueben la evaluación de desempeño, lo cual resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 39º de la Constitución, en tanto dispone que “todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación”. Si ello es así, no parece irrazonable que tales funcionarios deban ser evaluados periódicamente a efectos de alcanzar un servicio de óptima calidad.

EXP N ° 03258-2010-PA/FC (Texto completo)

PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN

Para que la expropiación como acto sea legítima debe observarse, en primer término, el principio de legalidad, en virtud del cual la actividad de todas las personas y la Administración Pública está sometida, primero, a la Constitución Política y. segundo, al ordenamiento jurídico positivo. En segundo término, para que la expropiación como procedimiento sea legítima, tiene que respetarse el derecho al debido proceso del titular del derecho de propiedad.

Exp. 00525-2011-PA/TC (Texto completo)

REMUNERACION MINIMA VITAL Y PENSION MINIMA

En nuestro país, existen distintos regímenes previsionales. El monto mínimo pensionario del régimen del Decreto Ley 20530 si es equivalente a la remuneración mínima de los trabajadores, mientras que la pensión mínima del régimen del Decreto Ley 19990, regulada por la Ley 27617 y el Decreto Supremo 028-2002-EF, se mantiene invariable desde el 1 de febrero de 2002 hasta la fecha en la suma de S/. 415.00 para quienes logren acreditar 20 años de aportaciones. El mismo monto mínimo pensionario ha sido recogido en las normas del Sistema Privado de Pensiones para regular la institución de la pensión mínima.

EXP. N.° 03916-2010-PA/TC (Texto completo)

DERECHO DE DEFENSA ANTE IMPUTACIONES POR FALTAS GRAVES

El TC considera que los Memorandos enviados al trabajador, no pueden ser considerados cartas de imputación de faltas graves, según lo prescrito por el artículo 31° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, pues dichos documentos no contienen una descripción clara, detallada y precisa de los hechos que se le imputaron como faltas graves y que sustentaron su despido, pues en ellos únicamente se requiere que emita un informe de trabajo. En este contexto, el TC considera que la emplazada ha vulnerado el derecho al debido proceso del demandante, específicamente, su derecho de defensa, por cuanto fue despedido sin que se le haya remitido previamente una carta de imputación de faltas graves. El restablecimiento del derecho de defensa exige la anulación de la carta de despido y la reposición del demandante, sin que ello conlleve que los hechos que sustentaron el despido hayan sido calificados como inexistentes, falsos o imaginarios.

EXP. N.° 03916-2010-PA/TC (Texto completo)

DERECHO DE DEFENSA ANTE IMPUTACIONES POR FALTAS GRAVES

El TC considera que los Memorandos enviados al trabajador, no pueden ser considerados cartas de imputación de faltas graves, según lo prescrito por el artículo 31° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, pues dichos documentos no contienen una descripción clara, detallada y precisa de los hechos que se le imputaron como faltas graves y que sustentaron su despido, pues en ellos únicamente se requiere que emita un informe de trabajo. En este contexto, el TC considera que la emplazada ha vulnerado el derecho al debido proceso del demandante, específicamente, su derecho de defensa, por cuanto fue despedido sin que se le haya remitido previamente una carta de imputación de faltas graves. El restablecimiento del derecho de defensa exige la anulación de la carta de despido y la reposición del demandante, sin que ello conlleve que los hechos que sustentaron el despido hayan sido calificados como inexistentes, falsos o imaginarios.

EXP. N.° 03872-2010-PA/TC (Texto completo)

REQUISITOS PARA LA CONTRATACION LABORAL

El artículo 72 del Decreto Supremo N.º 003-97-TR establece los requisitos formales de validez de los contratos modales al determinar que “Los contratos de trabajo (modales) deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”. En el presente caso, el contrato por incremento de actividades, ha obviado especificar con detalle la causa objetiva que justificó la contratación temporal del demandante, es decir, que en dicho contrato la causa se encuentra expresada de modo ambiguo.

EXP. N.º 03569-2010-PA/TC (Texto completo)

CONFISCACION DEL DERECHO A LA PROPIEDAD

El TC considera que cuando la propiedad privada es confiscada deben existir dos soluciones de tutela que son las siguientes: a) Si el acto de confiscación del derecho a la propiedad privada tiene su origen en una norma con rango de ley, la sentencia estimativa, además de disponer la inaplicación de la norma autoaplicativa al caso concreto, debe ordenar la nulidad de cualquier inscripción registral a favor del Estado y que se restituya la propiedad a la persona que se le confiscó, siempre y cuando el bien inmueble confiscado siga siendo propiedad del Estado. b) Si la propiedad confiscada por una norma con rango de ley ha sido transferida por el Estado a un tercero de buena fe y a título oneroso, la sentencia estimativa le ordenará al Estado que inicie el procedimiento de expropiación para que le abone al propietario que sufrió la confiscación una indemnización justipreciada por la propiedad confiscada, pues ordenar la restitución de la propiedad conllevaría que se le prive al tercero de buena fe y a título oneroso su derecho legitimo al uso y goce de la propiedad privada, lo cual afectaría también el principio de seguridad jurídica.

EXP. N.º 03569-2010-PA/TC (Texto completo)

CONFISCACION DEL DERECHO A LA PROPIEDAD

El TC considera que cuando la propiedad privada es confiscada deben existir dos soluciones de tutela que son las siguientes: a) Si el acto de confiscación del derecho a la propiedad privada tiene su origen en una norma con rango de ley, la sentencia estimativa, además de disponer la inaplicación de la norma autoaplicativa al caso concreto, debe ordenar la nulidad de cualquier inscripción registral a favor del Estado y que se restituya la propiedad a la persona que se le confiscó, siempre y cuando el bien inmueble confiscado siga siendo propiedad del Estado. b) Si la propiedad confiscada por una norma con rango de ley ha sido transferida por el Estado a un tercero de buena fe y a título oneroso, la sentencia estimativa le ordenará al Estado que inicie el procedimiento de expropiación para que le abone al propietario que sufrió la confiscación una indemnización justipreciada por la propiedad confiscada, pues ordenar la restitución de la propiedad conllevaría que se le prive al tercero de buena fe y a título oneroso su derecho legitimo al uso y goce de la propiedad privada, lo cual afectaría también el principio de seguridad jurídica.

CAS. LAB. Nº 2864-2009 LIMA (Texto completo)

CARACTER VINCULANTE DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO

La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado, y por tanto, obliga a las personas celebrantes de la convención colectiva, a las personas representadas en su suscripción, así como a las personas que se incorporen con posterioridad a la celebración de ésta, precisando la naturaleza abierta y no limitativa del ámbito subjetivo de aplicación del convenio colectivo.

CAS. LAB. Nº 3069 2009 LA LIBERTAD (Texto completo)

ELEMENTOS QUE IDENTIFICAN A UN GRUPO ECONOMICO

Los elementos que identifican a un grupo económico son la participación activa de un mismo funcionario en dos empresas, la existencia de un mismo domicilio social y los anuncios periodísticos en donde se presentan ambas empresas, conformando un mismo Grupo Económico.

EXP. N.° 01007-2011-PA/TC (Texto completo)

PROCESO DE AMPARO EN LA DESNATURALIZACION DE LA INTERMEDIACION LABORAL

La demanda de amparo sólo será viable en los casos en que el recurrente acredite fehacientemente los hechos alegados mediante medios probatorios que no requieran de actuación, por tratarse el proceso de amparo de un proceso sumario que carece de estación probatoria. En el caso de autos, es necesaria una actividad probatoria a fin de que se pueda establecer la existencia de una relación laboral entre una empresa de intermediación laboral, la empresa usuaria y el demandante, motivo por el cual el amparo no resulta una vía idónea para dilucidar la cuestión controvertida sino la vía del proceso ordinario.

EXP. N.° 01007-2011-PA/TC (Texto completo)

PROCESO DE AMPARO EN LA DESNATURALIZACION DE LA INTERMEDIACION LABORAL

La demanda de amparo sólo será viable en los casos en que el recurrente acredite fehacientemente los hechos alegados mediante medios probatorios que no requieran de actuación, por tratarse el proceso de amparo de un proceso sumario que carece de estación probatoria. En el caso de autos, es necesaria una actividad probatoria a fin de que se pueda establecer la existencia de una relación laboral entre una empresa de intermediación laboral, la empresa usuaria y el demandante, motivo por el cual el amparo no resulta una vía idónea para dilucidar la cuestión controvertida sino la vía del proceso ordinario.

Exp. N.º 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC (Texto completo)

TRATADOS INTERNACIONALES CON RANGO CONSTITUCIONAL

Los tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, detentan rango constitucional. El TC ya ha afirmado al respecto que dentro de las “normas con rango constitucional” se encuentran los “Tratados de derechos humanos”. La Constitución, en el artículo 3º, acoge un sistema de numerus apertus de derechos constitucionales y según esta disposición: “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.” Conforme a esta disposición el catálogo de derechos constitucionales no excluye “otros de naturaleza análoga” o que “se fundan” en determinados principios fundamentales del ordenamiento constitucional. Es decir, existe otro conjunto de derechos constitucionales que está comprendido tanto por “derechos de naturaleza análoga” como por los que se infieren de los principios fundamentales. Los “derechos de naturaleza análoga” pueden estar comprendidos en cualquier otra fuente distinta a la Constitución, pero que ya conforma el ordenamiento jurídico. Dentro de las que pudiera identificarse como tal no cabe duda que se encuentran los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano es parte. En efecto, si en las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico se indaga por aquella donde se pueda identificar derechos que ostenten “naturaleza análoga” a los derechos que la Constitución enuncia en su texto, resulta indudable que tal fuente reside, por antonomasia, en los tratados internacionales sobre derechos humanos que conforman nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, dichos tratados, todos ellos de consuno, enuncian derechos de naturaleza “constitucional”.

Exp. N° 00020-2010-PI/TC (Texto completo)

COMPETENCIA DE MUNICIPALIDADES EN TEMAS DE TRANSPORTE

Las municipalidades provinciales ostentan la competencia exclusiva para normar, regular y controlar la circulación de los vehículos menores, motorizados o no motorizados, en sus respectivas jurisdicciones, tarea para la cual disponen de las facultades normativas, fiscalizadoras y ejecutivas que la Constitución les reconoce. De acuerdo con dicha competencia, las municipalidades se encuentran habilitadas para emitir licencias de operación y licencias de conducir respecto de esta clase de vehículos, al ser ésta una materia que se deriva directamente de sus potestades en materia de transporte terrestre. Pero es el caso que la inscripción administrativa de vehículos menores, y consecuentemente, la competencia para emitir tarjetas de propiedad y placas de rodaje, no forma parte de la competencia exclusiva que ostentan las municipalidades provinciales en dicha materia, pues tales asuntos no guardan relación alguna con la ordenación del transporte público en las comunas provinciales.

Exp. N° 00020-2010-PI/TC (Texto completo)

COMPETENCIA DE MUNICIPALIDADES EN TEMAS DE TRANSPORTE

Las municipalidades provinciales ostentan la competencia exclusiva para normar, regular y controlar la circulación de los vehículos menores, motorizados o no motorizados, en sus respectivas jurisdicciones, tarea para la cual disponen de las facultades normativas, fiscalizadoras y ejecutivas que la Constitución les reconoce. De acuerdo con dicha competencia, las municipalidades se encuentran habilitadas para emitir licencias de operación y licencias de conducir respecto de esta clase de vehículos, al ser ésta una materia que se deriva directamente de sus potestades en materia de transporte terrestre. Pero es el caso que la inscripción administrativa de vehículos menores, y consecuentemente, la competencia para emitir tarjetas de propiedad y placas de rodaje, no forma parte de la competencia exclusiva que ostentan las municipalidades provinciales en dicha materia, pues tales asuntos no guardan relación alguna con la ordenación del transporte público en las comunas provinciales.

EXP. N.° 03613-2010-PA/TC (Texto completo)

FASES DE LOS CONCURSOS PUBLICOS

Los concursos públicos, por su propia naturaleza, se desarrollan por etapas, las cuales tienen el carácter de preclusivas, de acuerdo a las siguientes etapas de evaluación: a) evaluación de conocimientos y cultura general; b) evaluación psicotécnica; c) examen escrito; d) calificación del currículum vitae; y, e) examen o entrevista oral. Es por ello que las convocatorias a concurso público constituyen procesos de calificación y selección de personal, de naturaleza temporal, que finalizan con el nombramiento de aquellos que resulten elegidos. Ello implica que tienen efectos cancelatorios respecto de las expectativas de los postulantes a cubrir las plazas a las que se presentaron, situación inherente a este tipo de procesos y que se justifica en el hecho de otorgar dichas expectativas a todo aquel que reúna los requisitos solicitados, en todas y cada una de las sucesivas convocatorias, las cuales no se amplían de manera abierta a todos los procesos convocados, sino sólo al que se haya postulado.

EXP. N.° 03613-2010-PA/TC (Texto completo)

FASES DE LOS CONCURSOS PUBLICOS

Los concursos públicos, por su propia naturaleza, se desarrollan por etapas, las cuales tienen el carácter de preclusivas, de acuerdo a las siguientes etapas de evaluación: a) evaluación de conocimientos y cultura general; b) evaluación psicotécnica; c) examen escrito; d) calificación del currículum vitae; y, e) examen o entrevista oral. Es por ello que las convocatorias a concurso público constituyen procesos de calificación y selección de personal, de naturaleza temporal, que finalizan con el nombramiento de aquellos que resulten elegidos. Ello implica que tienen efectos cancelatorios respecto de las expectativas de los postulantes a cubrir las plazas a las que se presentaron, situación inherente a este tipo de procesos y que se justifica en el hecho de otorgar dichas expectativas a todo aquel que reúna los requisitos solicitados, en todas y cada una de las sucesivas convocatorias, las cuales no se amplían de manera abierta a todos los procesos convocados, sino sólo al que se haya postulado.

EXP. Nº 05680-2009-PA/TC (Texto completo)

LIBERTAD RELIGIOSA DE LOS TRABAJADORES

Si bien es cierto la religión católica se constituye como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y que se proclame una evidente colaboración hacía la misma promovida desde el propio Estado, ello no justifica de ninguna manera se imponga la práctica de costumbres y ritos religiosos por más arraigados que estos resulten en el sentimiento mayoritario de la población. De allí que utilizar el vínculo institucional creado entre autoridades y trabajadores para imponer actividades abiertamente confesionales lesione la libertad religiosa no sólo de quienes no comulgan con la fe católica (sea por pertenecer a otros credos, sea por asumir posiciones abiertamente agnósticas), sino incluso la de aquellos que, pese a pertenecer a la religión católica, tampoco tienen por qué verse obligados a que el Estado les diga en qué momentos o circunstancias deben hacer suyas las prácticas de su propia religión. Es más, el hecho de que uno o más trabajadores no sean partícipes de las costumbres de sectores mayoritarios, de ninguna manera puede ser considerado como elemento de merituación o de desmerito en torno a su comportamiento o sus capacidades. Cualquier intento de valoración del trabajador a partir de su no identificación con los credos o creencias de quienes comulgan con un sentido religioso determinado será evidentemente catalogado de discriminatorio y, por ende, de inconstitucional y prohibido.

EXP. Nº 05680-2009-PA/TC (Texto completo)

LIBERTAD RELIGIOSA DE LOS TRABAJADORES

Si bien es cierto la religión católica se constituye como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y que se proclame una evidente colaboración hacía la misma promovida desde el propio Estado, ello no justifica de ninguna manera se imponga la práctica de costumbres y ritos religiosos por más arraigados que estos resulten en el sentimiento mayoritario de la población. De allí que utilizar el vínculo institucional creado entre autoridades y trabajadores para imponer actividades abiertamente confesionales lesione la libertad religiosa no sólo de quienes no comulgan con la fe católica (sea por pertenecer a otros credos, sea por asumir posiciones abiertamente agnósticas), sino incluso la de aquellos que, pese a pertenecer a la religión católica, tampoco tienen por qué verse obligados a que el Estado les diga en qué momentos o circunstancias deben hacer suyas las prácticas de su propia religión. Es más, el hecho de que uno o más trabajadores no sean partícipes de las costumbres de sectores mayoritarios, de ninguna manera puede ser considerado como elemento de merituación o de desmerito en torno a su comportamiento o sus capacidades. Cualquier intento de valoración del trabajador a partir de su no identificación con los credos o creencias de quienes comulgan con un sentido religioso determinado será evidentemente catalogado de discriminatorio y, por ende, de inconstitucional y prohibido.

EXP. N.° 02204-2010-PA/TC (Texto completo)

IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LEYES QUE AVALEN INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

No es posible aplicar leyes que avalan el incumplimiento de obligaciones adquiridas o reconocidas judicialmente, por lo que los jueces deben inaplicar dichos dispositivos legales a fin dar cumplimiento a cabalidad a los mandatos dispuestos.

EXP. N.° 5228-2006-PHC/TC (Texto completo)

CRITERIOS PARA DETERMINAR PLAZO DE INVESTIGACION FISCAL

Los criterios a considerar para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación fiscal son de dos tipos: subjetivo y objetivo. En el primero quedan comprendidos 1) la actuación del fiscal y 2) la actuación del investigado; en el segundo, la naturaleza de los hechos objeto de investigación.

EXP. N.° 02748-2010-PHC/TC (Texto completo)

CRITERIOS PARA DETERMINAR PLAZO DE INVESTIGACION FISCAL

El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar (policial o fiscal) en tanto manifestación del derecho al debido proceso alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para que ello ocurra, debe existir la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable. De ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal. Es así que para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar, se debe acudir cuando menos a dos criterios: Uno subjetivo que está referido a la actuación del investigado y a la actuación del fiscal, y otro objetivo que está referido a la naturaleza de los hechos objeto de investigación.

EXP. N° 01356-2011-PA/TC (Texto completo)

PROHIBICION DE PRORROGA DE COMPETENCIA TERRITORIAL EN PROCESOS DE AMPARO, HABEAS DATA Y CUMPLIMIENTO

El Juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del demandante, será el competente para conocer los procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento. En dichos procesos no se admitirá la prórroga de la competencia territorial, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado.

01209-2011-PA/TC (Texto completo)

CONTENIDO CONSTITUCIONAL PROTEGIDO DEL DERECHO AL TRABAJO

El contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo se conforma por dos aspectos, el acceso a un puesto de trabajo y el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Asimismo conviene precisar que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 64 a 66 del Decreto Supremo 003-97-TR, los contratos de trabajo intermitentes son celebrados para cubrir actividades permanentes pero discontinuas de una empresa, modalidad contractual que se encuentra sujeta al cumplimiento de requisitos específicos para su válida formulación, pero que carecen de plazo máximo para su estipulación. En dicho sentido, corresponde precisar que no cabe la aplicación de los plazos máximos establecidos en el artículo 74º del citado Decreto Supremo 003-97-TR para invocar la desnaturalización en este tipo de contratación.

N.° 02426-2011-PHC/TC (Texto completo)

VEROSIMILITUD DE LOS HECHOS EN DEMANDAS DE HABEAS CORPUS

Si bien el Código Procesal Constitucional no exige más requisito formal para la interposición de la demanda de hábeas corpus que una sucinta descripción de los hechos, éstos deben tener conexión con el derecho fundamental a la libertad individual. En el caso de autos, de la narración de los hechos de la demanda, no se ha explicitado cómo se configuraría la vulneración, pues solo se hace referencia a que se habría enterado en forma casual de un hecho, de lo que se desprende que la demanda no comporta la verosimilitud requerida para su admisión a trámite.

N° 2744-2002-HC/TC (Texto completo)

VEROSIMILITUD DE LOS HECHOS EN DEMANDAS DE HABEAS CORPUS

Debe señalarse que el carácter antiformalista de la acción de hábeas corpus permite que sea suficiente que los accionantes postulen su demanda sobre la base de elementos de juicio que, indiciariamente, denoten la verosimilitud de los hechos que supuestamente agravian sus derechos constitucionales. En el caso de autos, esta elemental exigencia no ha sido satisfecha, pues la acción incoada se sustenta únicamente en la versión subjetiva del recurrente, lo que de por sí desvirtúa la veracidad de su reclamación.

N.° 0974-2004-HC/TC (Texto completo)

VEROSIMILITUD DE LOS HECHOS EN DEMANDAS DE HABEAS CORPUS

“Las acciones de garantía, en el caso de amenaza de violación de un derecho constitucional, proceden cuando ésta es cierta y de inminente realización”. En el presente caso, el recurrente no ha acompañado a su demanda ningún medio probatorio que, mínimamente, muestre cierta verosimilitud en torno a las amenazas contra su libertad personal, ni otros medios que habrían coadyuvado tanto a un conocimiento seguro y claro de la amenaza, como al esclarecimiento de la inminencia de su realización.

N° 00030-2011-Q/TC (Texto completo)

TEMERIDAD PROCESAL

Se advierte que el letrado ha incurrido en conducta temeraria, toda vez que teniendo pleno conocimiento de la falta de argumentos para interponer un medio impugnatorio ante el TC dentro del desarrollo de un proceso civil de retracto, temerariamente ha interpuesto un recurso de apelación contra una Resolución de este colegiado, faltando así a sus deberes de lealtad, probidad y buena fe, así como dando lugar a la desnaturalización de los fines de los procesos constitucionales, por lo que se justifica la imposición de la sanción de multa equivalente a diez (10) Unidades de Referencia Procesal (URP) vigentes a la fecha en que se haga efectivo el pago.

N° 00030-2011-Q/TC (Texto completo)

TEMERIDAD PROCESAL

Se advierte que el letrado ha incurrido en conducta temeraria, toda vez que teniendo pleno conocimiento de la falta de argumentos para interponer un medio impugnatorio ante el TC dentro del desarrollo de un proceso civil de retracto, temerariamente ha interpuesto un recurso de apelación contra una Resolución de este colegiado, faltando así a sus deberes de lealtad, probidad y buena fe, así como dando lugar a la desnaturalización de los fines de los procesos constitucionales, por lo que se justifica la imposición de la sanción de multa equivalente a diez (10) Unidades de Referencia Procesal (URP) vigentes a la fecha en que se haga efectivo el pago.

N° 00328-2011-PA/TC (Texto completo)

CONTINUACION DE VINCULO LABORAL ANTE DESAPROBACION DE CESE COLECTIVO

Debido a que la solicitud de cese colectivo que presentó la empresa ante la Autoridad de Trabajo fue desaprobada, el TC considera que, subsistiendo y estando vigente el vínculo laboral entre las partes, la emplazada debe proceder a la inmediata reincorporación del demandante, toda vez que en caso contrario, se estaría frente a una vulneración del contenido del derecho al trabajo, dado que el propio empleador impide que el trabajador continúe prestando el servicio, pese a existir vínculo laboral. Por tanto, comprobándose la negativa y omisión de la empresa demandada de reincorporar al demandante, se ha producido una vulneración de su derecho al trabajo.

N° 01681-2011-PA/TC (Texto completo)

TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD MINERA Y CENTROS DE PRODUCCION MINERA

Los trabajadores que realizan actividad minera son los que laboran en minas subterráneas en forma permanente; los que realizan labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto; los trabajadores de los centros de producción minera expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad de insalubridad; y los trabajadores que laboran en los centros metalúrgicos y siderúrgicos, siempre que en el desempeño de sus actividades estén expuestos a los riesgos mencionados anteriormente. Los centros de producción minera son aquellas áreas en las que se realizan actividades directamente vinculadas al proceso de extracción, manejo, beneficio, transformación, fundición y refinación de los minerales.

N° 224-2011-PHC/TC (Texto completo)

CRITERIOS PARA DETERMINAR PLAZO DE INVESTIGACION FISCAL

La sola apertura de la investigación no comporta restricción a la libertad, pero la duración excesiva sí puede incidir en la libertad. Este Colegiado se ha pronunciado respecto a la vulneración del plazo razonable de la investigación preliminar, señalando que resulta irrazonable el hecho de que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal.

N° 01238-2011-PA/TC (Texto completo)

PROCEDENCIA DEL RECHAZO LIMINAR

El TC estima pertinente recordar que el rechazo liminar únicamente será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre la improcedencia de la demanda, máxime cuando, conforme al artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, uno de los principios procesales constitucionales supone que cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación. En el caso de autos se ha producido un indebido rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes, toda vez que no se presentan los supuestos habilitantes para ello previstos en el artículo 5.º del Código Procesal Constitucional.

EXP 0048-2004-PI/TC (Texto completo)

CONCEPCION DE CONCESION MINERA

La concesión minera no es un contrato sino un acto administrativo, que determina una relación jurídica pública a través de la cual el Estado otorga, por un tiempo, la explotación de los recursos naturales, condicionada al respeto de los términos de la concesión y conservando la capacidad de intervención si la justifica el interés público. La concesión minera debe entenderse como un acto jurídico de Derecho Público en virtud del cual la Administración Pública, sustentándose en el principio de legalidad, establece el régimen jurídico de derechos y obligaciones en la explotación de los recursos minerales no renovables.

1254-2004-AA/TC (Texto completo)

SUSPENSION DE PENSIONES CUANDO EXISTE ERROR

“En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario”. Siendo así, el TC considera que la alegación de poseer derechos adquiridos presupone que estos hayan sido obtenidos conforme a Ley, toda vez que el error no genera derecho; por consiguiente, cualquier otra opinión vertida con anterioridad en que se haya estimado la prevalencia de la cosa decidida, sobre el derecho legalmente adquirido, queda sustituida por estos precedentes.

1254-2004-AA/TC (Texto completo)

SUSPENSION DE PENSIONES CUANDO EXISTE ERROR

“En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario”. Siendo así, el TC considera que la alegación de poseer derechos adquiridos presupone que estos hayan sido obtenidos conforme a Ley, toda vez que el error no genera derecho; por consiguiente, cualquier otra opinión vertida con anterioridad en que se haya estimado la prevalencia de la cosa decidida, sobre el derecho legalmente adquirido, queda sustituida por estos precedentes.

01904-2011-PA/TC (Texto completo)

SUSPENSION DE PENSIONES CUANDO EXISTEN IRREGULARIDADES

La suspensión de la pensión de jubilación obedece cuando existen irregularidades en la documentación que se sustenta este derecho. En atención a ello, la Administración no ha cometido un acto arbitrario mediante el cual vulnere el derecho a la seguridad social del demandante; por el contrario, ha ejercido de manera legítima su facultad de fiscalización, configurándose una medida razonable mediante la cual la Administración garantiza que el otorgamiento de dichas prestaciones se encuentre de acuerdo a ley.

01904-2011-PA/TC (Texto completo)

SUSPENSION DE PENSIONES CUANDO EXISTEN IRREGULARIDADES

La suspensión de la pensión de jubilación obedece cuando existen irregularidades en la documentación que se sustenta este derecho. En atención a ello, la Administración no ha cometido un acto arbitrario mediante el cual vulnere el derecho a la seguridad social del demandante; por el contrario, ha ejercido de manera legítima su facultad de fiscalización, configurándose una medida razonable mediante la cual la Administración garantiza que el otorgamiento de dichas prestaciones se encuentre de acuerdo a ley.

0031-2009-PI/TC (Texto completo)

CRITERIOS RAZONABLES PARA DETERMINAR COSTOS DE ARBITRIOS

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que para la distribución entre los contribuyentes del costo de los arbitrios, deben aplicarse criterios de razonabilidad, lo que “evita que la decisión de distribuir el costo del servicio sea discrecional por falta de reglas claras, y estará sujeto a parámetros objetivos que sustentan dicha decisión; en el caso de distribución de costos por servicios municipales, esta objetividad se verifica cuando exista una conexión lógica entre la naturaleza del servicio y el grado de intensidad en su uso, de modo tal que, gracias al criterio empleado, se obtengan con mayor fidelidad el monto que corresponde pagar en cada caso. En el caso de los criterios razonables tratándose del arbitrio de Seguridad Ciudadana (Serenazgo), este Tribunal ha señalado que “(c)omo servicio esencial, la seguridad es un necesidad que aqueja por igual a todo ciudadano, por lo que el tamaño del predio resulta un criterio no relacionado directamente con la prestación de este servicio; sin embargo, es razonable admitir que el uso de este servicio se intensifica en zonas de mayor peligrosidad, para cuya medición es importante el criterio de ubicación del predio; asimismo, puede admitirse el criterio uso del predio, ya que, por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor intensidad en lugares de uso comercial y discotecas”.

N.° 0041-2004-AI/TC (Texto completo)

CRITERIOS RAZONABLES PARA DETERMINAR COSTOS DE ARBITRIOS

Un criterio será válido y por tanto aplicable, si se tiene en cuenta su conexión lógica con la naturaleza del servicio. En el caso de limpieza pública: Generalmente involucra el pago por servicios de recolección y transporte de residuos, barrido y lavado de calles avenidas, relleno sanitario, etc. Dependerá de la mayor intensidad del servicio en cada contribuyente, a fin de generar una mayor obligación de pago en estos casos. Sin embargo, sí creemos que podría ser utilizado de mediar una relación proporcional entre el tamaño del predio y el uso del mismo. Por ejemplo, en estos casos, siendo dos predios de la misma actividad comercial pero de distinto tamaño, será objetivo presuponer que el predio de mayor tamaño genera más desperdicios. De otro lado, consideramos que el criterio tamaño del predio sí determina que se reciba un mayor servicio por barrido y lavado de calles. En el caso de parques y jardines: El servicio brindado suele orientarse a la implantación, recuperación, mantenimiento y mejoramiento de parques y jardines de uso público. Si bien los beneficios ambientales y preservación de áreas verdes benefician a todos por igual, quienes viven con mayor cercanía a parques y jardines, indudablemente reciben un beneficio mayor; de ahí que la ubicación del predio, resulta, en este caso, el criterio de distribución principal, pues el uso y tamaño del predio resultan tangenciales para medir, por sí mismos, el beneficio en este caso, En el caso de arbitrios de serenazgo: El servicio de serenazgo cumple el objetivo de brindar seguridad ciudadana, por lo general, mediante servicios de vigilancia pública y atención de emergencias. Como servicio esencial, la seguridad es un necesidad que aqueja por igual a todo ciudadano, por lo que el tamaño del predio resulta un criterio no relacionado directamente con la prestación de este servicio; sin embargo, es razonable admitir que el uso de este servicio se intensifica en zonas de mayor peligrosidad, para cuya medición es importante el criterio de ubicación del predio; asimismo, puede admitirse el criterio uso del predio, ya que, por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor intensidad en lugares de uso comercial y discotecas.

0206-2005-PA/TC (Texto completo)

PRETENSIONES LABORALES SUSCEPTIBLES DE PROTECCION CONSTITUCIONAL

Precedente vinculante: Criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral, previstos en los fundamentos 7 a 25, supra. Toda demanda de amparo que sea presentada o que se encuentre en trámite y que no cumpla con tales condiciones, debe ser declarada improcedente. Igualmente se declara que las reglas procesales de aplicación a las demandas de amparo en materia laboral pública que a la fecha de publicación de esta sentencia se encuentren en trámite, serán las previstas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 del caso Manuel Anicama Hernández (Exp. N.° 1417-2005-AA/TC), de modo que serán vinculantes tanto para los jueces que conocen los procesos de amparo, como para los jueces que resulten competentes para conocer las demandas contencioso administrativas a que se refiere la Ley N.° 27584.

01568-2011-PA/TC (Texto completo)

TRABAJADORES DE CONFIANZA

Son trabajadores de confianza aquellos que laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales. Para la calificación de los puestos de confianza el empleador deberá, entre otros requisitos, consignar en el libro de planillas y en las boletas de pago la calificación correspondiente. Asimismo, se establece que la calificación de los puestos de confianza “es una formalidad que debe observar el empleador”; sin embargo, “su inobservancia no enerva dicha condición si de la prueba actuada ésta se acredita”, debido a que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la denominación que se le dé al puesto.

02654 2011-PA/TC (Texto completo)

PRETENSIONES LABORALES SUSCEPTIBLES DE PROTECCION CONSTITUCIONAL

Este Colegiado ha precisado con carácter vinculante las pretensiones laborales susceptibles de protección a través del proceso de amparo. Por ejemplo es procedente la vía del amparo cuando se despide al trabajador sin imputación de causa. Asimismo todo acto lesivo, no justificado e irrazonable, que afecte a los trabajadores sindicalizados y a sus dirigentes, y que haga impracticable el funcionamiento del sindicato, el mismo que deberá ser reparado.

01757-2011-PHC/TC (Texto completo)

REQUISITOS DE LA FLAGRANCIA EN LA COMISION DE UN DELITO

La flagrancia en la comisión de un delito, presenta dos requisitos insustituibles: a) La inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; b) La inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el evento delictivo. En el caso de autos, el favorecido fue detenido en flagrancia, toda vez que existe la inmediatez de los hechos y la detención. El Tribunal Constitucional estima que la detención del favorecido se produjo en una situación de flagrancia en razón de que la agraviada (del robo) realizó la sindicación inmediatamente después de ocurrido el hecho, y que los policías vieron el estado en que ésta se encontraba y el ingreso violento de un sujeto a un inmueble empujando a la dueña, ante lo cual decidieron intervenir al sujeto, que trató de huir por los techos.

00607-2009-PA/TC (Texto completo)

ACTUACION INMEDIATA DE SENTENCIAS CONSTITUCIONALES EN EL DERECHO A LA EDUCACION UNIVERSITARIA

Dentro del contexto del proceso civil, suele entenderse por “actuación inmediata de la sentencia estimatoria” (o “ejecución provisional”) aquella institución procesal a través de la cual se atribuye eficacia a una resolución definitiva sobre el fondo, pero carente de firmeza, cuyos efectos quedan así subordinados a lo que resulte del recurso interpuesto o por interponer. La diferencia básica entre una resolución definitiva y otra firme radica en que respecto de ésta (resolución firme) no cabe, ya, esperar decisión judicial alguna. En cambio, una resolución definitiva está siempre sujeta a una posterior revisión pues existe la posibilidad de interponer contra ella un medio impugnatorio; recurso al cual, por lo demás, el ordenamiento procesal suele atribuir un “efecto suspensivo” de la adquisición de firmeza, ello en el entendido de que la sentencia definitiva es todavía un “trabajo incompleto” que no puede (o que no debe) ejecutarse. Este es, en buena cuenta, el sentido que cabe atribuir al clásico brocardo pendente appellatione nihil erit innovandum. La actuación inmediata se erige como excepción legal a la regla de la suspensión, en la medida en que ella denota la plena exigibilidad de los efectos de una resolución que aún no adquiere firmeza. Sea como fuere, es obvio que una resolución definitiva no se convierte en firme como consecuencia de su ejecución provisional. Antes bien, los efectos de esa ejecución quedan siempre condicionados a lo que resulte del recurso efectivamente interpuesto o por interponer. De modo que, si la resolución de segundo grado confirma la resolución recurrida, esos efectos permanecerán; pero si la revoca, deberá restituirse todo lo percibido y revocarse cualquier efecto que se haya producido. Por otro lado, se evidencia que el derecho a la educación adquiere en el caso de la educación superior o universitaria una especial importancia, dadas las particulares características de la formación brindada en este nivel de estudios, que responden a la promoción y satisfacción de determinados bienes valiosos para el individuo y la comunidad. En dicho contexto, el Estado debe velar porque el desarrollo de las actividades indicadas se genere y desenvuelva satisfactoriamente, de modo tal que los estudiantes alcancen una formación profesional adecuada. El TC ha reconocido la existencia de determinadas garantías, en el ejercicio de este derecho así como determinadas obligaciones de quienes brindan este servicio.

04878-2008-PA/TC (Texto completo)

ACTUACION INMEDIATA DE SENTENCIAS CONSTITUCIONALES

Se entiende por cese del acto lesivo aquella situación por medio de la cual la acción u omisión que origina una amenaza o violación de un derecho fundamental deja de producirse por parte de quien la estaba llevando a cabo. De otro lado, se entiende por irreparabilidad aquella situación fáctica en la cual no se puede reponer las cosas al estado anterior a la amenaza o violación de un derecho fundamental. Si luego de presentada la demanda cesa o deviene en irreparable el acto lesivo, los órganos jurisdiccionales se encuentran facultados para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, a fin de que tales actos no vuelvan a reiterarse en el futuro. En consecuencia, la decisión de un juez de declarar fundada una demanda respecto a un acto lesivo que ha cesado o devenido en irreparable contiene un mandato para que el mismo acto no se repita en el futuro, siendo el objetivo de la sentencia prevenir la realización de un acto lesivo homogéneo. Si dicho acto ocurriese nuevamente, corresponde aplicar el procedimiento de represión previsto en el artículo 60º del Código Procesal Constitucional. La primera sentencia servirá de parámetro para evaluar si el acto que se produce con posterioridad es homogéneo.

00813-2011-PA/TC (Texto completo)

ACTUACION INMEDIATA DE SENTENCIAS CONSTITUCIONALES

Se debe rechazar el argumento utilizado para denegar la solicitud presentada por el recurrente, consistente en afirmar que la figura de la actuación inmediata se encuentra reservada sólo para sentencias que hayan quedado firmes. Ésta es sin lugar a dudas una afirmación que contradice la interpretación realizada por este Tribunal en la STC N.º 0607-2009-PA/TC, la cual admite expresamente la procedencia de dicha figura procesal respecto de sentencias estimatorias de primer grado que hayan sido apeladas o estén en posibilidad de serlo, es decir, que aun cuando la sentencia haya sido apelada y se haya concedido el recurso de apelación el juez de primer grado no pierde la competencia para ordenar la ejecución de la sentencia estimativa que emitió. En tal sentido resulta pertinente recordar que de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del CPConst., todos los jueces del Poder Judicial tienen el deber de interpretar y aplicar las leyes o toda norma con rango de ley según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

5994-2005-PHC/TC (Texto completo)

ACTUACION INMEDIATA DE SENTENCIAS CONSTITUCIONALES

Pese a que la sentencia tuvo un resultado estimatorio parcial y, por tanto, obligaba a su actuación inmediata conforme al régimen procesal establecido en el artículo 22° del Código Procesal Constitucional, el Juez constitucional permitió que la entidad demandada persistiera en su actitud de no retirar las mallas metálicas so pretexto de su derecho a ejercer los medios impugnatorios pertinentes y acceder a la instancia superior. Sobre el particular, este Colegiado considera necesario enfatizar que a diferencia del modelo procesal de la derogada Ley N° 23506 y normas conexas, el Código Procesal Constitucional, vigente desde el 1 de diciembre de 2004, ha incorporado para los procesos de tutela de derechos el régimen de actuación inmediata de sentencias, conforme al cual el juzgador se encuentra habilitado para ejecutar los mandatos contenidos en su sentencia estimatoria, independientemente de la existencia de mecanismos de acceso a la instancia superior. Bajo dicho marco referencial, no es aceptable, entonces, que bajo el pretexto del acceso a una instancia distinta por el lado de la contraparte, el juez constitucional renuncie a dar cumplimiento efectivo a su sentencia. Si ésta es estimatoria tal condición es suficiente para franquear su actuación inmediata, no teniendo por qué esperar la culminación del proceso para recién decidir, como, equivocadamente lo ha considerado el referido juzgador de primera instancia, quien evidentemente ha omitido cumplir sus deberes, dejándose impresionar por el dicho de la corporación municipal demandada. En tales circunstancias, este Colegiado se ve en la necesidad de llamar la atención del citado juzgador constitucional, recordándole no sólo las disposiciones pertinentes de la norma adjetiva (que evidentemente está obligado a conocer), sino sus deberes de vinculación especial para con la Norma Fundamental y el cuadro de valores materiales que ésta reconoce.

01409-2011-PHC/TC (Texto completo)

SOBRESEIMIENTO DEL PROCESO PENAL CUANDO NO EXISTE ACUSACION FISCAL

“La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características: a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente (…). La primera de las características del principio acusatorio mencionadas guarda directa relación con la atribución del Ministerio Público, reconocida en el artículo 159º de la Constitución, entre otras, de ejercitar la acción penal. Siendo exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar, a falta de ésta, el proceso debe llegar a su fin. De modo análogo, aunque no se trata de un supuesto de decisión de no haber mérito para acusar sino de no haber mérito a denunciar, puede citarse lo señalado en la sentencia recaída en el expediente de inconstitucionalidad 0023-2003-AI/TC, en la que este Tribunal declaró inconstitucional la disposición del entonces vigente Código de Justicia Militar, que admitía la posibilidad de que si los fiscales no ejercen la acción penal, el Juez instructor podría abrir proceso”. Por ello conforme ya lo ha señalado el TC, en caso de que el fiscal decida no acusar y dicha resolución sea ratificada por el fiscal supremo (en el caso del proceso ordinario) o por el fiscal superior (para el caso del proceso sumario), al haber el titular de la acción penal desistido de formular acusación, el proceso penal debe llegar a su fin.

04067-2010-PA/TC (Texto completo)

PLAZO PARA INTERPOSICION DEL PROCESO DE AMPARO

El plazo para interponer el proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido”. En el caso de autos, ésta se ha interpuesto fuera del plazo contemplado en Código Procesal Constitucional. En consecuencia al haber transcurrido en exceso el plazo prescriptorio establecido por ley, la demanda incoada resulta improcedente. Es más, el artículo 44º del Código Procesal Constitucional, ha señalado también que “cuando el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan real posibilidad de revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contabilizarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme a la que se considera lesiva y concluirá inevitablemente treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido, sin que igualmente se acepte articulaciones inoficiosas contra este último pronunciamiento jurisdiccional” Por ello, resulta un despropósito iniciar el cómputo del plazo de prescripción del amparo contra resolución judicial a partir del momento en que se desestima la nulidad interpuesta por la recurrente contra la resolución que ordena el “cúmplase con lo ejecutoriado”, pues ésta constituía una articulación inoficiosa incapaz de producir efectos jurídicos procesales.

02192-2011-PA/TC (Texto completo)

EXIGENCIAS PARA LA PROCEDENCIA DE LOS PROCESOS DE AMPARO

La procedencia del amparo para casos de amenaza de vulneración de derechos constitucionales está supeditada a que tal amenaza sea cierta e inminente. Es así que se afirmó que para ser objeto de protección frente a una amenaza a través de los procesos constitucionales, ésta “debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva. En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada en hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente realización, esto es, que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. A su vez el perjuicio que se ocasione en el futuro debe ser real, pues tiene que estar basado en hechos verdaderos, efectivo, lo cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de los derechos tutelados; tangible, esto es, que debe percibirse de manera precisa; e ineludible, entendiendo que implicará irremediablemente una vulneración concreta.

0091-2004-AA/TC (Texto completo)

VALORACION DE MEDIOS PROBATORIOS EN PROCESOS CONSTITUCIONALES

Si bien es cierto el proceso de amparo carece de estación probatoria, dicho precepto no implica, de modo alguno, que el TC no pueda valorar y merituar debidamente las pruebas aportadas por las partes y más más aún si se trata de una pretensión como la planteada en autos, en la que se denuncia una inminente y grave amenaza de derechos constitucionales, como la colocación de una estación base de telecomunicaciones instalada en el inmueble de propiedad del recurrente. Es más, el TC sostiene que la inexistencia de una estación de pruebas se debe a que en estos procesos no se dilucida la titularidad de un derecho, sino sólo se restablece su ejercicio, y que el juez no tiene tanto que actuar pruebas, sino juzgar, en esencia, sobre su legitimidad o ilegitimidad constitucional, agregando que si bien es correcto afirmar que en el amparo no existe estación probatoria, con ello, en realidad, no se está haciendo otra cosa que invocar el artículo 13.° de la Ley N.° 25398 (hoy, artículo 9° del Código Procesal Constitucional). No es ese, desde luego, el problema, sino determinar si la inexistencia de la susodicha estación probatoria impide que el juez constitucional expida una sentencia sobre el fondo del asunto. Por tanto, este Tribunal reitera que no sólo puede, sino que debe evaluar el fondo de la controversia de autos.

02393-2011-PA/TC (Texto completo)

FACULTAD DE FISCALIZACION DE LA ONP

El artículo 3.14 de la Ley 28532 ha establecido como obligación de la ONP la facultad de efectuar acciones de fiscalización necesaria con relación a los derechos pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su otorgamiento conforme a ley. A su vez, el artículo 32.1 de la Ley 27444 establece que por la fiscalización posterior, la entidad ante la que se realiza un procedimiento de aprobación automática o evaluación previa queda obligada a verificar de oficio, mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de las declaraciones, los documentos, las informaciones y las traducciones proporcionadas por el administrado. Por lo tanto ONP está obligada a investigar debidamente, en caso de que encuentre indicios razonables de acceso ilegal a la prestación pensionaria, a fin de determinar o comprobar si efectivamente existió fraude para acceder a ésta, e iniciar las acciones legales correspondientes. Es así que se advierte que la suspensión de la pensión de la recurrente se justifica en la existencia de indicios razonables de adulteración de la documentación que sustenta su derecho. Ello configura una medida razonable mediante la cual la Administración garantiza que las prestaciones se otorguen de acuerdo a ley. Por lo tanto, en el presente caso, se concluye que la Administración no ha cometido un acto arbitrario mediante el cual vulnere el derecho a la seguridad social de la demandante. por el contrario ha ejercido de manera legítima su facultad de fiscalización.

00142-2011-PA/TC (Texto completo)

AMPARO ARBITRAL

Precedentes vinculantes establecidos en los fundamentos 20, 21 y 26 sobre supuestos de procedencia e improcedencia del amparo arbitral así como las reglas a seguirse sobre el control difuso de la jurisdicción arbitral.

04197-2010-PA/TC (Texto completo)

REPRESION DE ACTOS LESIVOS HOMOGENEOS EN PROHIBICION DE AUTOPARTES USADAS

La represión de actos lesivos homogéneos es un mecanismo de protección judicial de derechos fundamentales frente a actos que presentan características similares a aquellos que han sido considerados en una sentencia previa como contrarios a tales derechos. En este sentido, lo resuelto en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales no agota sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia respectiva, sino que se extiende hacia el futuro, en la perspectiva de garantizar que no se vuelva a cometer una afectación similar del mismo derecho. En el caso de autos, resulta inconducente pretender declarar la homogeneidad del Decreto Supremo N.º 003-2008-MTC, pues ha sido derogado por el artículo 3º del Decreto Supremo N.º 053-2010-MTC, no pudiéndose examinar este último dado que introduce otros elementos no considerados en la legislación anterior y no ponderados por el Tribunal Constitucional al emitir la sentencia recaída en el Expediente N.º 04656-2007-PAA/TC, así como establece determinados requisitos técnicos conforme a los cuales debe realizarse la importación

010-2002-AI/TC (Texto completo)

DERECHO A LA PRUEBA

El TC señala que el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3), de la Constitución Política del Perú. El derecho a “interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, como se enuncia en el literal “f”, numeral 2), del artículo 8.° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe ser interpretado conforme a la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución. Como todo derecho constitucional, el de la prueba también se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión. En términos generales, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como son que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del derecho.

6712-2005-HC/TC (Texto completo)

EXIGENCIAS PARA LA PRESENTACION DE MEDIOS PROBATORIOS

Para que los medios probatorios sean admitidos deben ser presentados en su oportunidad. Ante ello, este Tribunal considera necesario efectuar un análisis de la presunta vulneración del derecho a la prueba respecto de los presupuestos necesarios para que el medio probatorio ofrecido sea admitido. El derecho a que se admitan los medios probatorios, como elemento del derecho de prueba, no implica la obligación del órgano jurisdiccional de admitir todos los medios probatorios que hubieran sido ofrecidos. En tal sentido, es imperioso que se realice un análisis de cuál es el rol que cumple el medio probatorio, ya que así se podrá determinar, entre otras cosas, si el momento en que fue postulado era el que correspondía según las normas procesales sobre la materia. Así, entre otros, el medio probatorio debe contar con: • Pertinencia: Exige que el medio probatorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho que es objeto de proceso. Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados directamente con el objeto del proceso. • Conducencia o idoneidad: El legislador puede establecer la necesidad de que determinados hechos deban ser probados a través de determinados medios probatorios. Será inconducente o no idóneo aquel medio probatorio que se encuentre prohibido en determinada vía procedimental o prohibido para verificar un determinado hecho. • Utilidad: Se presenta cuando contribuya a conocer lo que es objeto de prueba, a descubrir la verdad, a alcanzar probabilidad o certeza. Sólo pueden ser admitidos aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador, mas ello no podrá hacerse cuando se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a una presunción de derecho absoluta; cuando se ofrecen medios probatorios para acreditar hechos no controvertidos, imposibles, notorios, o de pública evidencia; cuando se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsito a cosa juzgada; cuando el medio probatorio ofrecido no es el adecuado para verificar con él los hechos que pretenden ser probados por la parte; y, cuando se ofrecen medios probatorios superfluos, bien porque se han propuesto dos medios probatorios iguales con el mismo fin (dos pericias con la finalidad de acreditar un mismo hecho) o bien porque el medio de prueba ya se había actuado antes. • Licitud: No pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida. • Preclusión o eventualidad: En todo proceso existe una oportunidad para solicitar la admisión de medios probatorios, pasado dicho plazo, no tendrá lugar la solicitud probatoria. A partir básicamente de esta última exigencia, corresponde analizar qué sucede en el caso nacional con relación a los plazos en las solicitudes probatorias.

03561-2009-PA/TC (Texto completo)

ARBITRAJE COMO MECANISMO ADMISIBLE PARA DETERMINAR NIVEL DE NEGOCIACION

El Estado no puede ni debe imponer, coercitivamente, un sistema de negociaciones colectivas a una organización determinada, intervención estatal que claramente atentaría no sólo contra el principio de la negociación libre y voluntaria, sino también contra los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. No obstante, ello no impide que el Estado pueda prever legislativamente mecanismos de auxilio a la negociación, tales como la conciliación, la mediación o el arbitraje, ni órganos de control que tengan por finalidad facilitar las negociaciones. Es así que a falta de acuerdo para decidir el nivel de negociación, éste deberá ser determinado mediante el arbitraje, sin que exista previa declaración de huelga.

03561-2009-PA/TC (Texto completo)

ARBITRAJE COMO MECANISMO ADMISIBLE PARA DETERMINAR NIVEL DE NEGOCIACION

El Estado no puede ni debe imponer, coercitivamente, un sistema de negociaciones colectivas a una organización determinada, intervención estatal que claramente atentaría no sólo contra el principio de la negociación libre y voluntaria, sino también contra los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. No obstante, ello no impide que el Estado pueda prever legislativamente mecanismos de auxilio a la negociación, tales como la conciliación, la mediación o el arbitraje, ni órganos de control que tengan por finalidad facilitar las negociaciones. Es así que a falta de acuerdo para decidir el nivel de negociación, éste deberá ser determinado mediante el arbitraje, sin que exista previa declaración de huelga.

00014-2010-PI/TC (Texto completo)

EJERCICIO DE LA DOCENCIA CON OTRO TITULO PROFESIONAL

La Ley General de Educación, en su artículo 1º dice: “rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras”, contempla la posibilidad de que profesionales con título distinto al de Educación ejerzan la docencia, siempre que lo hagan en áreas afines a su especialidad. Su artículo 58, en efecto, establece que: “En la Educación Básica, es requisito indispensable el título pedagógico para el ejercicio de la docencia. Profesionales con títulos distintos de los profesionales en educación, ejercen la docencia si se desempeñan en áreas afines a su especialidad. Su incorporación en el escalafón magisterial está condicionada a la obtención del título pedagógico o postgrado en educación” . En atención a ello, el Tribunal es de la opinión que en los términos en que se ha cuestionado el artículo 1º de la Ley N.º 29510, éste no es inconstitucional al permitir que profesionales con título distinto al de Educación, sin la consecuente colegiación en el CPPE y, por tanto, no perteneciendo a la carrera pública magisterial, ejerzan la docencia en áreas afines a su especialidad, pues no hace más que reafirmar una posibilidad de desempeño docente ya prevista en la Ley General de Educación (artículo 58º), que este Tribunal considera constitucional.

03242-2011-PHC/TC (Texto completo)

CITACIONES JUDICIALES NO CONFIGURAN AMENAZA A LA LIBERTAD INDIVIDUAL

Dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el hábeas corpus, el TC puede pronunciarse sobre la eventual vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva, debido proceso y a la defensa; ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre estos derechos y el derecho fundamental a la libertad individual. En ese sentido el TC ha señalado sobre las citaciones para la lectura de sentencia que no se produce la amenaza o vulneración del derecho a la libertad personal cuando se procede a la citación para la lectura de sentencia y que la citación de las partes a la audiencia de lectura no significa por sí mismo un adelanto de opinión o una amenaza cierta e inminente de la libertad personal, pues el procesado está en la obligación de acudir al local del juzgado cuantas veces sea requerido, para los fines que deriven, desde luego, del propio proceso.

03045-2010-PHC/TC (Texto completo)

DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA

El TC ha señalado que el reconocimiento constitucional del derecho fundamental de las personas a profesar una determinada religión, da lugar también al derecho a practicar los actos de culto y a recibir la asistencia religiosa correspondiente sin que se atente contra el orden público o contra la moral pública. Y es que la libertad religiosa no sólo se expresa en el derecho a creer, sino también en el derecho a practicarla. Así, una vez formada la convicción religiosa, la fe trasciende el fuero interno del creyente y se exterioriza ya sea en la concurrencia a lugares de culto, en la práctica de los ritos de veneración, e incluso en la adopción de determinadas reglas de trato social (saludo, vestimenta, entre otros). No obstante ello, el derecho a la libertad religiosa, al igual que los demás derechos fundamentales, no es un derecho absoluto, sino que es susceptible de ser limitado en su ejercicio, sin que ello suponga que las eventuales restricciones queden libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad. En todo caso, la legitimidad de tales restricciones radica en que deben ser dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y proporcionalidad. Por cierto, las restricciones también alcanzan a las personas que se encuentran en un régimen especial de sujeción, como por ejemplo, establecimientos penitenciarios, hospitales, asilos.

03451-2011-PA/TC (Texto completo)

VIAS PARA IMPUGNAR UN ACUERDO SOCIETARIO

Tratándose de la impugnación de un acuerdo societario, existen normas específicas que prevén la forma en que éste puede ser cuestionado, existiendo vías igualmente satisfactorias como la de impugnación de acuerdos societarios, constituyéndose dicho proceso en una vía procedimental específica para la remoción del presunto acto lesivo de los derechos constitucionales invocados en la demanda y, a la vez, igualmente satisfactoria, respecto del mecanismo extraordinario del amparo.

03321-2011-PA/TC (Texto completo)

FACULTAD DEL RECHAZO LIMINAR DE UNA DEMANDA

El uso de la facultad de rechazar in limine la demanda, constituye una alternativa a la que sólo cabe acudir cuando no exista ningún margen de duda respecto de la carencia de elementos que generen verosimilitud respecto de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental, lo que supone, por el contrario, que cuando existan elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del dispositivo que establece tal rechazo liminar resulta impertinente.

3390-2005-PHC/TC (Texto completo)

DESCONOCIMIENTO DE IMPUTACION DE CARGOS RESTRINGE DERECHOS

El juez penal cuando instaura instrucción por el delito por falsificación de documentos en general, omitiendo pronunciarse en cuál de las modalidades delictivas presumiblemente habría incurrido la imputada, y al no precisar si la presunta falsificación de documentos que se imputa a la favorecida está referida a instrumentos públicos o privados, lesiona su derecho a la defensa, toda vez que, al no estar informada con certeza de los cargos imputados, se le restringe la posibilidad de declarar y defenderse sobre hechos concretos, o sobre una modalidad delictiva determinada y, con ello, la posibilidad de aportar pruebas concretas que acrediten la inocencia que aduce. Esta omisión ha generado un estado de indefensión que incidirá en la pena a imponerse y en la condición jurídica de la procesada, lo cual demuestra que el proceso se ha tornado en irregular por haberse transgredido los derechos fundamentales que integran el debido proceso, esto es, el derecho de defensa; ello, a su vez, ha determinado la afectación de la tutela jurisdiccional, ambos garantizados por la Norma Constitucional.

04176-2010-PA/TC (Texto completo)

DESPIDO FRAUDULENTO

El despido fraudulento se produce cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente.

01931-2011-PA/TC (Texto completo)

EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN EL DESPIDO

En el procedimiento de despido debe observarse el principio de inmediatez, de lo contrario el despido deviene en arbitrario, pues dicho principio constituye un requisito esencial que condiciona el despido del trabajador y que limita la facultad sancionadora del empleador, tanto en la etapa de conocimiento de la falta como en la etapa decisoria. Así, en el presente caso, respecto a la oportunidad en que se imputa la pretendida falta, esto es, casi 5 meses después de ocurridos los hechos, resulta lo mismo que lo señalado en el considerando precedente, pues el Jefe de Recursos Humanos del CAL que tenía pleno conocimiento de los hechos ya que fue él quien emitió la carta del 18 de marzo de 2008 y consintió el retiro de la totalidad de la CTS, lo que dice que tenía en consideración que en aquel momento representaba al empleador y que por tanto se olvidó de la falta grave y se limitó en su facultad sancionadora, pues concretamente se decidió a mantener la relación laboral.

00009-2010-PI/TC (Texto completo)

COMPETENCIA DE REGIONES EN TEMAS MINEROS

En materia de minería, el ejercicio de las competencias a cargo de los gobiernos regionales debe realizarse conforme a las políticas nacionales elaboradas por el gobierno nacional. Según la Constitución y el bloque de constitucionalidad, el órgano a quien corresponde la evaluación para la autorización de áreas de admisión de denuncios, es el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección de Promoción Minera. Sin embargo, omitiéndose dicha instancia de evaluación, y desconociéndose que se trata de una competencia compartida, cuyo ejercicio debe realizarse conforme a ley y en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales, el Gobierno Regional del Cusco expidió la Ordenanza Regional declarando como área de no admisión de denuncios a toda su jurisdicción territorial, lo cual constituye una violación indirecta del inciso 7) del artículo 192º de la Constitución.

EXP. N.° 02055-2010-PA/TC (Texto completo)

DESNATURALIZACION DE LOS CONTRATOS POR INCREMENTO DE ACTIVIDADES

Es necesario precisar que para celebrar este tipo de contratos, no es suficiente que en el mismo se consigne la modalidad contractual, sino que se especifique de manera concreta el nuevo requerimiento contractual por incremento de actividad, es decir que se establezca la causa objetiva que justifique la contratación temporal, necesidades distintas para las que fue contratado inicialmente.

3179-2004-AA/TC (Texto completo)

AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES

La intensidad del control constitucional de las resoluciones judiciales a través del proceso de amparo depende de la interpretación que se haga de la configuración constitucional del mencionado proceso. Así, desde una interpretación estricta del amparo, los jueces constitucionales examinan la constitucionalidad de la resolución judicial en base al expediente judicial ordinario, otorgando mérito constitucional suficiente a los actuados judiciales. En esta perspectiva, el juez constitucional asume lo resuelto por el juez ordinario iure et de iure. Luego de ello y con estos actuados indiscutibles se pasa a realizar un examen de la motivación y relevancia constitucional de la resolución judicial en función del derecho fundamental invocado. De otro lado, se parte de una interpretación flexible del amparo cuando el Juez constitucional adquiere plena jurisdicción sobre el fondo y la forma del proceso ordinario, realizando un examen constitucional de la motivación del fallo y de la relevancia de lo actuado judicialmente. Desde esta posición, el Juez constitucional asume competencia para examinar el juicio ordinario bajo un canon constitucional propio del supremo intérprete de la Constitución. Lo que significa la posibilidad de revisar todo el proceso que va desde el examen del acto lesivo, la validez o no de una norma legal, hasta el valor probatorio de las pruebas; es decir, revisando y reformando constitucionalmente la actuación judicial concreta que sea necesaria para determinar la constitucionalidad de la resolución judicial cuestionada.

6167-2005-PHC/TC (Texto completo)

JURISDICCION ARBITRAL

“El ejercicio de la jurisdicción arbitral implica cuatro requisitos: a) Conflicto entre las partes. b) Interés social en la composición del conflicto, c) Intervención del Estado mediante el órgano judicial, como tercero imparcial y d) Aplicación de la ley o integración del derecho. Estos requisitos definen la naturaleza de la jurisdicción arbitral, suponiendo un ejercicio de la potestad de administrar justicia, y en tal medida, resulta de aplicación en sede arbitral el artículo VI in fine del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional por el cual los jueces (y por extensión, también los árbitros) quedan vinculados a los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional; sin perjuicio del precedente vinculante con efectos normativos del artículo VII del título preliminar del Código Procesal Constitucional. La jurisdicción arbitral y las características que la definen, hacen concluir que no se trata del ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público constitucional ..” FUNDAMENTOS JURIDICOS VINCULANTES Nos. 8, 11, 12, 13, 14, 17 y 18, para todos los operadores jurídicos.

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